Defender el derecho al aborto en la era Bukele: “No queremos hacernos las valientes”

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A Luisa la condenaron en octubre a 30 años de prisión por un parto extrahospitalario en el que perdió a su hija. Cuando esta joven salvadoreña recibió la condena por homicidio agravado, su cuerpo comenzó a temblar. Petra, la abogada particular, acarició su rodilla para que se compusiera y declarara en su alegato final. “Usted está aplicándole la ley que protege a la infancia a la hija que perdí”, recuerda que le dijo a la jueza. “Aplíquesela también a los dos hijos que tengo y van a durar tres décadas sin verme”. La magistrada giró la cara y cerró la carpeta del caso.

A ella, como a cerca de 90.000 salvadoreños, le habían aplicado el estado de excepción, que dificulta su derecho a la defensa y no garantiza el debido proceso. La laxitud de este régimen -cada vez menos excepcional- es tal que bajo este paraguas también se persiguen activistas, robos y emergencias obstétricas y no sólo “animales y pandilleros” por los que el presidente Nayib Bukele instauró esta política hace casi cuatro años.

En el carro de vuelta a casa, Petra no pudo contener las lágrimas de rabia y frustración. Pensaba cómo sería la despedida con sus hijos si ella no fuera la abogada, sino la procesada. “Apelaremos esta y seguiremos luchando por las demás, pero tenemos familia. Somos humanas y esto también nos carga. Es imposible que no nos afecte”, cuenta conmovida en una cafetería de Bogotá, junto a otras dos abogadas, Alejandra y María Fernanda. A día de hoy, Luisa sigue entre bartolinas sin ningún penal que la reciba, pues la jueza aún no ha emitido una sentencia en firme. La alimentación corre a cargo de estas tres mujeres. “Cuando se trata de un caso del régimen, los oficiales se toman todas las licencias”, responde María Fernanda.

Ninguna de ellas quiere dar su nombre real ni ninguna pista que pueda revelar dónde trabajan o a quién están defendiendo actualmente. Lo último que quieren, repiten, es que perjudique “a las chicas” o a sus familias, a quienes ya han dado instrucciones claras en caso de que “la cosa se ponga más fea”: “Yo ya les he dicho que no gasten ni un dólar en mi defensa. Sé que, si me llevan presa, este Gobierno no me va a dejar salir jamás”, lamenta María Fernanda. Ellas son la cara de la resistencia de un movimiento acosado. Y también son mamás, parejas y amigas que temen las consecuencias de esta Administración cada vez más autoritaria e impune. “No queremos ser valientes”, repiten. No deberían serlo, pero lo son.

En El Salvador, defender los derechos sexuales y reproductivos nunca ha sido una tarea fácil. Desde que el país decidió en 1998 incluir en la Constitución que la vida “empieza desde la concepción”, los derechos de miles de mujeres quedaron por detrás de los de un feto, a pesar de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hubiera dejado clara su postura en sendos fallos. El trabajo de las abogadas defensoras de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas o abortos siempre ha sido cuesta arriba. Ahora, en la era de Bukele, se suma algo más: la imposición de un estado de excepción que muestra -cada vez más descaradamente- que el objetivo inicial nunca fue acabar con las pandillas.

Actualmente, hay una treintena de mujeres criminalizadas por delitos vinculados al aborto y las emergencias obstétricas. Chicas que terminaron con un embarazo no deseado, víctimas de violación, partos extrahospitalarios con complicaciones, abortos espontáneos… De ellas, al menos a cinco le han aplicado el régimen, bajo uno de los 43 decretos aprobados desde 2022, que abre el campo de aplicación a cualquier persona. Esto se traduce en un nuevo traspié para las salvadoreñas. Todas (de las que se conoce que están en un proceso legal) fueron acusadas entre el 2019 y 2025, bajo el mandato de Bukele.

El año pasado, el movimiento feminista celebraba la puesta en libertad de Lilian, la última de las 17 mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. Entonces, aún quedaban 11 procesos penales en pausa, la mayoría de los cuales se ha reactivado en este último mandato. “En El Salvador estamos dando pasos hacia atrás”, cuenta Alejandra.

Antes del estado de excepción, una mujer acusada por el delito de aborto tenía 72 horas hasta la audiencia inicial y otros seis meses de instrucción hasta la primera audiencia preliminar. En este tiempo, lo más común era que estuviera en libertad hasta obtener (o no) una condena. Con la aplicación del régimen, estos plazos se han estirado hasta dos años o más de instrucción en los que las chicas están en bartolinas o prisión preventiva hasta oír el fallo.

Además, se les aplica el secreto de sumario, por lo que las abogadas no pueden acceder a las actas físicas ni a las pruebas con tiempo de antelación para la preparación del caso. “Están poniéndole muy difícil a las mujeres su derecho a la defensa”, cuenta María Fernanda. Actualmente, al menos tres mujeres están en la cárcel, incluida una menor de 17 años, condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

Lo peor para estas tres salvadoreñas es la desinformación que suelen recibir las acusadas, casi siempre de entornos empobrecidos y sin estudios. “Cuando por fin damos con ellas, muchas no se fían de las abogadas particulares o de que no les cobremos y piensan que es mejor que las defienda alguien cercano al Gobierno”, explica Alejandra. “Así creen que tendrán una condena menos severa”.

Miembros del juzgado popular que no llegan por miedo, mujeres que vuelven a estar esposadas a una camilla y con la policía en la puerta de la sala de partos... Las historias de Manuela, Beatriz o Teodora -de hace más de una década- se repiten una y otra vez. El Salvador es una película de terror en bucle. “Nos queda mucho trabajo por delante y no nos podemos ir. Si no las defendemos nosotras, ¿quién?“, zanjan.

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