La diferencia entre recordar y juzgar

Un hombre señala la tierra. No es un juez, ni un historiador, ni un político, ni un agrimensor. Es un campesino: Juan José Solanille. Lo contó frente a un tribunal: camiones militares entrando y saliendo de Loma del Torito, dentro del predio donde estuvo el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba (Argentina). Movimientos nocturnos, tierra removida, restos humanos que le traían sus perros, tumbas. El campesino dio su testimonio en el juicio a las juntas militares de 1985. A muchos de los presentes se les puso la piel de gallina. El defensor del dictador Roberto Eduardo Viola, en cambio, no bien terminó la declaración, pidió a los jueces que le hicieran pericias a Solanille, para determinar si tenía problemas mentales o de alcoholismo. Los jueces no pidieron ninguna pericia y, en base a cientos de testimonios, probaron los delitos y condenaron a los culpables. Hubo que esperar 41 años para confirmar que el campesino había dicho la verdad.

Cada sociedad resuelve la transición democrática en base a su historia y a su idiosincrasia. Hay países que prefieren olvidar su pasado y hay países que lo recuerdan. Pero también hay países que además de recordarlo, lo juzgan. Argentina es uno de estos. No hace falta ahondar sobre los efectos negativos de olvidar el pasado. Pero entre recordar y juzgar hay una distancia profunda: la distancia que separa una memoria ética de una verdad judicial.

Cada año, cuando se acerca el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en mi país resurge la conversación acerca de la dictadura que padecimos. El tema no es nuevo; muchos de nosotros lo recordamos a diario. Lo novedoso hoy es el contexto en el que vuelve a plantearse. Bajo el Gobierno de Javier Milei, desde algunos sectores del poder político y cultural han reaparecido discursos que buscan relativizar el terrorismo de Estado, discutir cifras, reinstalar la idea de una “guerra” o reclamar una llamada “memoria completa”.

Esos discursos no surgieron ahora. Como muestran Hernán Confino y Rodrigo González Tizón en su libro Anatomía de una mentira. Quienes y por qué justifican la represión de los setenta, esos dichos tienen una larga genealogía. Se escucharon durante la propia dictadura y reaparecieron en distintos momentos de la democracia. Lo que cambia con el tiempo es el clima de época. Durante décadas, esas narrativas convivieron con algo más fuerte: un consenso social amplio acerca de la gravedad de los crímenes cometidos por la dictadura. Ese consenso no fue inmediato ni sencillo. Se construyó a lo largo de años de luchas sociales, testimonios, investigaciones históricas y, cabe destacar, procesos judiciales.

En ese sentido, el punto de inflexión fue el juicio a las juntas de 1985. Apenas dos años después del retorno de la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín tomó una decisión que en ese momento parecía casi imposible: sentar en el banquillo de los acusados a los comandantes de las juntas militares responsables de la represión. El juicio resultó histórico por muchas razones. Fue el primer proceso judicial en el mundo en el que un país juzgó a los responsables de una dictadura mediante tribunales civiles. Durante meses, se escucharon testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos y testigos de los centros clandestinos de detención. Se reconstruyeron circuitos represivos, cadenas de mando, mecanismos de desaparición forzada, torturas y asesinatos. Lo que hasta entonces había sido denunciado por organismos de derechos humanos comenzó a adquirir la forma contundente de la prueba judicial. El alegato final del fiscal Julio César Strassera quedó grabado en la memoria colectiva: “Señores jueces: nunca más”.

Las sentencias fueron contundentes. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera recibieron prisión perpetua. Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti también fueron condenados a penas de prisión. La historia posterior fue más compleja. Hubo leyes de impunidad, indultos y retrocesos. Algunos de esos condenados recuperaron la libertad en los años noventa. No es menor señalar que esto sucedió durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, un Gobierno que guarda cierta analogía con el actual. Sin embargo, el juicio de 1985 había producido algo que ya no podía borrarse: un relato público basado en pruebas judiciales.

Décadas después, cuando durante el Gobierno de Néstor Kirchner la Corte Suprema anuló las leyes de impunidad y se reanudaron los procesos por delitos de lesa humanidad, muchos de los responsables volvieron a enfrentar la justicia. Videla murió en prisión en 2013. Otros condenados murieron antes o después de cumplir sus penas. Pero más allá del destino final de cada uno de ellos, el punto central es que fueron juzgados. Ese hecho estableció un piso de verdad difícil de discutir y erosionar.

