La alcaldesa de Sanxenxo atribuye su imputación a conflictos en el PP

La alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González, ha achacado su reciente imputación por irregularidades en su gestión urbanística a un ataque interno del sector del PP que se desgajó a raíz de su designación como candidata para las elecciones de 2011. González apuntó al “entorno” del exedil de urbanismo Francisco Villaverde y la formación que este promovió, Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), que se escindió del PP ante esos comicios y en la que el propio Villaverde fue concejal hasta su renuncia en 2012.

“No hay ni un solo papel con mi firma detrás del que se desprenda cohecho, tráfico de influencias, trato de favor ni muchísimo menos prevaricación”, dijo de entrada González, en una rueda de prensa convocada para dar explicaciones. González señaló a Villaverde y dijo estar “sorprendida” de que a él no se le haya llamado a declarar siquiera como testigo, porque fue concejal de urbanismo y lidió con uno de los casos sospechosos, la concesión de licencia para cuatro chalés a menos distancia de la legal del cementerio de la parroquia de Dorrón.

La alcaldesa, que descartó dimitir y agradeció el apoyo del presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, hizo memoria. “Si cogemos las reuniones que empezó a haber en el partido cuando se peleaba y se discutía si debería o no ser candidata en 2011 al final siempre salen las mismas caras detrás. Hay mucha gente a la que ha molestado que yo la haya apartado del urbanismo de este ayuntamiento. Gente muy interesada en volver. Esto es una venganza de quien quiere sacarme de en medio sea como sea para poder volver a gestionar el urbanismo”. A continuación, retó: “Si piensan que me van a sacar por la puerta de atrás por algo que no ha sucedido, la llevan clara”.

El PP gobierna en Sanxenxo con el apoyo del edil del partido VIPS José Luis Rodríguez, que fue sucesivamente alcalde por el PSOE, azote de Telmo Martín en la oposición y ahora bien avenido socio de la regidora. Cuando se conocieron las investigaciones del juzgado sobre esta cuestión, en febrero de 2012, aseguró que dimitiría ante el “menor indicio” de que alguien en la corporación estuviese “manchado”. Ayer matizó: “Es que no hay nada […] Ningún político merece estar imputado en estos casos. Las licencias fueron dadas con todos los informes técnicos favorables”. La oposición pide dimisiones.