La inhabilitación de la exfiscal de la Nación en Perú reaviva las denuncias de injerencia política en la justicia

El Congreso peruano ha inhabilitado de la función pública, este miércoles, por 10 años a la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, tras aprobar en el Pleno un informe que la acusa de una infracción constitucional. La decisión llega pocos días después de que diversas organizaciones internacionales especializadas en Estado de derecho, así como expertos de la ONU, advirtieran de que se trata de un intento de “control político para someter al Ministerio Público”. Y de que alertaran sobre “el alto riesgo que esto supone para la lucha contra el crimen organizado afianzado dentro de los poderes políticos”.

La acusación central gira en torno a la Ley 32130, que establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía. Según el Congreso, Espinoza, desde la Fiscalía, emitió una resolución que contradice dicha norma al dar más atribuciones a los fiscales. Los diputados consideraron que eso invadía las competencias policiales. Sin embargo, la exfiscal ha asegurado que ella no participó en esa resolución, sino Juan Carlos Villena, quien actuaba como Fiscal de la Nación en funciones.

Durante la jornada del miércoles en el Pleno, la primera votación del informe consiguió 63 de los 68 votos necesarios para la inhabilitación. Sin embargo, por la tarde, fue presentada una segunda propuesta, donde se consiguieron 71 votos a favor. Durante su defensa en el Congreso, Delia Espinoza declaró: “Se quiere mandar un mensaje a la población y a los funcionarios: o te doblegas o te sacamos, o te sometes o pierdes tu trabajo”. Y añadió que la Comisión Permanente está “pisoteando el estado constitucional de derecho, dando inicio a una dictadura parlamentaria”.

Tras esta decisión, el Instituto de Defensa Legal (IDL), ha publicado un comunicado donde explica que la razón del Parlamento es “inexistente” y que Espinoza no tiene ninguna responsabilidad legal. Menciona que ha enfrentado una campaña de acoso por parte del Congreso: “Quieren un Fiscal de la Nación amigable y que no perturbe su estrategia de control del poder y su alianza con los grupos criminales para los cuales han estado legislando sin parar”.

Una decisión “arbitraria”

Antes de que el informe final pase a ser votado en el Pleno, Organizaciones internacionales especializadas en el Estado de derecho ―como el Centro para la Justicia y Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso o la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otros― emitieron un comunicado en el cual advierten de que la inhabilitación sería “profundamente arbitraria”.

Indican que la Ley 32130 es solo “una pieza más de un paquete de medidas aprobadas por el Congreso, ampliamente calificadas como pro-crimen” y que han socavado la capacidad de la Fiscalía para enfrentar las redes criminales. Señala también que el contexto es “especialmente alarmante: de los 130 congresistas, 54 cuentan con investigaciones previas, 63 tienen indagaciones preliminares y 10 enfrentan denuncias constitucionales sobre diversos temas”. Alertan de que esto puede ser un riesgo para la integridad de las elecciones generales de abril del próximo año.

La directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, explica que este es un “ataque a la independencia del Ministerio Público”. Manifiesta que además de que el Congreso “se ha dedicado a garantizarle la impunidad a los congresistas y a favorecer al crimen organizado”, la decisión carece de sustento legal. Por su parte, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, también emitió un comunicado donde asegura que esta situación “supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”. Y añade que el personal judicial debe poder desempeñar todas sus funciones “sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas”.

La situación con Delia Espinoza va más atrás de la polémica con la Ley 32130. Hace unos meses, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ―criticada por una parte de la opinión pública por ser otro brazo del Congreso― la suspendió preventivamente. Aun con una medida cautelar de un juez que ordena su reposición, la Junta no lo ha hecho y ha denunciado penalmente al magistrado que emitió dicha medida y al Poder Judicial en una demanda competencial. El comunicado de las diversas organizaciones también hace mención a la JNJ: “Ha jugado un papel clave en el cerco institucional contra la Fiscalía”.

Los especialistas mencionan que ya desde 2023 el Congreso de la República utiliza su poder “para capturar y paralizar al sistema de justicia, desmantelar la lucha contra la criminalidad organizada”. Según encuestas de IPSOS, a septiembre de 2025 el congreso tenía 5% de aprobación entre la población; en noviembre, tras la vacancia a Dina Boluarte, subió a un 19%.

En ese sentido, la abogada constitucionalista, Milagros Revilla Izquierdo, explica a EL PAÍS que este juicio político se enmarca dentro de las facultades que tiene el Parlamento por la Constitución y las mismas normas del Congreso. Sin embargo, para que el actuar sea el correcto, el legislativo debe cumplir con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad. Es decir, que la sanción que se le da a un funcionario sea proporcional al daño que ha hecho, comenta.

En este caso, el Congreso ha utilizado la sanción más alta que le faculta la Constitución, la de inhabilitación pública por 10 años y, según menciona Revilla, “todo parece indicar que lo ha hecho de manera irracional. El daño que alude, la infracción constitucional, no correspondería a ese número de años”. Y añade: “Cuando la toma de decisión del Congreso afecta esos tres principios, está inmerso en una violación del debido proceso, que es un derecho fundamental”.

Fernando Rospigliosi, quien fue uno de los congresistas que presentó la denuncia inicial contra Espinoza y otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos en octubre de 2024 y quien presidió la mesa directiva en la votación de la inhabilitación, publicó en X sobre la fiscal: “Politizó la fiscalía, la usó prevaricadoramente para perseguir a policías y militares, (...) desacató la ley reiteradamente. Bien sancionada por el Congreso”. Espinoza es la única a la que se le dio trámite a la denuncia; en el caso de los demás fiscales, el proceso fue archivado.

Delia Espinoza ha indicado que presentará una acción de amparo ante la decisión del Congreso de inhabilitarla de cargos públicos y denuncias por supuestas infracciones a la Constitución. Durante el Pleno del miércoles, el Congreso también aprobó levantar el fuero de Delia Espinoza, lo que le quita la inmunidad y la acusación ―que incluye delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones― puede ser remitida al Poder Judicial.