Pocas cosas que cambian tanto como el pasado

Aunque parezca lo contrario, existen pocas cosas que cambien tanto como el pasado. Es cierto que los sucesos pretéritos son inmodificables. Pero los recortes que hacemos los seres humanos, lo que decidimos olvidar, lo que decidimos recordar, y el modo en que recordamos aquello que recordamos, cambia al calor de las preocupaciones, los intereses, los miedos, los axiomas del presente.

Ni la memoria ni la Historia son sinónimos del pasado. La memoria es un recorte sentimental y emocional, individual y colectivo de ese pasado. Y la Historia es el estudio metódico del pasado, pero recortado y definido a partir de las preguntas del presente.

Las sociedades utilizan el pasado. Todas lo hacen. Todo el tiempo. Las disputas ideológicas se alimentan con narrativas que eligen interpretar el pasado de ciertas maneras, en oposición a otras. Las ideologías ordenan, jerarquizan, silencian, legitiman. Es algo propio de cada época y de cada actor social y político. Cada cual acude al pasado para legitimarse en él. Pensemos lo que pensemos, defendamos lo que defendamos, deploremos lo que deploremos, vamos a construir una versión del pasado que esté en sintonía con todas esas decisiones.

La dictadura militar argentina de 1976-1983 no escapa, naturalmente, a estas variaciones interpretativas. A lo largo de los 50 años transcurridos desde el golpe militar se han sucedido miradas diversas, al calor de opciones políticas distintas.

La primera gran construcción narrativa sobre la dictadura la edificó el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). Apenas asumió el poder, el líder de la UCR puso en práctica una de sus principales promesas electorales: lejos de aceptar la autoamnistía militar (con la que el candidato peronista Ítalo Luder sí estaba de acuerdo) ordenó el juzgamiento de las Juntas Militares que habían comandado la represión ilegal. Para apuntalar esa iniciativa puso en marcha la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, CONADEP, que se encargó de recabar, ordenar y publicar los testimonios alusivos a los miles de casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares. Eso sí: Alfonsín también propició el juzgamiento de las cúpulas de las dos organizaciones guerrilleras más importantes (Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo) que habían emprendido, desde principios de los años 70, la guerra revolucionaria a través, sobre todo, de asesinatos políticos, secuestros extorsivos, copamiento de unidades militares y atentados con explosivos. Así se construye la interpretación alfonsinista sobre la dictadura y la violencia setentista, que logró un amplio consenso social durante algunos años: la violencia política había sido protagonizada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad (con un enorme cúmulo de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones). Pero también por las organizaciones armadas de extrema izquierda. A estas últimas no les cabía la misma responsabilidad que a las fuerzas estatales, pero no eran inocentes en lo que la Argentina había padecido.

La segunda construcción explicativa la edificó Carlos Menem (1989-1999) al principio de su mandato. Se presentó como un pacificador destinado a inaugurar un tiempo de reconciliación nacional, y utilizó la herramienta constitucional del indulto (el perdón presidencial) para dejar en libertad tanto a los militares como a los líderes guerrilleros que habían sido condenados. Estableció, además, indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Las organizaciones de Derechos Humanos y la oposición política (la UCR, la izquierda y el progresismo en general) se opusieron rotundamente al indulto a los militares, pero ni el oficialismo peronista ni la sociedad en general (mucho más atenta a la estabilización macroeconómica que Menem pareció capaz de consolidar a partir de 1991) pusieron reparos ostensibles a este proceder. Los indultos no negaban los delitos cometidos: dejaban en libertad a los responsables como una manera de “dar vuelta la página”: era mejor, según esta mirada, dejar los años 70 atrás. La reelección de Menem en 1995 con el 50% de los votos dice algo con respecto al sitio que tenía (o no tenía) la impugnación a esa estrategia, en esa época.

Argentina atravesó una profunda crisis económica y de representatividad política que puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa. En las elecciones de 2003 fue electo Néstor Kirchner con un modestísimo 22% de los votos (accedió a la presidencia porque Carlos Menem, que había obtenido el 24%, se negó a presentarse a la segunda vuelta). Uno de los pilares que Kirchner eligió para legitimar ese inicial poder exiguo fue asumirse como un rotundo defensor de los derechos humanos. También él, como Menem, interpretó su presidencia bajo una luz fundacional, aunque de signo distinto, al punto de declarar que, hasta su asunción, “no se había hecho nada” en pro de los derechos humanos. Dejó sin efecto los indultos a los militares (aunque mantuvo vigentes los de los jefes guerrilleros) y las leyes que habían limitado la responsabilidad penal de los militares subalternos. A partir de entonces se retomaron y ampliaron los juicios a los militares, y el kirchnerismo se granjeó el apoyo incondicional de las organizaciones de derechos humanos y del progresismo en general.

