Las políticas de derechos humanos, bajo amenaza en Argentina

En Argentina se conmemoran hoy 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Martínez de Perón en un contexto de crisis económica, inestabilidad institucional, corrupción y una escalada de violencia política. Aunque el país ya había atravesado varios golpes de Estado en el siglo XX, el régimen instaurado por la Junta Militar, encabezada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, y conocido como el “Proceso de Reorganización Nacional,” desplegó un aparato represivo sin precedentes.

La dictadura (1976–1983) se caracterizó por la implementación sistemática del terrorismo de Estado. Inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos y en la Escuela Francesa de Contrainsurgencia, el régimen desmanteló partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales, al tiempo que impuso una censura generalizada. Los militares intervinieron universidades, controlaron los medios de comunicación y persiguieron a miles de intelectuales y artistas, muchos de los cuales fueron empujados al exilio.

La represión alcanzó niveles de brutalidad inéditos: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, violencia sexual y apropiación de niños formaron parte de un plan sistemático. El Estado operó una red de 814 centros clandestinos de detención y tortura distribuidos por todo el país, donde las personas secuestradas eran mantenidas en condiciones inhumanas hasta su asesinato o liberación.

Como escribió Ernesto Sábato en el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, los desaparecidos fueron un “triste privilegio argentino,” y el término mundialmente reconocido.

La magnitud de las atrocidades continúa siendo motivo de debate: mientras la CONADEP documentó 8.961 desapariciones, los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000 como bandera de lucha. Cerca de 250.000 personas se exiliaron y alrededor de 500 niños/as fueron apropiados ilegalmente.

En paralelo, la Junta impulsó políticas económicas neoliberales que generaron más de 45.000 millones de dólares de deuda externa y profundizaron la desigualdad, efectos que aún repercuten en la Argentina contemporánea.

De paria a referente global

Tras la recuperación democrática en 1983, Argentina inició un proceso de búsqueda de verdad y justicia que transformó su posición internacional. El presidente Raúl Alfonsín tomó dos decisiones históricas: creó la CONADEP y ordenó el enjuiciamiento de nueve comandantes militares.

La CONADEP produjo en septiembre de 1984 el renombrado informe Nunca Más, la primera comisión de la verdad en el mundo en completar un informe final. En diciembre de 1985, la Cámara Federal condenó a cinco de los comandantes, entre ellos Videla y Massera, reconociendo oficialmente la existencia de un plan sistemático de represión, con una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 1986.

Sin embargo, las tensiones con las Fuerzas Armadas derivaron en las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), seguidas por los indultos del presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990. Aunque estas medidas instauraron un período de impunidad, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos desarrollaron estrategias jurídicas innovadoras, como los “juicios por la verdad” y causas penales sobre apropiación de niños y los crímenes del Plan Cóndor.

El punto de inflexión llegó en 2005, cuando la Corte Suprema declaró la nulidad de las leyes de impunidad, permitiendo reabrir los juicios. Desde 2006, se han dictado 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas, además de miles de imputados bajo investigación. Argentina se consolidó así como un referente global en justicia transicional, impulsando una “cascada de justicia” que inspiró procesos similares en otros países.

Entre los fallos más emblemáticos podemos destacar la condena a Videla en 2012 por el plan sistemático de apropiación de bebés y la sentencia de 2016 que reconoció al Plan Cóndor como una asociación ilícita transnacional destinada a perseguir opositores más allá de las fronteras.

Un presente marcado por retrocesos

En los últimos años, especialmente desde la llegada al poder de Javier Milei en 2023, las políticas de memoria, verdad y justicia enfrentan un proceso acelerado de desmantelamiento. Milei ha descalificado públicamente las políticas de derechos humanos y relativizado la figura de los desaparecidos. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, fundó una ONG que promueve discursos negacionistas sobre los crímenes de la dictadura.

La “motosierra” —símbolo de su ofensiva contra el Estado— se tradujo en recortes masivos en salud, educación, ciencia, políticas sociales y de género. Cerca de 45.000 trabajadores del sector público fueron despedidos, y se redujeron jubilaciones, pensiones y programas sociales. Las políticas de derechos humanos sufrieron un desmantelamiento similar, pero acompañado por intensas campañas de desprestigio y el incumplimiento de compromisos jurídicos internacionales.

La Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a Subsecretaría y perdió cerca del 60% de su personal. Los sitios de memoria enfrentan desfinanciamiento, despidos, censura y autorizaciones ilegales para vender terrenos donde funcionaron centros clandestinos, pese a que la ley exige su preservación. El Archivo Nacional de la Memoria fue degradado y perdió su facultad de acceder a archivos militares, además de sufrir decenas de despidos.

El Ministerio de Defensa eliminó el equipo encargado de relevar archivos de las Fuerzas Armadas, clave para investigaciones como la de los “vuelos de la muerte” en el marco de la causa ESMA. Se autorizó incluso la destrucción de documentos bajo custodia del Archivo General de la Armada.

La unidad investigativa de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad fue desmantelada y el Banco Nacional de Datos Genéticos enfrenta un grave desfinanciamiento. Los procesos de reparación se ralentizaron drásticamente y el gobierno dejó de consultar a organismos de derechos humanos por antecedentes para ascensos militares, rompiendo una práctica instalada durante la transición democrática en los ochenta.

La participación estatal en los juicios por crímenes de lesa humanidad se redujo: se debilitó el acompañamiento a testigos, se interrumpió el registro audiovisual de audiencias y aumentaron las absoluciones y prisiones domiciliarias.

Aunque estos retrocesos no son inéditos, ya que el gobierno de Mauricio Macri había seguido un patrón similar, la velocidad y profundidad del desmantelamiento actual son mayores, amplificadas por la propaganda en redes sociales. El discurso oficial justifica los recortes mediante narrativas negacionistas y acusaciones de corrupción, retomando la idea del “curro de los derechos humanos” del macrismo. Paralelamente, la influencia militar en cargos civiles se intensificó, culminando a fines de 2025 con la designación del jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa: el primer militar en actividad en ocupar ese cargo desde 1983.

Un futuro incierto

La pregunta que atraviesa el presente argentino es si el país está retrocediendo de su rol de referente global a uno marcado por el negacionismo. El cierre del diálogo, el desmantelamiento institucional y el avance de discursos que relativizan los crímenes de la dictadura representan una ruptura con el consenso democrático construido desde 1983.

El regreso de militares a puestos clave de decisión en defensa y seguridad constituye un retroceso especialmente significativo. Argentina había sido el país latinoamericano que implementó las reformas más profundas para garantizar el control civil de las Fuerzas Armadas y limitar su autonomía política.

Estos retrocesos, junto con la amenaza de la firma de un nuevo decreto de indultos, generan preocupación sobre el futuro de la memoria, la verdad y la justicia en el país. Solo el tiempo dirá si este momento representa un paréntesis o el inicio de un nuevo capítulo en la larga lucha argentina, esta vez para proteger los avances logrados en cuatro décadas de democracia.