Bizkaia afloró el pasado ejercicio 560 millones de euros de fraude fiscal

La Diputación de Bizkaia descubrió el pasado año 560 millones de euros en operaciones fiscales fraudulentas, según ha desvelado esta mañana el responsable foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, en una comparecencia en las Juntas Generales. La Hacienda foral remitió a la fiscalía 16 expedientes de casos presuntamente delictivos. Entre 2003 y 2011, periodo en el que Iruarrizaga ha estado al frente de la Hacienda foral, se han aflorado 2.300 millones de euros de fraude tributario.

Si a estos 2.300 millones se le restan los 560 descubiertos el pasado ejercicio, el resultado son 1.740 millones en los ocho años que van entre 2003 y 2010, lo que da una media de 217 millones, la mitad de lo destapado en 2011. El juntero popular Gonzalo Zorrilla-Lequerica ha preguntado a Iruarrizaga si este incremento podría deberse a la crisis económica. El diputado, sin descartarlo, ha respondido que no se atrevía a afirmarlo. “Eso lo dejo para los teóricos”, ha dicho.

Iruarrizaga ha trasladado su “preocupación y perplejidad” por la polémica surgida con el Gobierno vasco en relación al fraude fiscal y las actuaciones de Bizkaia en su contra, especialmente en lo relativo a la coordinación con el Ejecutivo y las otras dos Diputaciones. El responsable de Hacienda ha criticado el empleo por parte de miembros del Ejecutivo de términos como “descoordinación” y “falta de información”. “Lo único que hacen es generar dudas en la actuación de todas las personas que trabajamos en la lucha contra el fraude”, ha señalado. “No vale decir que hay fraude. Ha que decir dónde y quién lo hace y denunciarlo a Hacienda”, ha agregado. El diputado ha precisado que durante 2011 la Hacienda foral recibió 49 millones de datos de contribuyentes de Bizkaia de otras Administraciones tributarias.

El lehendakari, Patxi López, ha planteado la conveniencia de elaborar un Plan Integral de lucha contra el fraude, a lo que Bizkaia se ha negado. Desde el Ejecutivo consideran que la colaboración interinstitucional conseguiría que la bolsa de fraude, estimada en unos 2.500 millones, “podría ser disminuida”.