Un exdirectivo del Canal dice que las compras en Latinoamérica no pasaban por el consejo de administración

Serra Peris ha respondido a las preguntas de los diputados parlamentarios, a pesar de que se podría haber acogido a su derecho a no declarar. Así lo hizo, el compareciente anterior, Fernando Cevallos Aguaron, exmiembro del consejo de Administración de Canal Extensia, por estar imputado en el caso Lezo. Serra Peris ha aclarado que él está siendo investigado por el juez en la misma trama, pero en una pieza separada. El juez trata de averiguar si dos pagos que Serra Peris realizó al expresidente Ignacio González de 40.000 euros por servicios profesionales, cuando ya ninguno ocupaba cargo público, podrían constituir blanqueo de capitales.

Serra Peris también acompañó a González, en prisión por la Operación Lezo, en el famoso viaje a Colombia en 2008 que salió a la luz debido a una operación de espionaje. Ha afirmado que la estancia en Cartagena de Indias no tuvo nada que ver con la adquisición de Emissao, sobre todo por la diferencia de fechas, ya que se realizó en 2013.

El exdirectivo llegó al Canal en 2003 de la mano de González, como miembro independiente del consejo de administración. Un cargo que ocupó hasta 2015. Fue vicepresidente del ente y asumió la presidencia en funciones de mayo a septiembre de 2015. En estos 12 años, ninguna de las decisiones expansionistas del Canal en Lationamérica pasaron por ese órgano de representación, ha afirmado. Por lo tanto, no ha podido aclarar las razones que llevaron al Canal a adquirir la empresa. A los diputados les resulta difícil creer que este tipo de decisiones se tomaran sin ninguna comunicación ni aprobación por parte de Madrid.

El auto del juez Eloy Velasco de la Operación Lezo que envió a prisión a Ignacio González y a otros directivos del Canal sostiene que los investigados inflaron "ficticiamente" el valor de la empresa brasileña. El ente público madrileño la adquirió por 30 millones de dólares (21,5 millones de euros), un mes después ese importe había bajado a la mitad, y al año, a una cuarta parte, para luego entrar en pérdidas.

La oposición cifra el quebranto para las arcas madrileñas en 35 millones de euros. El auto añade que los investigados obviaron la existencia de un informe de la auditoría KPMG que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición" (debilidades financieras, fiscales y laborales).

La primera vez que Serra Peris oyó hablar de Emissao fue en el comité de auditoría de febrero de 2015, cuando se decidió que se redujera su valor contable, ha asegurado. La bajada se debió a ajustes por la pérdida de valor de la moneda brasileña y por el dudoso cobro de varias deudas.

A la misma comparecencia han acudido dos socios de KPMG, Borja Guinea López y Miguel Ángel Faura Borruey. Los diputados habían pedido su asistencia para aclarar varios puntos de informes encargados por el Canal de Isabel II sobre Emissao a la empresa de auditoría. En la actualidad, la firma se encarga de realizar las auditorías anuales del Canal.

Guínea López ha indicado que la adquisición se materializó con tres pagos: dos a un banco suizo (de 20 y de 5 millones de dólares) y otro por 4,8 millones al banco carioca Brandesco. Preguntado por su opinión acerca de la adquisición, ha explicado que el "no puede valorarla". "A nosotros se nos encargó un trabajo y las conclusiones se tuvieron en cuenta o no, no lo sé, porque yo no participé ni tomo las decisiones de la compañía", ha añadido.

Los diputados han preguntado a los socios de KPMG sobre la razón por la que no se detectó que el precio de la empresa estaba inflado. Estos han insistido en que no llevaron a cabo ninguna valoración económica, sino una serie de análisis financieros, fiscales y laborales, como aparece en el auto judicial de la Operación Lezo.