Los datos de la dictadura argentina: 30.000 desaparecidos, 800 centros de detención y 1.200 condenados

El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado inauguró el período más oscuro de la historia contemporánea de Argentina. Durante casi ocho años, hasta diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas ejercieron el poder mediante el terrorismo de Estado: secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas, operaron una red de más de 800 centros clandestinos de detención y robaron a centenares de niños. 50 años después, repasamos los datos más relevantes para entender la magnitud del terror.

La cifra que divide

Las Fuerzas Armadas desaparecieron a miles de personas de forma ilegal y clandestina. Pero cuantificar con exactitud el horror nunca ha sido sencillo, más aún sin la información de los propios perpetradores. Ante esa imposibilidad, los organismos de Derechos Humanos estimaron que fueron cerca de 30.000 las personas que nunca aparecieron tras ser secuestradas durante la dictadura. Esa cifra con el tiempo se convirtió en grito, en consigna, en tatuaje y en bandera de la lucha por la memoria y la justicia.

El primer informe oficial realizado por el Estado lo elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente argentino Raúl Alfonsín en 1983. El trabajo, titulado “Nunca Más”, documentó 8.961 casos de desaparición forzada. La propia comisión aclaraba que ese número no pretendía ser definitivo: surgía de los testimonios y denuncias recibidos en apenas nueve meses de trabajo en un país que salía traumatizado de ocho años de dictadura.

Esa cifra, provisoria por definición, lleva décadas siendo utilizada para relativizar los crímenes. Entre otros, el presidente Javier Milei utiliza el dato para defender que las víctimas fueron menos de un tercio de lo que los organismos de derechos humanos han afirmado. Es una posición que choca con otra evidencia: documentos desclasificados por Estados Unidos en 2006 revelaron que las propias Fuerzas Armadas reconocían 22.000 crímenes entre 1975 y 1978, cuando todavía faltaban cinco años para el fin de la dictadura. Fue una información que el agente de la inteligencia chilena Enrique Arancibia Clavel transmitió al gobierno de Augusto Pinochet.

Otro ejercicio aritmético elemental ilustra la escala del terror: los centros de desaparición y tortura que existieron entre 1974 y 1983 —reconocidos oficialmente— son más de 800. Si tan sólo hubiesen pasado 40 víctimas por cada uno de ellos, bastaría para exceder las 30.000 víctimas.

El mapa del terror

A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, el Ejército levantó —o adaptó— una red de más de 800 centros de detención clandestinos, según el relevamiento oficial del Estado actualizado en 2022. Eran instalaciones secretas donde se torturaba, se interrogaba, se violaba, se mantenía a personas privadas ilegalmente de su libertad y, en la mayoría de los casos, se las asesinaba.

El mapa de estos centros permite ver lo que las palabras apenas alcanzan a describir: la extensión territorial, metódica y coordinada del plan represivo. La mayoría funcionó en dependencias de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales: bases militares, buques, comisarías, delegaciones policiales, unidades del servicio penitenciario. Pero también en casas particulares, fábricas, hospitales y escuelas.

La concentración era mayor en las ciudades más pobladas, especialmente en Buenos Aires. El más emblemático fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el corazón de la Capital Federal: el mayor centro de detención y exterminio del país, por el que pasaron entre 4.000 y 5.000 personas, de las cuales apenas sobrevivieron entre 150 y 200. Hoy es un espacio de memoria y un sitio de referencia mundial en materia de derechos humanos.

La red era clandestina, pero no trabajaba de forma improvisada. Los distintos centros respondían a una cadena de mando centralizada, con transferencias de detenidos coordinadas entre fuerzas. Algunos funcionaron además como maternidades clandestinas: las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta el parto. Sus hijos nacidos en cautiverio fueron entregados —o vendidos, o directamente apropiados— por familias vinculadas al régimen o por personas que nunca hicieron demasiadas preguntas.

140 identidades restituidas

La apropiación de menores fue una práctica sistemática a lo largo de todo el terrorismo de Estado. En 1977, en plena dictadura, un grupo de mujeres comenzó a buscar a los bebés robados a sus hijas e hijos desaparecidos o nacidos en cautiverio. Fueron el núcleo de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Se estima que unos 510 niños desaparecieron en esas circunstancias y su identidad fue sustraída. Hasta hoy, la organización ha logrado reconstruir y reconocer la identidad real de 140.

El mecanismo que hizo posibles esas restituciones fue un hito científico con consecuencias históricas: el índice de abuelidad, un método estadístico de análisis genético desarrollado específicamente para este caso por la inmunóloga Mary-Claire King, que permite determinar con altísima precisión si una persona es nieta o nieto de alguien, sin necesidad de contar con los padres biológicos. Argentina fue pionera en su aplicación forense. El Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por ley en 1987, almacena hasta hoy el material genético de las familias de desaparecidos a disposición de quien quiera cotejarlo.

En el siguiente gráfico cruzamos el año en el que fueron restituidos y su edad en ese momento. Esto permite ver no solo el paso del tiempo, sino también la edad a la que cada persona conoció su verdadera historia. Algunos eran niños. Otros, adultos formados. Varios superaban los 40 años.

La restitución de identidades es todavía un proceso en marcha. Cada año se abren nuevas pistas, se analizan nuevas muestras y aparecen dudas que pueden cambiar una vida.

De los indultos a las condenas

Imperfecto, lento e interrumpido, el proceso judicial argentino ha producido resultados que pocos países en circunstancias similares pueden exhibir. El punto de partida fue el Juicio a las Juntas de 1985, el primero en el mundo en el que un tribunal civil juzgó y condenó a los máximos responsables de un régimen militar sin intervención de instancias internacionales.

Pero el proceso sufrió una grave interrupción. Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), promovidas por Raúl Alfonsín presionado por las Fuerzas Armadas, y los indultos presidenciales de Carlos Menem en 1989 y 1990, detuvieron los juicios y liberaron a los ya condenados. Durante más de una década, la justicia quedó en suspenso. Los únicos procesos que continuaron fueron los vinculados al robo sistemático de recién nacidos. La reanudación llegó en 2003, cuando el Congreso anuló esas leyes —luego declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema—, y los tribunales retomaron las causas. Desde entonces, el proceso no ha parado.

A medio siglo del golpe de Estado, 1.231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias dictadas desde 2006. Actualmente hay 12 juicios en trámite en diferentes provincias y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados. La distribución evidencia tanto el alcance de las investigaciones como sus límites, atravesados por el paso del tiempo y la muerte de muchos de los responsables. En muchos casos la justicia llegó demasiado tarde: cientos de imputados murieron antes de ser juzgados y otros fallecieron cumpliendo condena.

El relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad históricamente analizaron las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y las apropiaciones de menores. En los últimos años se comenzaron a juzgar nuevos temas: violencia sexual, delitos por motivación económica, inteligencia y complicidades civiles.