La democracia no llegará por ‘delivery’: imaginando un futuro distinto para Venezuela

Pese a la aglutinación opositora en 2024, la dupla presidencial no logró convencer a actores estratégicos fundamentales como las fuerzas armadas de los beneficios de un cambio. Además, tampoco se produjeron fracturas relevantes dentro del bloque gobernante. Por el contrario, Machado luce ser una fuerza cohesionadora para la élite chavista.

Más aún, tras la victoria, la oposición de nuevo se fragmentó y debilitó. Esta realidad no puede entenderse sin considerar el contexto autoritario en el que opera. La represión prolongada ha erosionado de manera sistemática sus capacidades organizativas. Pero centrarse exclusivamente en la represión resulta insuficiente para comprender por qué las fuerzas antichavistas carecen de fuerza social y política sostenida.

Lo anterior se relaciona, además, con el carácter ampliamente elitista de los liderazgos que encabezan la oposición tradicional. Si bien hubo apoyo a la candidatura opositora por parte de sectores populares, ello no implica que la oposición cuente con la confianza de dichos sectores. De hecho, la oposición históricamente no ha logrado establecer una conexión sostenida con los sectores populares, ni ha desarrollado esfuerzos significativos de acercamiento que le permitan legitimarse más allá de los sectores aventajados. Sin incorporar a actores de estos sectores y sus metas y reclamos, la oposición seguirá representando los ideales y objetivos de una minoría del país.

La debilidad de la oposición se ha visto agravada por el recurso recurrente del outsourcing, es decir, la externalización de la estrategia en actores internacionales. Esta dinámica, evidente durante el “interinato” liderado por Juan Guaidó y replicada posteriormente, ha tenido altos costos. Delegar decisiones clave a actores externos con intereses propios ha mermado la autonomía opositora, apartando a sus dirigentes cuando las prioridades externas cambian. El outsourcing, por tanto, ha contribuido a erosionar su capacidad de acción y su cohesión interna.

En el fondo, persiste un problema relacionado con el modelo de liderazgo. La idea de que una sola figura puede o debe conducir una transición a la democracia sin inclusión y participación amplia contradice la lógica de estos procesos.

La democracia no llega por delivery. Su construcción no surge solo de una narrativa moral contra el autoritarismo, sino de articular diálogo y mayorías en proyectos comunes. Liderar en esta nueva coyuntura implica asumir un papel activo en la desradicalización del conflicto y del sector anti-chavista, conteniendo la deriva hacia el rencor y la exclusión que, aunque comprensible, pudiera afectar el muy necesario proceso de justicia, verdad, memoria y, a largo plazo, esperamos, de reconciliación.

En ese sentido, consideramos impostergable el desescalamiento sostenido del conflicto. Durante más de dos décadas, la polarización extrema ha marcado la vida política. No ha existido un verdadero ámbito político en el sentido profundo del término, para identificar y dirimir conflictos centrales. No ha habido un espacio donde se haya podido formular con palabras y se pueda convertir en acción con sentido político.

Adicionalmente, el cierre del espacio político no ha permitido a la ciudadanía participar como agentes diversos y responsables, sin temor a represalias. Como señaló Hannah Arendt, tomar la palabra en el espacio público no es solo comunicar; es iniciar relaciones, moldear acontecimientos y asumir consecuencias. Eso es lo que hace que la capacidad de formular los conflictos en palabras y el intercambio constituya el espacio de la política. El autoritarismo de la última década ha destruído la política precisamente al vaciar la palabra de significado y convertirla en propaganda, consigna o amenaza.

No obstante, cualquier plan de transición debería tener como objetivo central la reconstrucción del espacio político, no por actores externos sino por los propios venezolanos.

El gran reto subyace en recuperar la política como espacio de encuentro conflictivo pero legítimo y democrático. Para ello, más allá de la inversión millonaria de empresas petroleras, implicaría abrir un espacio para un proceso de mediación apoyado por la cooperación internacional en el que se toquen los temas centrales del conflicto, más allá de la negociación estratégica sobre cómo resolver la coyuntura.

