Del pulso por el Canal a Honduras: Trump reactiva la tutela de Estados Unidos sobre Centroamérica

Cuando Donald Trump cuestionó públicamente el control del Canal de Panamá, en Centroamérica se encendieron las alarmas. No se trataba solo de una declaración altisonante, una más en el estilo provocador del republicano, sino del primer síntoma visible de una política que vuelve a colocar a la región bajo la tutela de Estados Unidos. Trump reactivó viejos reflejos de injerencia al interferir en la elección presidencial de Honduras y al amenazar con recortes a la ayuda a los gobiernos centroamericanos como mecanismo de presión para que firmaran acuerdos destinados a contener a los migrantes. El istmo, una vez más, aparece en el radar de Washington no como un socio estratégico, sino como un patio trasero que debe ser controlado.

En Centroamérica aún supuran las heridas de la injerencia estadounidense. Desde el siglo XIX, Estados Unidos convirtió a la región en un foco prioritario de su política exterior y en una zona sometida a los designios de Washington. La lógica fue siempre la misma: proteger intereses económicos, comerciales y geopolíticos bajo el argumento de la estabilidad y la seguridad hemisférica. En 1909, Estados Unidos intervino en Nicaragua para forzar la caída del presidente José Santos Zelaya, acusado de desafiar los intereses estadounidenses y europeos. Pero el sometimiento del país se consolidó con la ocupación militar de los marines en 1912, que se prolongó hasta 1933 y dejó, antes de su retirada, un gobierno títere encabezado por Anastasio Somoza García. Aquella imposición inició una de las dictaduras familiares más longevas y sangrientas de América Latina, que se extendió durante más de 40 años.

El historial de intervenciones es largo. Washington orquestó en 1954 el derrocamiento del presidente democráticamente electo de Guatemala, Jacobo Árbenz, a través de una operación encubierta de la CIA que marcó el inicio de décadas de violencia y guerra interna. En los años ochenta, el Gobierno de Ronald Reagan financió el entrenamiento y avituallamiento de la contra, la guerrilla de derecha que pretendía derrocar al Gobierno sandinista en Nicaragua, una estrategia que derivó en una guerra civil con más de 50.000 muertos. En 1989, 24.000 soldados estadounidenses del Comando Sur invadieron Panamá para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, en una operación que dejó decenas de civiles muertos y consolidó la imagen de Estados Unidos como árbitro en la región.

Ese pasado no es solo memoria histórica. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha reactivado una política de presión directa y sin matices diplomáticos. Expertos consultados por EL PAÍS interpretan esta estrategia como un intento por contrarrestar la creciente influencia de China en lo que Washington sigue considerando su zona natural de influencia. La región centroamericana, atravesada por rutas comerciales clave y urgida de inversiones, se ha convertido en un tablero donde se juega parte de la disputa global entre potencias.

“Centroamérica es vista por Estados Unidos como una obligación estratégica que debe mantenerse dentro de su zona de influencia”, afirma Carlos Murillo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Para el académico, esta versión renovada de la doctrina Monroe —a la que define como una ‘doctrina Trump’, basada en la coerción económica y política— se hará cada vez más visible. “Los países centroamericanos no tienen margen de maniobra si reciben amenazas de aranceles o incluso de una intervención militar, como ocurrió en el pasado con Panamá”, señala. Murillo sostiene que Estados Unidos busca recuperar la hegemonía global que tuvo a mediados del siglo XX y que, para lograrlo, considera imprescindible ejercer control político, económico y militar sobre el hemisferio occidental.

La nueva política de injerencias comenzó apenas días después de que Trump regresara al poder, en enero de 2025, cuando insistió en la necesidad de “recuperar” el Canal de Panamá. “China está operando el canal, pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar”, declaró. Trump acusó al Gobierno panameño de cobrar tarifas “exorbitantes” a los buques estadounidenses y sugirió que Washington podría retomar el control de la infraestructura. El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó de inmediato esas afirmaciones y respondió que “el canal es y seguirá siendo de Panamá”. América Latina cerró filas con el país centroamericano.

