Detenidos cuatro funcionarios y un exedil de Ronda por dar obras a dedo

La policía ha detenido a cinco personas en una pieza relacionada con el caso Acinipo de Ronda (Málaga), que en septiembre de 2011 destapó una presunta trama de corrupción urbanística por la que fueron detenidos el exalcalde Antonio María Marín Lara y otras seis personas. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores recabaron el miércoles el testimonio del secretario y de la interventora del Ayuntamiento, de un técnico del área de Urbanismo y de un arquitecto de la Delegación de Obras.

También ha comparecido el exconcejal José Morales, responsable de Tráfico con el exregidor Marín Lara. El operativo continúa abierto y los agentes tienen pendiente citar en los próximos días a un empresario.

La investigación del caso Acinipo se ha desglosado en varias porciones y la que centra ahora las pesquisas policiales estaría relacionada con la adjudicación de trabajos de asfaltado en el municipio a principios de 2010.

Fuentes judiciales explicaron que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ronda, encargado de las diligencias, no tiene previsto de momento solicitar la comparecencia de estas personas. En este procedimiento actualmente hay imputadas ocho personas.

La instructora, Judith Sáiz, tomó declaración de nuevo el pasado abril a Marín Lara por unos trabajos para pintar varios bloques de la barriada de El Fuerte durante 2010 y 2011, antes de las elecciones municipales de mayo de ese año. En opinión de los investigadores, se habrían realizado sin concurso público y presuntamente por indicación directa del alcalde a la empresa.

El operativo sigue abierto y los agentes citarán a un empresario

El exregidor, antes de su comparecencia, tachó el asunto de “chorrada” y tras declarar ante la juez defendió su actuación. “Volvería a pintar estos edificios, como hice en su día”, dijo. Aprovechó para quejarse de la “manipulación” de algunas facturas incluidas en la investigación y añadió que “incluso” podía existir una “falsificación” de su firma.

Marín Lara, un político de corte populista con tradición de meterse en casi todos los charcos de la vida municipal de Ronda hasta su arresto, fue detenido en septiembre de 2011, pocos meses después de perder las elecciones municipales de ese año frente a la actual alcaldesa, Mari Paz Fernández, del PP. Junto a él fueron arrestados otros tres concejales que habían tenido responsabilidad de gobierno en el anterior mandato, incluido Francisco Cañestro, que en el momento en que estalló el caso era secretario local del PSOE y diputado provincial. El exalcalde fue fichado por los socialistas tras dejar el PA, partido con el que ganó las elecciones de 2007. Fue declarado oficialmente tránsfuga.

Marín Lara quedó en libertad después de su primera declaración tras abonar una fianza de 150.000 euros. A mediados de abril regresó al juzgado por la pieza relacionada con la pintura de los bloques. Algunos de los delitos que se investigan en este procedimiento, en el que participa la Fiscalía Anticorrupción, son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los informes policiales incluidos en el sumario, parte del cual aún es secreto para las partes, abordan varias líneas de investigación y la presunta vinculación del exalcalde con empresas con intereses en el municipio.

Uno de los casos se centra en la construcción de una superficie comercial de Eroski y en una permuta de terrenos, los del antiguo recinto ferial, a través de un convenio en el que la valoración por parte del Ayuntamiento estaría por debajo de “los límites establecidos legalmente”. Según la instructora, se habría optado por esta estimación a la baja para evitar que los órganos competentes de la comunidad autónoma “tuvieran que participar” en esta actuación y se habría producido un perjuicio para las arcas municipales.

Los suelos, presuntamente, fueron transmitidos en varias ocasiones y su valor pasó en un año de los 1,8 millones de euros en que se tasaron inicialmente “a casi 18 millones de euros”, estiman los investigadores. Se habrían localizado, además, operaciones bancarias y cargos sospechosos.