Milei, la corrupción y el fin de la inocencia libertaria

El presidente argentino Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con un discurso refundacional contra la “casta” política. Hubo un tiempo en que lo prometió todo contra la corrupción. Tiempos en que, recién llegado a la Casa Rosada, lanzaba frases como “no hay lugar para corruptos en la Argentina liberal que estamos construyendo” o “se acabó la impunidad”. Prometía terminar con una “casta” política que vivía de robarle a los ciudadanos bajo la premisa de que “el que las hace, las paga”. Pero eso fue hace ya tiempo. Luego, como dijo Mauricio Macri alguna vez, “pasaron cosas”. Cosas que llevaron al presidente a borrar con acciones sus palabras y enviar a la sociedad argentina el mensaje inequívoco de que la ética y la integridad pública no son su prioridad cuando los señalados pertenecen a su círculo íntimo.

Es difícil que lo sean cuando escándalos como el “caso $LIBRA” lo tienen como acusado ante la Justicia argentina. O el devenir del “caso Andis” —las presuntas coimas en la agencia nacional de discapacidad—, donde resuenan las sospechas de sobornos que apuntan a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Sin olvidar las desventuras del vocero presidencial Manuel Adorni, que acumula prueba tras prueba sobre un presunto enriquecimiento ilícito y la evasión tributaria.

La investigación judicial que tiene a Adorni como protagonista suma pruebas cada día. Ayer, el hijo de una de las jubiladas que dicen haberle vendido un departamento en 230.000 dólares, declaró que acordó con el funcionario un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. Es decir, sin declarar. O como decimos en la Argentina, “en negro”. En otras palabras, evadiendo al fisco.

A estas alturas, pues, muchos se preguntan por qué Milei no le pide la renuncia o lo echa a Adorni, como ha expulsado –y hasta humillado– a decenas de sus funcionarios durante los últimos dos años —más de cincuenta, según los relevamientos del portal Chequeado—. Han proliferado hipótesis de distinto calibre, algunas sin sustento verificable. Pero, por lo general, la respuesta más sencilla suele ser la correcta; en este caso, la prensa.

¿Cómo es eso? Incluso antes de ganar el balotaje que lo encumbró a la cima del poder en 2023, Milei criticó, vilipendió y despreció a los periodistas. Calcó a su admirado Donald Trump, pero allí donde el estadounidense pregona “We don’t hate the media enough” —“no odiamos lo suficiente a los medios de comunicación”—, el argentino modificó la frase de un modo que le ahorró pelearse con los dueños de las empresas periodísticas: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Semejante prédica se traduce, en la práctica, en tantos ataques e insultos de Milei contra el periodismo que resultan ya incontables. ¿Un ejemplo? Sólo durante el fin de semana largo de las Pascuas, el Presidente difundió casi 1000 mensajes contra periodistas en sus redes sociales, según un relevamiento del diario argentino La Nación.

Ese clima —y esa prédica— ayudan a explicar por qué Adorni todavía es funcionario. Porque Milei no quiere quedar ante los argentinos como que los periodistas a los que tanto denosta le torcieron el brazo. El cálculo es sencillo: cada renuncia forzada por una investigación periodística sería leída, en la lógica presidencial, como una derrota frente al enemigo. Y la Casa Rosada prefiere pagar el costo reputacional de sostener a un funcionario cuestionado antes que conceder ese triunfo simbólico al periodismo crítico. Y en esta terquedad tampoco resulta original. De hecho, emula a Cristina Fernández de Kirchner, que sostuvo a muchos de sus funcionarios sólo para no “entregárselos” al Grupo Clarín, a La Nación o a algunos periodistas en particular. Y ejemplos similares se acumulan en América Latina, con Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés López Obrador en México.

El problema es que esta protección envía un mensaje inquietante a los argentinos. Transmite la idea de que el presidente tolera —o incluso avala— prácticas que había prometido desterrar, propias de la “casta”. Desde la incorporación de familiares a actividades oficiales hasta cuestionamientos sobre la consistencia de declaraciones patrimoniales, y desde denuncias por posibles dádivas de proveedores del Estado hasta presuntos casos de enriquecimiento ilícito.

Así, Milei pasó de prometer que terminaría con la corrupción y la impunidad a, como remarcó el analista político Luciano Román, una doctrina antagónica: “A los nuestros se los banca”. Sin matices, cerrando filas, y con las consecuencias que traiga. Porque si no le dice adiós a Adorni, ¿con qué parámetro le va a pedir la renuncia al máximo responsable de la infraestructura pública, Carlos Frugoni, por ocultar que tiene ocho propiedades en Miami, como salió a la luz durante las últimas horas por una investigación periodística? ¿Y por qué habría de renunciar el titular del organismo tributario, Andrés Vázquez, por, cruel ironía, evadir impuestos, como reveló también la prensa?

Y en estas lides, no se trata de mencionar casos individuales, sino un patrón subyacente: la sustitución del principio de responsabilidad pública por una lógica de lealtad política.

Olvida el presidente que todos los funcionarios -él, el primero- tienen mayores obligaciones que los ciudadanos, por su propia investidura. Está obligado a dar explicaciones sobre su actividad como servidor público, debe rendir cuentas sobre su patrimonio y la esfera de su privacidad se acota al mínimo. Porque debe responder ante la sociedad que lo encumbró, pero no lo obligó a asumir el cargo. Fue su decisión aceptar mayores responsabilidades... y asumir las consecuencias de sus actos.

La función pública no amplía derechos: los restringe. No otorga privilegios: impone obligaciones. Y en una república, el poder no protege: expone. Milei prometió ser lo opuesto a la casta. La doctrina de “bancar a los propios” lo convirtió en su mejor alumno.