El analista en geopolítica Ángel Martínez, de la Swansea University en Gales, explica que retomar el control del canal representaba para Trump una victoria rápida y simbólica. “Mata varios pájaros de un tiro: reafirma poder geopolítico, conecta con una narrativa nacionalista que moviliza a su base y refuerza la idea de que Estados Unidos no tolerará la expansión china en su entorno inmediato”, explica. Según Martínez, ‘recuperar’ el canal no implica necesariamente una administración directa, sino la imposición de condiciones preferenciales para los buques estadounidenses o la capacidad de monitorear el tránsito marítimo. “Eso también es una forma de adueñarse”, afirma.

El siguiente capítulo de esta nueva era de injerencias se escribió en Honduras. Trump irrumpió de manera explícita en el proceso electoral para apoyar al candidato conservador Nasry Asfura, finalmente declarado vencedor de las elecciones presidenciales tras un largo y caótico recuento que sumió al país en semanas de incertidumbre. “¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió Trump en Truth Social unos días antes de la elección. El mandatario estadounidense también indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, una decisión que sacudió a la opinión pública hondureña.

“El hondureño promedio confía mucho en Estados Unidos y lo toma como referencia de lo que aspiramos a ser”, explica desde Tegucigalpa Lucía Vijil, investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad). “Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y pesa enormemente lo que diga sobre Honduras. Trump ve todo en términos de negocios: dinero, acuerdos estratégicos, ganancias. No hay un interés real por el fortalecimiento institucional o democrático”, sostiene.

Las intervenciones estadounidenses se justificaron durante décadas bajo el discurso de la defensa de la democracia, aunque en la práctica muchas derivaron en dictaduras militares y regímenes autoritarios en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. “En los últimos 15 años, con luces y sombras, Estados Unidos había sido un aliado en temas de democracia y derechos humanos. Eso ya no está más”, afirma Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington. A su juicio, lo que se observa es también un retroceso democrático dentro de Estados Unidos. “La injerencia indebida en elecciones extranjeras es algo insólito y preocupante”, advierte. “No me queda la menor duda de que Estados Unidos se va a involucrar en otras elecciones, va a promover que salgan elegidos presidentes no de derecha, sino de ultraderecha que compartan con Washington los nuevos valores cristianos y nacionalistas”, agrega la analista.

La próxima prueba para esta política será Costa Rica, que celebrará elecciones el 1 de febrero. El país atraviesa una deriva autoritaria bajo el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, quien, impedido de optar a la reelección, busca asegurar la continuidad del chavismo costarricense a través de la candidatura oficialista de Laura Fernández. Para el analista Murillo, existe una “evidente subordinación” del Ejecutivo costarricense a Washington, visible en decisiones como la aceptación de migrantes deportados de terceros países, una política que replica el modelo impulsado por Estados Unidos en El Salvador.

Precisamente El Salvador ocupa un lugar central en la estrategia regional de Trump. Nayib Bukele mantiene una relación privilegiada con Washington. “Hay cercanías personales y políticas. Bukele ha sido hábil para posicionarse como un socio confiable para Estados Unidos”, explica Carlos Cascante, académico de la Universidad de Costa Rica. Honduras, añaden los expertos, también reviste un interés particular por albergar la única base militar estadounidense en Centroamérica.

El desinterés de Trump por la democracia queda aún más en evidencia en su actitud hacia Nicaragua. Pese a las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Washington ha mantenido una presión limitada. Un reportaje de Politico reveló que Managua coopera con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, lo que ha salvado a Ortega y Murillo “de la ira de Trump”. Aun así, las señales de presión existen. Ortega liberó recientemente a varios presos políticos, y el Departamento de Estado exigió la liberación incondicional de todos ellos.

Para Cascante, la presión estadounidense sobre Nicaragua se canaliza sobre todo por vías comerciales. El analista Murillo, en cambio, considera que al régimen le queda poco margen. “No se puede tener un vecino incómodo en el patio trasero”, afirma. Ortega, sostiene, sabe que ni Rusia ni China acudirán en su auxilio en caso de una intervención directa.

La palabra intervención vuelve así a instalarse en el vocabulario político centroamericano. Una región marcada por la memoria de ocupaciones, golpes de Estado y guerras observa cómo Estados Unidos reaparece con una política descarnada. Centroamérica, una vez más, vuelve a figurar en el radar de Washington no como una comunidad de países soberanas, sino como un espacio estratégico que debe alinearse. Al parecer, cueste lo que cueste.