A su modo, el kirchnerismo retomó la vieja disputa que había sacudido al peronismo a principios de los setenta, entre su ala ortodoxa de derecha y su ala revolucionaria de izquierda, que había desencadenado una enorme violencia durante el trienio peronista 1973-1976. El kirchnerismo se sintió heredero de aquel peronismo de izquierda, y alumbró de ese modo un nuevo paradigma en la interpretación de la violencia de los años 70. Ahora la responsabilidad se ceñía, exclusivamente, a los militares que habían tomado el poder en 1976. La violencia revolucionaria, en cambio, fue recategorizada como militancia social, y silenciados el carácter violento de sus acciones y el enfoque revolucionario de sus objetivos.

Más allá de que el kirchnerismo consiguió consolidar un fuerte apoyo electoral (ganó las presidenciales de 2007, 2011 y 2019) y su interpretación de los años setenta se convirtió en dominante, no llegó a erosionar del todo las miradas anteriores. En la defensa de la “pax menemista” sólo se atrincheraron quienes, en el fondo, reivindicaban el accionar de la dictadura. Pero fueron numerosos los actores sociales y políticos que conservaban su apego a la interpretación alfonsinista (aquella que deploraba también la violencia revolucionaria).

La década de 2010 fue escenario de una fuerte disputa simbólica entre ambas interpretaciones. Fueron varias las acciones de alto contenido simbólico que el kirchnerismo puso en juego en esa disputa. Convirtió en feriado nacional el día del golpe militar: un modo de decir que antes del 24 de marzo de 1976 nada era reprochable, ni revisable, a diferencia de lo que sostenía el viejo criterio alfonsinista. En la misma línea cambió el prólogo del “Nunca más” (el célebre informe final que elevó la CONADEP sobre sus investigaciones) porque consideró que no debía mencionar las acciones violentas de la guerrilla. E insistió por todos los medios en consolidar, como único, al referirse al número de desaparecidos, el de 30.000. Ese número había surgido en plena dictadura, cuando las organizaciones defensoras de los derechos humanos intentaban llamar la atención de la opinión pública internacional. No tenían (no podían tener) una idea real del número, con los militares todavía en el poder y cuando ignoraban, de hecho, no sólo el número de casos, sino la situación concreta de los desaparecidos. La CONADEP, por su parte, había llegado a un número cercano a los 9.000 casos. Frente a esta discrepancia, el paradigma kirchnerista fue rotundo: quien aludiera al número al que había arribado la CONADEP (enorme, por otra parte) sería tildado de “negacionista”. No es casual la elección del término, hasta entonces reservado a quienes negaban el genocidio nazi ejecutado contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos dos años la llegada de Milei al gobierno (y el desplazamiento del kirchnerismo a la oposición), más que reavivar debates clausurados ha modificado parcialmente el grado de presencia de cada una de estas narrativas en la esfera pública. No creo (y sé que en esto discrepo con la mayor parte del progresismo) que se haya vuelto mayoritaria la visión que encarnó el menemismo, y que deseaba archivar bajo un manto de olvido al terrorismo de Estado: esa postura pro-dictadura es reivindicada por un número minúsculo (aunque ruidoso) de argentinos. Creo más bien que es aquel viejo consenso alfonsinista (una década del 70 imperdonablemente violenta, en la que el mayor peso de culpabilidad le cabe, por lejos, a quienes manejaban el Estado, pero que no exonera a las organizaciones armadas de izquierda) el que ha recuperado terreno. Se niega a aceptar, para sí, ese mote de negacionismo y reivindica el aporte de la CONADEP.

Por supuesto, no está dicha la última palabra. Si el presente está cruzado de conflictos, es natural que el pasado continúe atravesado por interpretaciones antagónicas. Creo que lo más útil es aproximarnos a las disputas (inevitables en cualquier sociedad abierta al disenso) con el mayor grado de racionalidad posible. Para ello el estudio serio de la Historia (que incluye, entre muchas otras cosas, la evolución permanente de las narrativas) es una herramienta útil y necesaria, que nos permita aproximarnos al pasado más atentos al conocimiento que a la beligerancia militante.