España también atravesó una dictadura brutal bajo el mando de Francisco Franco. Tras su muerte en 1975, el país inició una transición hacia la democracia que hoy suele considerarse un modelo de estabilidad política. Esa transición se construyó sobre la Ley de Amnistía de 1977, que permitió liberar a presos políticos y facilitar el cambio institucional, pero también impidió que los responsables de la represión fueran llevados a juicio y que se determinara una verdad judicial sobre los hechos. Durante décadas, las víctimas del franquismo quedaron fuera de los tribunales. Las fosas comunes de la Guerra Civil permanecieron cerradas. La memoria sobrevivió en el ámbito familiar, en asociaciones de víctimas o en algunos sectores académicos y culturales, pero no encontró un reconocimiento judicial comparable al que se produjo en Argentina.

Por supuesto que el proceso español y el argentino difieren, cuando menos, en algo fundamental que dificulta la comparación: la dictadura argentina duró casi ocho años y la española, 36. Después de tanto tiempo, la sociedad española decidió que era primordial pacificar. Quizás haya sido la decisión acertada, pero tuvo como costo un largo silencio. En los últimos años, España empezó a revisar ese pasado con la apertura de fosas, las leyes de memoria y los debates historiográficos, colocándolo en el centro de la discusión pública. Ese debate apareció recientemente en una polémica entre Arturo Pérez-Reverte y David Uclés, que terminó con el aplazamiento de unas jornadas en Sevilla sobre la Guerra Civil. En Argentina, en cambio, el eje del debate es otro. Aquí también existen discusiones, revisiones y disputas políticas. Pero el desacuerdo no gira tanto alrededor de los hechos como de su interpretación o de su uso político. Los hechos centrales —la existencia de un sistema de desapariciones, torturas y asesinatos organizado desde el Estado− fueron establecidos judicialmente hace casi 40 años. Esa diferencia tiene consecuencias profundas. Un país que juzga a sus dictadores no elimina las discusiones sobre el pasado, pero establece un marco de referencia común. Puede haber intentos de relativización, reinterpretaciones o polémicas ideológicas, pero hay algo que funciona como límite: la verdad judicial. Incluso en el contexto actual, marcado por el ascenso de nuevas derechas y por discursos que cuestionan políticas de memoria, ese límite sigue existiendo. Hoy es posible escuchar en Argentina voces que hablan de “guerra”, que cuestionan el número de desaparecidos o que intentan equiparar responsabilidades entre el terrorismo de Estado y la violencia de organizaciones armadas. Sin embargo, incluso dentro de los votantes del Gobierno, persiste una convicción extendida: la dictadura militar cometió crímenes atroces y esos crímenes no pueden justificarse con ningún argumento.

Este consenso social no surgió de manera espontánea. Es el resultado de décadas de construcción colectiva: el trabajo de organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, las investigaciones periodísticas, los testimonios de sobrevivientes, las políticas públicas de memoria y, sobre todo, los juicios. En ese sentido, el juicio a las juntas fue un acto fundacional de la democracia argentina. Por eso, cuando hoy aparecen voces que buscan relativizar lo ocurrido, lo hacen sobre un terreno poco fértil. Si pretenden discutir los hechos, hay una respuesta sencilla: ya fueron probados judicialmente, en un juicio modélico que es referente en la materia en todo el mundo.

Una vez que un país juzga su pasado en un tribunal, la verdad deja de ser solamente una cuestión de memoria o de interpretación. Las discusiones pueden volver. Las narrativas negacionistas pueden reaparecer, como explican Confino y González Tizón. La política puede intentar reabrir debates que parecían cerrados. Pero hace 40 años, en una sala de tribunales, nuestro país decidió escuchar a las víctimas y juzgar a sus verdugos. Desde entonces, incluso en medio de las discusiones más ásperas, existe un consenso básico sobre quiénes fueron los responsables del terrorismo de Estado y por qué esos crímenes no pueden justificarse. Ese consenso no es perfecto ni inmutable. Pero existe. Y en tiempos en los que tantas cosas pretenden discutirse, recordar cómo se alcanzó quizá sea una de las tareas más importantes de la democracia.

Hace pocos días, el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró parte de los huesos de quienes fueron enterrados en Loma del Torito, tal como había señalado aquel campesino, en el juicio de 1985. Solanille no estaba ni borracho ni loco. Gracias a su testimonio, los sobrevivientes de las víctimas ya no son hijos, hermanos o sobrinos de desaparecidos, sino de asesinados por la dictadura. Y ese cambio, que puede parecer semántico, es la clave de lo que construimos juntos, sobre la base de la prueba judicial, con la memoria intacta, lo que cada 24 de marzo nos lleva a las calles con el lema memoria, verdad y justicia.