Pablo Nunes, experto en seguridad pública: “La operación policial de Río contra el narcotráfico fue desastrosa bajo todas las ópticas”

Tras la operación policial contra el narcotráfico que acabó con la vida de más de 120 personas en Río de Janeiro, el gobernador, el bolsonarista Claudio Castro, se apresuró a calificarla como un éxito, añadiendo que las únicas víctimas fueron los cuatro policías que murieron en las balaceras. Entre los especialistas, en cambio, hay un amplio consenso en que la sanguinaria operación es el ejemplo más claro de la falta de una estrategia clara y efectiva por parte del poder público, como defiende en esta entrevista el coordinador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, Pablo Nunes.

Pregunta. ¿Cómo evalúa la operación del Gobierno de Río contra los narcotraficantes del Comando Vermelho?

Respuesta. Desde cualquier óptica que se adopte fue una operación completamente desastrosa. Hasta ahora contamos 120 muertos, entre ellos cuatro policías, una ciudad que se paralizó por la respuesta del CV… Tenemos un escenario de completa barbarie, un completo desastre y un retrato muy bien acabado de la bancarrota institucional de Río de Janeiro en el ámbito de seguridad pública. Hay una falta total de autoridad, de planificación, de programa. Es lo mismo que hemos visto en los últimos años: policías actuando a su libre albedrío, sin ningún tipo de articulación, sin ningún tipo de inteligencia, de acción que busque producir efectos en toda la cadena criminal.

P. En los últimos años, el CV se expandió ocupando nuevas favelas y barrios, muchas veces a costa de las milicias o grupos paramilitares. ¿A qué se debe esa creciente fortaleza?

R. Tiene mucho que ver con esa total falta de planificación y de un diagnóstico profundo. En los últimos años, vimos una expansión del dominio territorial de las milicias. Las milicias pasaron por cambios significativos después de la salida de Ecko [el jefe supremo, abatido por la policía en 2021], que era el gran líder que las cohesionaba. Hubo una guerra fratricida por ocupar ese liderazgo. Se creó un vacío de autoridad que el CV aprovechó para expandir su territorio, era algo totalmente esperado.

P. ¿Cuál debe ser el camino para debilitar el crimen organizado más allá de operaciones puntuales?

R. Si de verdad queremos debilitar al narcotráfico, tenemos que averiguar cómo llegan esas armas hasta la favela, cómo esos drones y esas granadas que usaron en esta operación llegaron a la favela. Tenemos que tener un debate serio, y lamentablemente el debate queda bloqueado por una postura del Gobierno del estado [de Río], que busca espantajos más que soluciones reales. Basta hacer una comparación con la ‘Operación Carbono Oculto’, se golpeó el corazón financiero del Primeiro Comando da Capital (PCC) sin disparar una bala, y tuvo efectos mucho mayores de los que vimos en Río. Esos muertos, esos jóvenes negros, sin camiseta, en chanclas y bañador, ¿quién es el ingenuo que cree son ellos los que lideran las acciones y el dominio territorial que sufren las favelas desde hace 40 años?

P. El gobernador afirmó que Río estaba solo frente al crimen y que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no ayudó mandando los blindados que él quería, a pesar de que nunca solicitó refuerzos de manera oficial. ¿Existe una estrategia de desgaste ya con la vista puesta en las elecciones de 2026?

R. Sin ninguna duda. Estas muertes y ese discurso que Castro ha adoptado está totalmente en línea con una estrategia política de intentar ganar votos. Las quejas del gobernador son curiosas, porque él y otros gobernadores de la derecha fueron totalmente contrarios a la propuesta del Gobierno de más integración y más participación federal en la seguridad pública.

P. La propuesta del Gobierno para modificar la Constitución y que el Gobierno central tenga más protagonismo en la lucha contra el crimen, en detrimento de los gobernadores, no avanzó en el Congreso. A pesar de que las competencias sobre la seguridad son competencia de los Estados, ¿el Gobierno federal podría hacer más?

R. Lo que tenemos que hacer es una evaluación muy honesta de que los problemas de seguridad pública en Río y en otros estados hoy no pueden responderse con el diseño de la Constitución de 1988. Ese modelo caducó hace mucho tiempo. Obviamente, es necesario que el Gobierno federal participe más, reconociendo las dinámicas de estos grupos criminales, que no se localizan cada uno en un estado, sino que ya actúan a nivel nacional e incluso internacionalmente. El Gobierno federal tiene que tener un papel, pero eso sólo puede hacerse con cambios constitucionales, eso tiene que ponerse sobre la mesa.