El Canal encarga al Santander que diseñe la venta de sus polémicas filiales americanas

La empresa pública madrileña Canal de Isabel II ha contratado al Banco Santander para que diseñe en 16 meses una estrategia para vender sus activos en Latinoamérica, es decir, sus polémicas empresas filiales envueltas en el escándalo de corrupción conocido como caso Lezo y en el que está implicado el expresiente de la regional Ignacio González. El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno madrileño, Pedro Rollán, explicó ayer que el contrato con el Santander se formalizó a primeros del pasado mes de agosto.

La contratación del banco se ha producido después de una licitación pública, a la que concurrieron varias ofertas y en la se eligió “el mejor proyecto, el más garantista y el que generaba una mayor confianza”, explicó ayer Rollán durante una visita al laboratorio central de calidad de las aguas del Canal de Isabel II (empresa pública controlada mayoritariamente por el Gobierno regional).

La encomienda consiste en establecer, transcurridos los 16 meses de plazo, la hoja de ruta, las secuencias, los momentos y las conclusiones para que se pueda llevar a cabo la venta de los activos de las compañías que tiene el Canal de Isabel II fuera del territorio español, esto es una veintena de empresas repartidas por Colombia, Ecuador, República Dominicana y Brasil, que cuelgan de las dos principales matrices,Extensia e Inassa. “Conforme vayan realizando los diferentes documentos se podrán ir estudiando y efectuar una hoja de ruta acertada no solamente para recuperar la inversión, sino para defender los intereses de los madrileños”, apuntó Rollán.

El también presidente del Canal de Isabel II señaló que sería precipitado por su parte efectuar una valoración de las compañías, algo que depende “no sólo de su reputación, sino también de su cartera de clientes, del horizonte de los servicios y de los contratos”, que es lo que analizará el Banco Santander.

Rollán recordó asimismo que hay una serie de cuestiones que hoy se encuentran en instrucciones judiciales, en referencia a las presuntas irregularidades en operaciones realizadas por el Canal de Isabel II que se investigan en el contexto del caso Lezo. “La Comunidad de Madrid fue la primera en denunciar estos hechos que eran supuestamente delictivos”, aseguró, antes de insistir en la “total y absoluta colaboración con la justicia” por parte de su Gobierno, así como en el "total y absoluto compromiso con la defensa de los intereses generales de todos los madrileños, que son los propietarios de esta compañía [el Canal de Isabel II]”.

La oposición del PSOE, Podemos y Ciudadanos, sin embargo, siempre ha acusado al Gobierno del PP de Cristina Cifuentes, primero, y de Ángel Garrido, después, de jugar al despiste en este caso y actuar solamente obligado por la creciente presión que suponía el avance de las investigaciones, tanto en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, como de la policía.