Río de Janeiro, sin nadie al volante: la enésima crisis política deja al Estado sin gobernador

Es una de las viñetas más comunes en la prensa carioca: el Cristo Redentor llevándose las manos a la cabeza, tapándose la cara, avergonzado, o directamente tirando la toalla y echando a volar desde lo alto del Corcovado. El ambiente de crisis política permanente, al que se han acostumbrado en los últimos años los brasileños del estado de Río de Janeiro (17 millones de habitantes, la segunda economía de Brasil), se ha recrudecido estas semanas, ante la falta de un gobernador salido de las urnas.

El bolsonarista Cláudio Castro, electo en 2022, dimitió a finales de marzo para salvarse de un proceso judicial y lanzar su candidatura a senador. Poco después, fue inhabilitado. Y no existe una fórmula clara sobre cómo sustituirlo, porque la situación creada es tan improbable que ni siquiera estaba prevista en la ley. Como telón de fondo, las elecciones de octubre, cuando los brasileños elegirán al presidente, renovarán el Congreso y elegirán a los 27 gobernadores además de las asambleas estatales.

Consciente de que su momento se acababa, Castro, un político de escaso carisma que llegó a la primera línea de carambola, decidió que en 2026 intentaría prolongar su carrera política postulándose al Senado. No parecía algo difícil para este cantante de gospel evangélico en sus ratos libres. A pesar de no ser una figura popular, ser el representante de la extrema derecha en un estado muy conservador le prometía una campaña sin sobresaltos.

Tras dimitir, la Justicia electoral inhabilitó a Castro por haber usado el cargo para inflar su campaña electoral en 2022. La condena engrosaba una larga y triste tradición: en los últimos diez años, cinco exgobernadores de Río han pasado por la cárcel. Los que se han salvado, o han dimitido o han sido destituidos.

Su salida creó un vacío de poder por las vacantes en la línea sucesoria. Lo lógico era acudir a su vicegobernador, pero este renunció en 2025 para asumir un cargo vitalicio y muy bien pagado en un Tribunal de Cuentas. El siguiente en la línea de sucesión era el presidente de la Asamblea Legislativa, cargo vacante desde que el titular dimitió tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico.

Resultado: en estos momentos el gobernador es Ricardo Couto, el presidente del Tribunal de Justicia de Río, un señor gris desconocido para la mayoría, con escaso poder porque no tiene mayoría en la asamblea. Es la solución provisional.

La definitiva nadie la conoce. Sobrevuela la pregunta: ¿Quién debe elegir al próximo gobernador? La decisión se tomará a mil kilómetros de distancia, en Brasilia, en el Tribunal Supremo. Debe decidir si se celebra una elección indirecta (votan los parlamentarios de la Asamblea de Río) o si se convocan unos comicios para elegir un gobernador temporal hasta la votación de octubre. La resolución judicial no tiene fecha, lo que prolonga la crisis institucional y la judicialización de la política.

Esta es la enésima crisis de un estado en crisis permanente, algunos dirán que desde que la capital se trasladó a Brasilia en 1960. Los problemas empezaron a cronificarse en 2016: los fuegos artificiales de los Juegos Olímpicos escondían una administración que acababa de decretar el “estado de calamidad financiera”. Tras esquivar por los pelos la bancarrota, Río está desde entonces en apuros, renegociando deudas y con la muleta constante de la ayuda federal.

El gobernador de entonces, Sérgio Cabral, llegó a ser condenado a 400 años de cárcel por corrupción en las faraónicas obras olímpicas. Pasó apenas seis entre rejas. Ahora vive bajo medidas cautelares en un apartamento de lujo frente al mar. Su sucesor fue encarcelado por el mismo delito en 2018. Y el siguiente, fue destituido, acusado de lucrarse con los hospitales de campaña de la pandemia del covid-19.

No sólo son los gobernadores: en los últimos años han caído por corrupción, fiscales y prácticamente todos los consejeros del tribunal que, teóricamente, vela por la integridad de las cuentas del estado. Uno ellos era Domingos Brazão, condenado por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco. Ese homicidio puso de manifiesto que la fina línea que separa la política de Río del crimen organizado es prácticamente imperceptible. Muchos diputados de la asamblea de Río representan a las milicias paramilitares, y un juez del Supremo aseguró recientemente que, según la Policía Federal, una treintena de parlamentarios recibe mensualmente pagos del jogo do bicho, una tradicional lotería ilegal.

La ausencia de un liderazgo se nota, sobre todo en la seguridad pública, la principal atribución de un gobernador: públicamente se promete mano dura y se hace alarde de operaciones policiales como la que el año pasado acabó con 122 muertos, la matanza policial más letal de la historia de Brasil, pero lo cierto es que en los últimos años, tanto los paramilitares como narcotráfico han ganado dominio territorial y ya controlan el 20% del área metropolitana de Río. Cuatro millones de personas viven bajo el control o influencia de grupos armados, según un estudio de la Universidad Federal Fluminense (UFF).

Los desafíos económicos son enormes: Río de Janeiro es el estado más endeudado de Brasil, y eso que es el que más petróleo produce, lo que supone generosos ingresos. Ahí está otro talón de Aquiles y otro posible drama a la vuelta de la esquina: en las próximas semanas el Tribunal Supremo podría obligar a repartir esa riqueza —procedente de pozos frente a la costa de Río— con el resto de Brasil. Quebrarían decenas de ciudades acostumbradas a inflar sus presupuestos con petrodólares.

Eduardo Paes, alcalde de Río durante 12 años, se perfila como el hombre que gestionará ese incierto horizonte. Lidera las encuestas para las elecciones a gobernador. Alcalde de Río capital durante 12 años, tiene un perfil moderado que logra sumar votos a izquierda y derecha, y presume de que, aunque ha sido investigado en alguna ocasión, sus procesos siempre se han archivado.