Detenidos los responsables del laboratorio investigado por un centenar de muertes por fentanilo en Argentina

El cerco judicial comenzó a cerrarse en torno a una decena de empresarios y profesionales técnicos vinculados con la producción y distribución de fentanilo clínico contaminado en Argentina, el nudo de una crisis sanitaria por la que murió casi un centenar de personas. El juez del caso, Ernesto Kreplak, ordenó a detención de los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las compañías detrás del opiáceo infectado con bacterias, así como allanar sus domicilios y direcciones comerciales. El dictamen señala, además de los fallecimientos en diferentes hospitales del país, posibles desvíos de fentanilo al mercado ilegal.

La investigación computa 87 personas muertas tras haber recibido el fentanilo inyectable de HLB/Ramallo mientras estaban internadas en distintos centros de salud. Y hay otros nueve casos de fallecidos que podrían añadirse a la lista de víctimas. Si bien el opiáceo sintético con presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii ya no está siendo utilizado, no se descarta que puedan identificarse más víctimas.

La orden del juez federal Kreplak, impartida este miércoles, solicitó el arresto del empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma; de sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes cumplían funciones gerenciales; y de su madre, Nilda Furfaro, accionista de la firma farmaceútica. También apuntó contra las principales autoridades de Laboratorio Ramallo: su presidente, Horacio Tallarico, y su director suplente, Rodolfo Labrusciano. Los otros cuatro involucrados son los directores generales y técnicos de ambos laboratorios: Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

En las primeras horas de la noche se conoció que agentes de la Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ya habían realizado las primeras detenciones, incluyendo a los tres hermanos García Furfaro y su madre. Los imputados fueron también citados a declaración indagatoria.

Los arrestos fueron resueltos por el juez después de recibir, este martes, el resultado de un peritaje realizado por el Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas de presuntas víctimas del fentanilo contaminado. Los peritos concluyeron que en 12 casos hubo “un nexo concausal” entre el consumo del opiáceo y la infección bacteriana que deterioró su salud y “contribuyó al desenlace fatal”. Un estudio previo a cargo de expertos del Instituto Malbrán —el organismo público dedicado a investigar y prevenir enfermedades infecciosas— había verificado la misma identidad genética entre las bacterias halladas en 44 fallecidos y en el fentanilo de HLB-Ramallo.

La investigación judicial comenzó en mayo pasado, después de que en abril se detectaran los primeros casos de pacientes infectados tras recibir el fentanilo adulterado. Según el dictamen de la fiscalía que tuvo en cuenta el juez para ordenar las detenciones, en los procesos de producción del medicamento se hallaron graves falencias estructurales.

Blanco de críticas por los fallos de los organismos de control que posibilitaron el uso del fentanilo contaminado, el Gobierno de Javier Milei celebró los arrestos de este miércoles. “Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un mensaje en sus redes sociales.

Hasta la semana pasada, el Gobierno ultra se había mantenido en silencio frente al escándalo del fentanilo. El último jueves, Milei decidió pronunciarse en un acto de campaña para las próximas elecciones legislativas. En la ciudad de La Plata, el presidente buscó relacionar al kirchnerismo —principal fuerza de oposición— con el empresario García Furfaro.

Más tarde, un comunicado del Ejecutivo amenazó al juez Kreplak con una recusación si no ordenaba “la inmediata detención” del empresario. El magistrado le respondió al presidente con un pedido de “respeto por las víctimas y las instituciones”, y le recordó “su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”.