Una orden de Bonig indigna a afectados por la vivienda

Una orden de la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, “para atender con carácter prioritario ayudas en materia de vivienda en situaciones de especial vulnerabilidad”, dotada con un millón de euros, ha indignado a los afectados. La orden, publicada este viernes, pretende “aliviar los problemas” de los que están en peor situación, pero los requisitos que plantea, similares a los de la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios del Gobierno de Mariano Rajoy, según la plataforma de afectados, restringe mucho su alcance, mientras el plazo de resolución, de seis meses, anula su pretendido carácter de urgencia.

Familias numerosas o monoparentales con dos hijos al cargo o con un menor de tres años, mujeres embarazadas, realojados, personas con familiares mayores de 65 años, con discapacitados o desempleados sin prestaciones económicas, y amenazados de ejecución hipotecaria, reúnen algunas de las condiciones de “vulnerabilidad” previstas. A ellas hay que añadir que los ingresos de la unidad familiar no superen el límite de 2,5 veces el “indicador público de renta de efectos múltiples” o que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5.

“Nos sentimos completamente indignados”, dijo una portavoz de la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda. “No solo los requisitos hacen que casi nadie se pueda acoger sino que la presentación de documentación hasta el 31 de octubre y un plazo de resolución de seis meses remiten las ayudas a marzo de 2014 y anulan su efecto en casos verdaderamente graves”.

Protesta ante el Síndic

La plataforma se queja de que, una vez más, la consejera reacciona ante una protesta convocada por los afectados, esta vez el próximo lunes ante la Sindicatura de Comptes para reclamar que se fiscalice qué ha pasado con el cheque vivienda desde 2008, dado que la Generalitat debe unos 250 millones de euros a 50.000 familias. “O se han gastado el dinero o las subvenciones no tenían consignación, lo que sería ilegal”, señaló la portavoz, que recordó que la consejera Bonig se comprometió a poner un millón de euros para ayudar a los casos más graves, pero también a habilitar 38,4 millones para ir pagando lo que debe. La plataforma pide que se reconozca la deuda a cada afectado, un calendario de pagos y respeto al orden de prelación para pagar.