Un equipo jurídico prepara 200 denuncias contra bancos por las preferentes

La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef) ha contratado al gabinete jurídico ATE asesores para tramitar, "a la mayor celeridad posible", las primeras 200 demandas individuales -100 en Gipuzkoa, 50 en Bizkaia y 50 en Álava- contra las entidades bancarias que comercializaron las aportaciones subordinadas y preferentes relacionadas con la venta de estos productos a través de Fagor y Eroski, y espera recuperar "a corto plazo" unos cinco millones de euros.

El presidente de la Apdef, Francesc García Rafanell, ha asegurado esta mañana en San Sebastián que en Euskadi existen unas 40.000 personas que contrataron estos "productos financieros tóxicos" y ha calculado que en los próximos años se podrían rescatar "más de 50 millones de euros de clientes "engañados por los bancos" con las aportaciones subordinadas y preferentes.

Las demandas civiles, que se presentarán de forma individualizada, en los distintos juzgados vascos irán contra entidades bancarias como el Santander, BBVA, Laboral Kutxa y La Caixa, según García Rafanell. El letrado Juan Luis Alfaro, de ATE asesores, ha indicado que "la reclamación individualizada y personalizada es la vía más sólida para que el pequeño ahorrador pueda recuperar su dinero", porque las grandes demandas colectivas "ralentizan los procesos y corren el riesgo de que el juez no las vez claras y las frene", como ha sucedido recientemente con una sentencia del Juzgado Mercantil 1 de San Sebastián, que decidió sobreseer una demanda colectiva interpuesta por la asociación Adicae contra Laboral Kutxa, Eroski y Fagor.

La Apdef está presente en 50 ciudades españolas y cuenta con más de 2.400 socios. Actualmente tiene abiertos 1.600 procedimientos en los juzgados contra diversos bancos por valor de 55 millones y ha recuperado nueve millones, principalmente en Cataluña. García Rafanell ha asegurado que se han resuelto 238 casos con un 96% de éxito. Ha explicado que la presentación de estas demandas no supone ningún coste para el ahorrador, puesto que los honorarios del equipo jurídico se sufragan con las costas judiciales en caso de ganar el pleito.