La sentencia por el asalto al Parlament es una “avanzadilla de la ‘ley mordaza’”

"No conseguirán callarnos, no permitiremos que nuestros hijos entren en prisión por pertenecer a un movimiento totalmente legítimo, estamos orgullosos de ellos". Así de contundente se ha mostrado esta mañana la madre de uno de los ocho condenados a tres años de prisión por participar en el asedio al Parlamento catalán el 15 de junio de 2011.

Ayer la Audiencia Nacional comunicó a los procuradores de los sentenciados que deben personarse en prisión dentro de diez días hábiles. Las reacciones no se han hecho esperar y esta misma tarde hay convocada una manifestación para apoyar a los ocho imputados.

Esta mañana los familiares y uno de los abogados de los acusados han realizado una rueda de prensa en las puertas del Parlament, en el mismo sitio donde cuatro años atrás intentaron impedir la entrada a los diputados. El letrado Eduardo Cáliz ha informado que los jóvenes ya pidieron la nulidad del proceso en el Tribunal Supremo porque entendían que "vulneraba los derechos de defensa y de tener un proceso equitativo".

Cáliz argumenta que la nulidad es posible ya que el "Supremo ha realizado una nueva valoración del proceso sin haber escuchado la versión de los acusados". El letrado asegura que deben esperar a que el mismo tribunal que condenó a los jóvenes resuelva el incidente de nulidad para presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si el Supremo no cambia de criterio, los acusados tendrán que esperar entre rejas la resolución de los tribunales.

El defensor de alguno de los acusados asegura que la sentencia que condena a los ocho indignados es una "avanzadilla dramática de la ley mordaza". El letrado asevera que se ha condenado "a estos jóvenes por oponerse al régimen de partidos de 1978, por ser indignados, por ejercer su derecho a la reunión y manifestación, por levantar las manos, manchar la gabardina de una diputada y gritar consignas". Cáliz opina que la finalidad que se busca con estas penas "no es la reinserción, pretenden atemorizar, amenazar y desmotivar a la población; es una condena colectiva a la sociedad y un golpe al estado democrático".

El abogado ha fundamentado toda la línea de defensa en un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). "En este informe aseguran que hacer sentadas o un muro humano para impedir el paso de terceras personas no supone un ejemplo de manifestación violenta y deben estar acogidas bajo el derecho de manifestación y reunión".

Dos de las madres de los afectados resumieron asegurando que se ha condenado a sus hijos "por pedir una vida digna para todos". Los padres de los sentenciados aseguran que se ha castigado a sus hijos "para generar miedo y que no nos quejemos más". Concha, la madre de una de las condenadas ha concluido con una frase de Montesquieu: "Una injusticia contra un individuo es una amenaza contra la sociedad".