La oposición asume la ILP para blindar el pago a la dependencia

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca blindar y evitar retrasos en el pago de las ayudas a los dependientes en Cataluña —145.618 personas según la Generalitat— seguirá su tramitación parlamentaria. CiU se quedó sola ayer defendiendo su propia enmienda a la totalidad del texto y acusó a sus promotores de actuar pensando en su propio interés económico. El resto de fuerzas políticas dio apoyo al trámite, aunque en algunos casos, como el de ERC e Iniciativa, se matizó que el futuro apoyo en la votación estaba supeditado a un blindaje de todo el gasto social dentro de las cuentas catalanas. Los republicanos calificaron de “necesario” el debate. En dos años, la ILP ha recogido 52.000 firmas. Su principal promotor es la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad).

La diputada Maria Sanserrich (CiU) recordó la difícil situación de la tesorería del Gobierno catalán, los recortes del Ministerio de Sanidad y aseguró que priorizar solo la dependencia iba en contra del pago de otras ayudas sociales como el pago de la Renta Mínima o las becas comedor. De cada diez euros que se gastan en atender a los dependientes, ocho provienen de las arcas de la Generalitat, recordó la diputada.

Desde Ascad, Andrés Rueda defendió que la ILP no pide más dinero sino una priorización para garantizar que no habrá más impagos. La diputada Eva Granados afeó a CiU que en 2011 se había comprometido diseñar una ley propia de Dependencia, algo que aún no ha ocurrido. PP y Ciutadans aprovecharon para cargar contra el gasto en “estructuras de Estado”. La Generalitat aún adeuda dinero a varias de las empresas prestadoras de servicios de dependencia.