La juez rechaza que Aragón entre el lunes en el museo de Lleida para recuperar los bienes de Sijena

Las resoluciones están para ser cumplidas cuando toca. Eso es lo que defiende en su auto la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, María del Carmen Aznar, que ha desestimado la petición del Gobierno de Aragón de permitir la entrada al Museo de Lleida de sus técnicos, auxiliados por la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional (o su homóloga de la Guardia Civil), para que se incaute el próximo lunes de las 44 piezas del monasterio de Sijena allí depositadas. Estas deberían ser devueltas ese día como fecha límite, según el auto de la juez.

“Procede esperar a que transcurra el día 31 y en su caso continuará la ejecución conforme a derecho y como se ha determinado en los escritos procedentes”, escribe la juez, en el marco del enésimo ir y venir de recursos por las partes. En esa línea, el propio auto requería a la Generalitat para que identificara “en el plazo de una audiencia [un día], el lugar donde se encuentran los 44 bienes objeto de ejecución”. La Generalitat lo hizo ayer mismo, informándole que están en el Museo de Lleida.

Lo que podría parecer un absurdo, puesto que es público y conocido por la propia administración de justicia que las piezas están en el Museo de Lleida, sólo se entiende a partir de las últimas jugadas de la partida de póquer jurídico entre Aragón y Cataluña de esta semana. Así, el pasado martes, la Generalitat recordó a la juez que la Audiencia Provincial de Huesca reconoció el 13 de julio, por vez primera, que el museo leridano es “poseedor de parte de los bienes litigiosos”. O sea, que había un nuevo jugador en la partida jurídica, con derecho a aportar nueva documentación. Eso sirvió al Gobierno catalán para comunicarle a la juez que la Generalitat “no dispone de la posesión inmediata de las piezas” y que “están en poder de terceras personas, que son poseedoras de buena fe de los bienes litigiosos”.

Días hábiles

A pesar de su brevedad, el auto de la juez, con fecha del jueves, da para un nuevo motivo de especulación ya que concede un plazo de cinco días para que la Generalitat pueda recurrirlo. Al tener que ser días hábiles, que se cuentan desde la notificación y que el mes de agosto es, en la jurisdicción civil, inhábil, todo ello permitiría que el Gobierno catalán pudiera presentar su recurso los primeros días de septiembre, lo que lleva a pensar a sus servicios jurídicos que se ha salvado el plazo límite que en principio tiene el Gobierno catalán para entregar las piezas, paralizando toda acción hasta ver cómo se resuelve este nuevo recurso de reposición.

El calendario también da otro tipo de juego: el día 31 el Museo de Lleida estará cerrado por descanso semanal. Además, la aplicación de un aviso de incautación suele demandar unos plazos largos de comunicación a las partes.

Las mismas fuentes traducen la decisión de la juez de apurar los plazos como una estrategia: por un lado, para evitar la escandalosa imagen de las fuerzas de seguridad entrando en el museo; por otro, como manera de ganar tiempo a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie con relación a las alegaciones clave, en un retraso que sobrepasa ya los dos años.