Condenan a 30 años al médico que mató con inyecciones a su esposa en Costa Rica

El Tribunal Penal de Liberia, en Costa Rica, condenó este lunes a 30 años de cárcel, por el delito de feminicidio a un médico acusado de matar a su esposa el 15 de julio de 2020 mediante el suministro de inyecciones. De acuerdo a las declaraciones del Poder Judicial, este administró dosis de benzodiacepinas y difenhidramina (ambos sedantes) fingiendo ser un remedio para la digestión. Raquel Arroyo Aguilar, de 41 años, falleció por “intoxicación mixta, edema y hemorragia pulmonar” frente a sus dos hijos, que entonces tenían 12 y 14 años. La víctima quería divorciarse por “abuso emocional y patrimonial”.

“El imputado [identificado con los apellidos Carmona Jaén], con el objetivo de beneficiarse de la póliza que mantenía la ofendida sobre una vivienda, cuyo primer beneficiario era él, planeó la muerte de la víctima, para lo cual, el hombre suministró medicamentos vía intravenosos para tratar la colitis a la víctima y de esta manera ganar la confianza de ella y que no sospechara su intención de acabar con su vida”, aseguró en un comunicado el Poder Judicial. La planeación del asesinato es lo que hizo que los jueces aplicaran casi la máxima del delito por feminicidio en el país, que oscila desde los 18 a los 35 años. Esta condena puede ser apelada. Hasta la sentencia en firme, el imputado estará en prisión preventiva.

La Fiscalía comprobó durante los juicios que a mediados de 2020 la mujer mostró intención de divorciarse “para romper con el círculo de violencia que sufría” y que cuando este se dio cuenta decidió deliberadamente acabar con su vida. “La relación de pareja se caracterizó por el abuso emocional y patrimonial que este ejercía sobre la mujer”, añadieron.

Cuando llegaron los sanitarios a la casa de Arroyo, sospecharon inmediatamente de que podría haber sido un feminicidio y activaron un protocolo científico de investigación por el que terminaron determinando la intoxicación como la causa de la muerte.

“Años de sensibilización en violencia de género”

Para la jueza y docente de la cátedra de ciencias penales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Zhuyem Molina, esta efectiva respuesta es el fruto de “años y años” de sensibilización técnica y especializada en violencia de género. “Esto implica que se tuvo cuidado técnico y científico y que se deshicieron de los sesgos de género [de dar por buena, por ejemplo, la versión de su pareja]. Si hubieran partido de sesgos, a la mujer la hubieran enterrado y jamás hubiéramos sabido qué le pasó”, explica por teléfono. “Este caso muestra que cada vez más los oficiales tienen una mirada províctima, hasta que se demuestre lo contrario”.

Si bien el movimiento feminista costarricense celebra esta condena ejemplarizante, parte del colectivo como Shi Alarcón-Zamora, profesorx feminista del Instituto Tecnológico de Costa Rica, lamenta que la presencia del Estado no llegue antes de que mueran. “Parece que la cárcel no es el lugar donde los hombres aprenden a dejar de ser violentos con las mujeres. Hacen faltas políticas públicas de prevención y puntos violeta en el país con personal cualificado, pero para este Gobierno la protección de las mujeres no es central”, critica por teléfono.

Cada día, 106 mujeres solicitan medidas de protección en el país centroamericano, según datos de 2023 del Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Sin embargo, las expertas entrevistadas denuncian que estas solicitudes se enfrentan a un sistema judicial lento y que muchas veces deja en impunidad a los agresores. La violencia machista, los recortes en inversión social y los discursos misóginos de la Administración de Rodrigo Chaves, explican, ponen en peligro las conquistas alcanzadas.

Hace tres semanas, de hecho, el país restringió más aún el derecho al aborto [que ya es de los más conservadores de la región]. A partir de ahora, solamente se podrá realizar un aborto sin sanción penal cuando la vida de la madre esté en peligro. Ya no basta con que haya una grave amenaza a la salud de la madre, sino que debe existir riesgo de vida.

Hace tres años, el presidente se disculpó públicamente por las denuncias de acoso sexual en su contra, cuando trabajaba en el Banco Mundial. “Si tenemos un presidente que habla mal de las mujeres y tiene comportamientos lascivos con ellas... es normal que el resto de hombres del país crean que tienen licencia para matar”, zanja Alarcón-Zamora.

El Observatorio de violencia de género contra las mujeres del Poder Judicial contabiliza en lo que va del 2025 un total de 32 feminicidios, mientras que en 2024 hubo 40; en 2023 se registraron 34; en 2022 el número fue de 26; en 2021 hubo 20 y en 2020 se contabilizaron 30. Los últimos casos conocidos en Costa Rica muestran también una ardua planificación del asesinato y una brutalidad extrema en la ejecución y en la desaparición de cadáveres.

Molina insiste en que hay que desterrar la idea de que los hombres que asesinan a sus parejas o exparejas son “locos”, “estaban borrachos” o son “monstruos”. La planificación de estos homicidios es el ejemplo más rotundo de que la intención inequívoca de los agresores es terminar con la vida de estas mujeres y no un “arrebato” de celos. “Los estereotipos de género nublan las investigaciones y cada feminicidio es un mundo con áreas de abordajes distintas”, resume.

De acuerdo con los datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, recabados por EFE, en 2024 al menos 1.118 mujeres fueron asesinadas en Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá. Son tres mujeres al día.