Por otro lado, construir “acuerdos con mínimos pero medulares con propósitos compartidos” pudiera contribuir a la recuperación del espacio político perdido. Entendemos la concertación de acuerdos compartidos como un esfuerzo plural y transversal entre actores políticos, sociales y económicos que, más allá de sus diferencias, convergen en propósitos comunes. La oposición, “el pueblo” chavista y la “sociedad civil” venezolana es diversa, tanto en visiones como en estrategias. Reconocer esa pluralidad, institucionalizar el disenso y abrir espacios reales de diálogo puede abonar a un proceso de transformación de los conflictos. La tarea pendiente no es dejar de empujar, como Sísifo, sino aprender a planificar el ascenso de la montaña junto a actores diversos y heterogéneos y sostener la piedra colectivamente cuando se acerca a la cima.

Aunque suene difícil en estos momentos, con Estados Unidos como potencia dominante con intereses económicos y políticos imperialistas, las élites venezolanas pudieran estar, por primera vez, realmente forzadas a negociar si pretenden recuperar el espacio político interno y proteger al país de la subordinación externa.

Esfuerzos de esta naturaleza pueden contribuir a construir una mínima confianza entre actores y con ello una posibilidad de apertura de ranuras en el sistema. Avances en temas claves para la sociedad, como la atención de la crisis humanitaria y la libertad de los presos políticos, por un lado, y el levantamiento de sanciones, por otro, pudieran ser temas claves que faciliten otras discusiones importantes, como la reinstitucionalización del país y procesos de justicia en el futuro.

Además, acuerdos con respaldo interno diverso y legitimidad internacional, elevaría considerablemente los costos políticos y diplomáticos de otros intentos de invasión o tutela extranjera irreversible.

Sectores dentro de la oposición, por su parte, también tendrían incentivos para sumarse a acuerdos de este tipo. Un año y medio después de las elecciones en 2024, y tras su exilio y, por ahora marginada del proceso, es evidente que este sector y quienes se oponen al gobierno en el terreno deben reorganizar sus metas y estrategias. Apostar por acuerdos comunes mostraría que la oposición no es solo una fuerza de denuncia, sino un actor con capacidad real de incidir y asumir costos que no depende exclusivamente de su respaldo para existir políticamente, algo que al presidente Trump le sería difícil ignorar.

Más importante aún, estos acuerdos ofrecerían a la oposición la oportunidad de aportar al desmantelamiento viable del Estado autoritario, no a través de una ruptura abrupta o una toma total del poder, que hasta el presidente Trump la consideró incapaz de hacer, sino mediante la reconstrucción progresiva de reglas, contrapesos y prácticas democráticas. Esto le permitiría demostrar que su compromiso con la democracia no se agota al ganar elecciones o en su deseo de desplazar al adversario, sino que incluye la capacidad de auto-limitarse y gobernar desde la pluralidad. Y, más allá, promover, a largo plazo, los temas urgentes de justicia y reparaciones por las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del Estado.

Finalmente, la participación conjunta del chavismo y la oposición en acuerdos de propósitos compartidos enviaría una señal clara al país: que existe un interés genuino en mejorar la calidad de vida de la población. Durante años, tanto el chavismo como la oposición se han ido deslegitimando ante la ciudadanía al priorizar cálculos de poder por encima del bienestar colectivo. Los acuerdos podrían marcar el inicio de un proceso de reconstrucción de confianza, demostrando voluntad de cooperación, responsabilidad política y compromiso con el país antes que con la confrontación.

Todo indica que al Gobierno de Trump le interesa menos la democracia que la estabilidad política en Venezuela. Incluso desde esa lógica, Washington pudiera impulsar acuerdos de propósitos compartidos. Si no lo hace, cualquier “estabilidad” luce frágil, o incluso, provisional.