Los sindicatos argentinos protestan en las calles contra el proyecto de reforma laboral que impulsa Milei

Con huelgas y marchas, los principales sindicatos de Argentina se manifestarán este miércoles contra la reforma laboral que promueve el Gobierno de Javier Milei. La movilización central se desarrollará en Buenos Aires, frente al Congreso, donde el proyecto que pretende transformar el régimen de trabajo comenzará a debatirse hacia el mediodía. En las últimas horas, el Ejecutivo ultra aceptó 28 modificaciones en el texto original y espera obtener la media sanción en el Senado, para luego buscar la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados.

“El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias”, denunció la mayor organización gremial del país, la Confederación General del Trabajo (CGT). “Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja”, remarcó la central obrera en su convocatoria a marchar contra el proyecto de ley.

En la protesta frente al Congreso, que tendrá réplicas en diversas ciudades del país, confluirán trabajadores de otras federaciones, como las dos vertientes de la CTA. Pese al reclamo de los sectores más radicalizados, la CGT no llamó a una huelga general. La Confederación de Trabajadores del Transporte sí anunció ceses de actividades que afectarán al transporte aéreo, naval y al metro de Buenos Aires. También pararán los empleados del Estado y de otros sectores, como el metalúrgico y el aceitero. De la manifestación participarán, además, agrupaciones políticas vinculadas con el peronismo y con la izquierda.

La reforma laboral es el primer gran objetivo de Milei en 2026. Después del triunfo que obtuvo en las elecciones legislativas de octubre pasado, el Gobierno cuenta con una mayor bancada parlamentaria y con más respaldo de otras fuerzas. El proyecto de ley es presentado por el Ejecutivo como una “modernización” del régimen de trabajo que rige, a grandes rasgos, desde 1974, y que el peronismo, hegemónico en los sindicatos, ha sido históricamente reacio a modificar. La promesa de la ultraderecha es que la reforma permitirá reducir la informalidad laboral, que hoy afecta al 43% del empleo.

Entre otros cambios, la reforma propone aliviar las cargas de las empresas con la reducción de aportes a la seguridad social y la creación de fondos especiales para financiar las indemnizaciones por despido. También prevé habilitar la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, crear un banco de horas, fraccionar las vacaciones durante todo el año y pagar los sueldos en cualquier moneda, en especie, comida o alojamiento.

Por otro lado, el proyecto incluye varias medidas que debilitarían el poder de los sindicatos. Por ejemplo, supedita el alcance de los convenios colectivos nacionales por rama de actividad a los acuerdos establecidos dentro de cada empresa. En la misma línea, limita el derecho de huelga para determinados trabajos definidos como esenciales.

“Hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia en más de 50 años”, celebró este martes la senadora Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, el partido de Milei. “Es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo”, aseguró Bullrich y precisó que el entendimiento incluye a partidos como el conservador PRO —habitual aliado del oficialismo—, la centrista Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales de distinto signo. La ultraderecha espera contar con el respaldo de 44 de los 72 senadores.

Para alcanzar el acuerdo anunciado, el Ejecutivo tuvo que hacer numerosas concesiones. Según dijo Bullrich, el proyecto original sufrió 28 modificaciones. Aunque la letra definitiva se conocerá durante la sesión, trascendió que los gobernadores provinciales consiguieron que se excluyera una rebaja del Impuesto a las Ganancias, que hubiera implicado una merma de 3 billones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) en fondos que son coparticipables, es decir, que se distribuyen entre los 24 distritos federales del país. Los bancos lograrían que se retire la posibilidad de que los trabajadores acrediten sus salarios en billeteras virtuales. También los gremios obtendrían una concesión: el proyecto no incluiría, al menos durante dos años, la eliminación de aportes que realizan trabajadores y empresas a los sindicatos y sus obras sociales.

La principal oposición a la reforma laboral estará representada, dentro del Senado, por los legisladores del kirchnerismo. Uno de los referentes nacionales del espacio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció este martes en rechazo a los cambios impulsados por Milei y anunció que participará de las protestas frente al Congreso. “Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral”, dijo, “es una ley de precarización laboral”.