Hacienda concede a Jaén más plazo para pagar su deuda

El Ministerio de Hacienda ha bendecido el nuevo plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento de Jaén, el de mayor deuda por habitante de todo el país y un débito acumulado que supera los 430 millones de euros. El ministerio que dirige el jiennense Cristóbal Montoro concede así nuevas medidas de liquidez al gobierno local, del PP, y le permite flexibilizar la devolución del préstamo del primer plan de pago a proveedores, por el que se le concedió más de 200 millones. Básicamente, las ventajas son el aumento del plazo de amortización desde los 10 a los 20 años, del plazo de carencia de dos a cuatro años y la rebaja en 41 puntos básicos de los tipos de interés.

El alcalde, José Enrique Fernández de Moya, valoró la “inestimable ayuda” del Gobierno central que, según subrayó, “va a permitir que el Ayuntamiento siga funcionando”. El edil de Hacienda, Miguel Contreras, admitió que este plan es vital para afrontar el pago de las nóminas de la plantilla municipal y seguir prestando los servicios básicos. Y es que, el PP entiende que la liquidez mejorará al poder solicitar ahora anticipos a cuenta de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), por la que el Ayuntamiento recibe anualmente 24 millones. Hasta ahora, el Gobierno ha venido reteniendo todos los meses al Consistorio jiennense el 50% de la PIE, un millón de euros, al no poder afrontar las obligaciones del endeudamiento.

Pero el optimismo del gobierno del PP contrasta con los recelos que este nuevo plan ha levantado en la oposición. El PSOE ha pedido al alcalde que cuente “la cara B” de las medidas concedidas por Hacienda y le insta a explicar cuándo “empezará a aplicar recortes y aprobar la subida de impuestos, que son dos de los generosos gestos con los que Montoro premia a los jiennenses”. El secretario local del PSOE, Manuel Fernández, cree que Hacienda somete a Jaén a “ajustes leoninos” y advierte de contraprestaciones tales como nuevas subidas del IBI y del resto de impuestos hasta su tipo máximo, la reducción en un 5% de los gastos corrientes y de personal o la disolución de las sociedades públicas que no resulten rentables, caso de Somucisa, la empresa que gestiona la radiotelevisión pública; y Epassa, encargada de los aparcamientos.