La justicia no cree a un testigo clave y absuelve otra vez a tres guardias civiles

La banda del puerto ha vuelto a salir airosa de su segundo envite con la justicia. La Audiencia de Barcelona no ha dado credibilidad a un testimonio clave del caso y ha absuelto a tres guardias civiles y a cinco delincuentes comunes que estaban acusados de estafar a un traficante colombiano para apoderarse de 4 kilos de cocaína. La sentencia señala las “lagunas e inconcreciones” de la declaración de Juan Pedro Lozano, un delincuente arrepentido que cumple prisión por haber asesinado, en 2002, a dos vigilantes de seguridad en Terrassa. Lozano, que se considera inocente y víctima de una trampa, decidió colaborar. Los magistrados también sospechan que pudo prestar declaración movido por la “venganza”, lo que también le resta crédito.

El testimonio de Lozano fue la piedra angular sobre la que la Fiscalía construyó el caso. En 2001, la banda del puerto -de la que él formaba entonces parte- recibió cuatro kilos de cocaína de un traficante colombiano y se comprometió a pagarla una vez colocada en el mercado. En vez de eso, los acusados trazaron un plan para quedarse con la mercancía sin dar nada a cambio: sustituyeron la mayor parte de la droga por harina; abandonaron el coche en el que la llevaban en un descapado y lograron que la Guardia Civil se incautara del alijo.

En ese plan contaron con la colaboración -siempre según el relato de Lozano y del fiscal, ahora rechazado por los jueces- de tres guardias civiles: Roberto P., Antonio S. y Cristóbal R. Todos ellos ya fueron acusados (e igualmente absueltos) por el robo de un contenedor con 200 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

La sentencia considera que esos hechos “no han quedado acreditados” y absuelve a todos los acusados. Los jueces creen que el relato del testigo clave presenta “lagunas o inconcreciones difíciles de justificar por mucho tiempo que haya transcurrido”. Lozano no supo precisar, por ejemplo, cómo se distribuyó el dinero entre los miembros de la banda. La Audiencia de Barcelona también ve “poco verosímil” que el traficante les dejara la droga sin más y que se conformaran con las explicaciones sobre la incautación, por más que una revista local se hubiera hecho eco de la noticia.

Los magistrados van más allá y propinan un severo varapalo tanto a la juez como al fiscal que instruyeron la causa. Cuando Lozano acudió a declarar “voluntariamente”, en 2008, se autoinculpó de varios delitos. Ni la juez ni el fiscal hicieron “lo que la ley les obliga a hacer”: suspender su declaración y citarle como imputado. La sentencia tilda de “reprochable” y “poco ortodoxo” ese comportamiento.