El secretario sale en defensa de la juez Mercedes Alaya

Un capote a la juez Mercedes Alaya frente a las críticas de los abogados. El secretario del juzgado que instruye el caso de los ERE ha negado este jueves que la magistrada gritara durante la extensa declaración del exconsejero Antonio Fernández, que se prolongó durante cuatro días. La insólita diligencia del secretario viene motivada por las duras réplicas que dirigieron los letrados ante las voces y maneras que utilizó la juez durante el interrogatorio.

“Hace imposible que se escuchara desde fuera la voz de la magistrada, que dicho sea de paso tiene un tono de voz bajo, o de cualquiera de los presentes”, sostiene el secretario. Sin embargo, la voz de la juez se escuchó de manera nítida a través de la puerta en ciertas ocasiones durante los cuatros días. A continuación, Alaya impidió que los periodistas estuvieran a las puertas de la sala en las declaraciones posteriores a la de Fernández, y obligó a que fueran desplazados hasta una sala alejada.

El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, censuró el tercer grado de Alaya: “No nos referimos solo a tonos elevados de voz, gestos claros de desaprobación o disgusto ante respuestas del Sr. Fernández (...) Es que por parte de la instructora no se duda en espetarle: ‘Ahora me cuenta usted otra’, lo que revela claramente que en el ánimo de la misma no existía la menor intención de creer, en modo alguno, cualquier afirmación o explicación del imputado”. El abogado Julio Martínez insistió: “¿Y qué hay de las voces de la magistrada instructora al imputado Fernández, que salió publicado hasta en las redes sociales?”.

Ahora el secretario niega la mayor: “Respecto del presunto mal trato recibido por el imputado, al haberse dirigido supuestamente su señoría al declarante en alta voz, en modo alguno tuvo lugar tal hecho”.

Por otra parte, un informe del Ministerio de Economía incorporado al sumario estima que en el ERE de González Byass en el que estuvo incluido el exconsejero Fernández aunque finalmente no cobró su póliza prevista, las comisiones previstas para el mediador (la consultora Uniter) eran de un 10%, lo que suponía 812.659 euros más que la media del mercado en el momento en que fue suscrita la póliza. De momento, la Junta solo ha pagado un sobrecoste de 30.871 euros respecto a la media del mercado.