La disputa comercial de Ecuador con Colombia golpea a enfermos críticos, empresas y agricultores

Alejandro Solano no deja de recibir mensajes en su teléfono. Son pacientes renales que, como él, alertan sobre la falta de insumos. Saben que si no reciben su tratamiento hoy, se descompensan. Para algunos, la espera ya supera las 24 horas: aparecen la hinchazón y el dolor de cabeza, síntomas de la gravedad de la enfermedad. La crisis sanitaria se ha agudizado en los últimos dos años y, lejos de resolverse, la disputa comercial lanzada por Ecuador contra Colombia ha empeorado el escenario. “Muchos de los medicamentos que usamos provienen de allá”, explica Alejandro mientras describe, uno a uno, los fármacos faltantes.

Ecuador importa el 99% de sus insumos médicos, incluyendo equipos, reactivos y dispositivos. De ese total, el 15% proviene de Colombia, según la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim). La situación es dramática en las unidades de diálisis: cerca del 70% de los insumos —filtros, soluciones, catéteres— dependen del país vecino.

“La primera tasa arancelaria del 30% ya fue un golpe que intentamos asumir, pero un 50% es imposible”, explica Cristina Murgueitio, representante de Asedim. En enfermedades graves como la renal, el sistema público tiene la obligación legal de garantizar el tratamiento. El Estado es el principal comprador y quien fija los precios de adquisición. “Ya teníamos un desfase de costos y esto agravará el desabastecimiento, sumado a una deuda millonaria del Estado con las clínicas de diálisis”, añade. El gremio ha solicitado una reunión con la vicepresidenta María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud, pero no ha obtenido respuesta.

En el Gobierno impera el silencio sobre las explicaciones técnicas de elevar el arancel al 50%. “Los pacientes renales sufrimos las consecuencias fatales de esta guerra”, lamenta Alejandro. El impacto ya se siente en el bolsillo: un kit de insumos que costaba 20 dólares hoy puede alcanzar los 50. Con una necesidad de tres sesiones semanales, el gasto asciende a 150 dólares solo en insumos básicos, sin contar fármacos para patologías asociadas como la hipertensión. “No hay paciente que pueda cubrir esa urgencia de querer vivir”, sentencia.

Entre el primer arancel y el aumento al 50% transcurrió apenas un mes. Ante la consulta de qué resultados espera el Gobierno, una fuente de las Fuerzas Armadas respondió escuetamente a este diario: “Que hagan lo mismo que nosotros: operaciones militares internas contra la minería ilegal y el narcotráfico”.

El presidente Daniel Noboa insiste en que la medida refuerza la seguridad nacional. “Es producto de un descuido absoluto en la frontera por parte de Colombia”, afirmó en Radio Centro. Según el mandatario, ese descuido obliga a Ecuador a invertir 400 millones de dólares adicionales en vigilancia fronteriza. Noboa también minimiza el impacto económico: “El peor socio comercial es Colombia. Teníamos un déficit de 1.100 millones de dólares; en febrero de 2025 fue de 90 millones, pero este mes fue positivo en 30 millones”.

En el sector empresarial, sin embargo, las cifras no convencen. Representantes del sector productivo de Ecuador y Colombia, junto con voceros de gremios empresariales y asociaciones sectoriales, presentaron recientemente un balance sobre los efectos de la medida en el aparato productivo, el empleo y las relaciones comerciales entre ambos países. Según sus cálculos, durante los primeros quince días de febrero de 2026 las importaciones desde Colombia sumaron 21 millones de dólares: 56 millones menos que en el mismo período del año anterior. La caída alcanza el 73%.

Ese descenso pone en riesgo cerca de 200.000 empleos, afirma María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. “La medida tiene un impacto directo en unas 2.000 empresas que importan productos desde Colombia”, señaló.

Golpe al campo

El impacto también se siente en el campo. En Daule, una localidad a una hora de Guayaquil, se produce gran parte del arroz que consumen los ecuatorianos y también el que se exportaba a Colombia. Miles de hectáreas de cultivo, algunas inundadas por las lluvias de las últimas semanas, siguen sin destino claro.

La principal preocupación de los agricultores son las deudas que asumen antes de cada siembra. “Ahora no solo sembramos con la incertidumbre del clima y de los precios, sino también con las decisiones del Gobierno”, dice Segundo Tello, agricultor que creció entre los arrozales de Daule. Para sostener su hogar también trabaja como guardia de seguridad. “¿Y el que no tiene esa opción?”, se pregunta, consciente de que el arroz que coseche en las próximas semanas tendrá que venderlo a cualquier precio.

Marco Vinicio Ruiz, en cambio, ha tenido que apagar las máquinas que separan y limpian el arroz. Su piladora lleva unos diez días paralizada, sin procesar el grano que solía comprar a pequeños agricultores de la zona. Ecuador produce alrededor de 700.000 toneladas de arroz al año. De ese total, unas 70.000 toneladas se exportaban a Colombia. “Ese excedente nos ayudaba a sostener el precio interno. Después del anuncio el precio cayó aún más. Esto nos va a desaparecer”, dice Ruiz.

Lo que más preocupa al sector es que no se trata de una crisis coyuntural, como las provocadas por el clima o las plagas, sino de un conflicto comercial sobre el que no tienen control. A su juicio, los más perjudicados serán los campesinos de las zonas rurales. “Se está debilitando la economía de familias que subsistían con lo básico. Si trabajan a pérdida, los chicos dejarán de ir a la escuela y habrá una cadena de efectos que terminará en más delincuencia”, advierte Ruiz.

El sector arrocero ecuatoriano es uno de los que más ha sentido la respuesta de Colombia, que no solo impuso un arancel del 30% al arroz ecuatoriano, sino que también ha restringido su paso terrestre por la frontera. Para José Luis García, dirigente del Comité de Defensa del Agricultor, la medida ejercerá presión en la frontera y abrirá la puerta al contrabando. “Los colombianos que durante años han consumido arroz ecuatoriano encontrarán la forma de ingresarlo de manera informal”, sostiene.

En algo coinciden todos los gremios implicados: el arancel de “seguridad”, que busca presionar a Colombia para que refuerce el control en su lado de la frontera, podría terminar fomentando las trochas, los pasos ilegales por donde operan las redes de contrabando. Colombia ha anunciado que ya tiene listo el borrador del decreto con el que igualará el arancel al 50%. La incertidumbre en Ecuador se ha disparado. Mientras los gremios presionan por una salida diplomática, pacientes, agricultores y empresarios esperan una señal diplomática que el presidente Noboa, por ahora, no parece dispuesto a dar.