PSC y CSQP presentan una alternativa a la ley catalana de protección social

Los socialistas y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) han registrado esta mañana un texto alternativo al proyecto de ley de protección social catalana, una de las llamadas estructuras de Estado que promueve el Ejecutivo catalán. Ambos grupos han presentado una enmienda a la totalidad al articulado promovido por Junts Pel Sí y la CUP para reivindicar la necesidad de tener una agencia que aglutine las prestaciones sociales pero alejada de “la épica independentista”, ha justificado la portavoz del PSC, Eva Granados.

El Tribunal Constitucional avaló la semana pasada la creación de dicha agencia, advirtiendo que se tenía que ceñir a las competencias autonómicas. El texto, presentado a finales de mayo pasado, propone la creación de un ente que gestione parte de las 169 prestaciones sociales actuales del Gobierno autónomo, pero siempre dejando la puerta abierta a más competencias que la Generalitat pueda tener en el futuro, pensando en las pensiones y en las prestaciones por desempleo. Una idea que la ley propuesta por el PSC y CSQP mantienen, ha aceptado el portavoz de la coalición Joan Coscubiela.

La propuesta de ambos grupos, sin embargo, no se limita a quitarle los aires independentistas al proyecto de ley sino que pretende ir al fondo. “No es un no a la agencia de protección social. Es un no a un proyecto que esta vacío de contenido y orientación social”, ha asegurado Coscubiela. CSQP y el PSC critican que el secretismo con que se gestionó la iniciativa, para evitar posibles injerencias del Estado central, hiciera que la propuesta careciera de un debate con las entidades y otros actores sociales. Y su articulado alternativo va en esa línea. De acuerdo con Granados, su texto ha sido hablado con expertos, profesores y entidades.

Granados y Coscubiela han defendido que su proyecto pretende darle un papel más importante a los municipios, en tanto son la Administración más cercana a los ciudadanos. Además enraízan la propuesta en la puesta en marcha del proyecto de la historia social compartida (similar al historial médico) que permita ganar eficiencia en la gestión. “Llevamos diez años sin actualizar la cartera de servicios sociales. No ha sido solo un problema económico sino de falta de voluntad política”, ha criticado Granados.