El Ararteko se enfrenta a Interior y exige una investigación imparcial

Cuando Rodolfo Ares  dejó en agosto la consejería vasca de Interior para dirigir la campaña del PSE aseguró que uno de los momentos más difíciles de toda su carrera había sido el fallecimiento de Iñigo Cabacas. La muerte en abril del joven hincha del Athletic, cuatro días después de ser alcanzado en la cabeza por una pelota de goma disparada por la Ertzaintza en un altercado en Bilbao, sigue siendo un pesado fardo para el departamento que ahora dirige en funciones Idoia Mendia.

El Ararteko ha difundido la resolución con la que concluye el expediente que abrió de oficio tanto en el caso Cabacas como por las graves heridas que sufrió otro joven, Xuban Nafarrate, en Vitoria en una carga de la Ertzaintza durante la huelga general del 29-M, que su familia atribuye a un pelotazo e Interior a una caída.

Las 52 páginas de la resolución suponen una dura requisitoria al departamento, al que la institución que encabeza Iñigo Lamarca acusa de incumplir el deber legal de facilitarle todos los datos y documentos que pida. La información sobre ambos casos remitida por la consejería —antes y después del relevo— “no responde a lo que les solicitamos”, cita el texto, lo que cree injustificado. Ello no le permite valorar si la fuerza empleada en ambos casos se ciñó a la recomendación que la propia institución hizo en 2011 sobre las actuaciones policiales, pero le obliga a pensar que no es así.

Interior abrió una investigación interna tras la muerte de Cabacas, paralizada desde que un juzgado de Bilbao instruyó la correspondiente causa —también el incidente de Vitoria está en los tribunales—. Ese es otro motivo del enfrentamiento. Mendia ha sostenido en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo que el Defensor carece por ello de competencias para investigar los hechos, al prevalecer la vía penal. “Son los tribunales los que tienen que establecer los hechos”, ha asegurado  para explicar que su Gobierno no esté “preocupado” por la resolución de Lamarca.

El Defensor ya aborda en su texto ese reproche para justificar por qué desestimó la alegación de la consejería para que dejase su actuación. Opina que su labor se halla “perfectamente amparada” en la ley y es compatible con la actuación judicial, ya que supone, en síntesis, analizar si fue proporcionado el uso de la fuerza policial y qué pautas se siguieron. Por ello reprocha a Interior que congelase sus pesquisas internas. Y concluye exigiendo en ambos casos una investigación “exhaustiva, rigurosa e imparcial” y que se dé a las dos familias la máxima información.