Los usuarios del Júcar exigen garantías para transferir agua al Vinalopó

La Mesa pel Xúquer denunciará cualquier nueva transferencia de agua del río Júcar al Vinalopó “si se siguen incumpliendo las condiciones impuestas por la Comisión Europea para la cofinanciación del trasvase”, ha afirmado Paco Sanz, portavoz de la asamblea. Estas son, entre otras, el establecimiento de un caudal ecológico; la aprobación de las normas de explotación para garantizar los derechos de los usuarios de la cuenca cedente; la reversión de la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha Oriental y del Vinalopó, que supondrá el cierre de pozos en el Vinalopó; y la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA). Europa aportó unos 120 millones de los 320 que costó la infraestructura.

La plataforma que agrupa Ayuntamientos, regantes, sindicatos, asociaciones y partidos políticos se ha reunido esta tarde en Sueca ante la situación de “bloqueo total en que se encuentra nuestro río”, según Sanz.

En la misma asamblea han acordado instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a que convoque de nuevo la mesa de participación sobre las actuaciones de defensa frente a inundaciones. No se reúne desde 2011. Este amplio proyecto combinaba las obras de protección con restauración medioambiental en distintos puntos de la Ribera. Destacable la primera de las actuaciones previstas, en Albalat de la Ribera, que la CHJ ha desestimado pese haber sido licitada en noviembre de 2011 por 8 millones de euros.

Joan-Baptista Ferrando (PSPV-PSOE) ya ha viajado a Estrasburgo para interesarse, a través de los parlamentarios socialistas, por el destino “del 70 u 80% de la financiación que aportaba la Comisión Europea”. También ha movilizado diputados nacionales y autonómicos, si bien, aseguró no tener confianza en que se les conteste.

Los Mesa también acordó exigir de la administración del Estado la redacción del nuevo plan de cuenca del Júcar, adaptado a la DMA. Este documento básico sobre los usos y explotación del río debió haberse aprobado a finales de 2009. Ahora, un tribunal europeo ha condenado a España por ello. El plan vigente data de 1998 “y ha quedado totalmente obsoleto tras la promulgación de la Directiva Marco del Agua Europea”, dijo Sanz.