Olaverri critica a la administración porque crece por “puro clientelismo”

"No me pueden acusar de recentralizador, aquí nunca ha habido un centro", ha dicho el abogado donostiarra Javier Olaverri, poniendo sobre la mesa que las competencias en Euskadi, con unas diputaciones en el centro de la actividad política y económica, están de todo menos centralizadas en el Gobierno. El que fuera parlamentario de Euskadiko Ezkerra e inventor del término "el efecto Olaverri" para denunciar los chirridos de una Ley de Aportaciones que penaliza en determinados procesos tributarios a la administración que recauda por una figura tributaria que las otras dos provincias no tienen, ha criticado que la Euskadi que sacraliza la Ley de Territorios Históricos y los usos de cada nivel administrativo "necesita una poda de ramas secas y podridas".

En su comparecencia ante la ponencia que estudia las eventuales duplicidades administrativas que se producen en el País Vasco y que fue puesta en marcha en la anterior legislatura, cuando un informe encargado por aquel ejecutivo tasó el gasto extra derivado de esas irregularidades en unos 400 millones, Olaverri ha denunciado que no parece razonable, para un país como Euskadi, acumular más de 100 ayuntamientos menores de 1000 habitantes que sobreviven gracias "a inyecciones masivas de recursos provenientes de la diputación". En su opinión es uno de los claros ejemplos de que se trata de "puro clientelismo político" con el que hay que acabar.

Olaverri ha puesto otro ejemplo: "Tenemos 70 policías por 100.000 habitantes, cuando los países de nuestro entorno tienen entre 30 y 40. Eso implica no solo reducir las dotaciones de la policía estatal como reclama el Gobierno vasco y la izquierda abertzale, aunque por otros motivos diferentes a los del ahorro, "sino también de la Ertzaintza y de las policías municipales".

Olaverri ha propuesto dejar de inyectar dinero a las instituciones en función de su pasado y por el mero hecho de tener la competencia, modificar la LTH y la Ley de Aportaciones para que la redistribución del dinero público sea más efectiva, y aumentar la transparencia en la administracuón, con una prohibición expresa de que los políticos puedan castigar a los funcionarios que filtren irregularidades, "Necesitamos funcionarios al servicio de los ciudadanos no de los políticos, para acabar con la corrupción", ha criticado.