Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina

Uruguay se sumó este miércoles al puñado de países del mundo que habilitan y regulan la eutanasia bajo estrictas circunstancias de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. Con 20 votos a favor sobre un total de 31, el pleno del Senado cerró un profuso recorrido legislativo de cinco años que concitó la atención de una sociedad casi siempre proclive a la ampliación de derechos: el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta legalización, según la consultora Cifra. El proyecto contó con el respaldo de toda la bancada progresista del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de la centroderecha.

Con la sanción definitiva del proyecto denominado “Muerte digna”, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante el trámite parlamentario requerido para la aprobación de cualquier norma, que en este caso supuso largas horas de debate interpartidario, así como audiencias en las que fueron recibidas y escuchadas más de 60 organizaciones que pasaron por las comisiones de salud de ambas cámaras. Esto diferencia a Uruguay de países como Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue despenalizado a través de fallos de la Corte Constitucional y hay una protocolización de Sanidad, pero el Congreso aún no la ha legalizado.

El texto aprobado establece que podrá acogerse a este derecho toda persona mayor de edad y “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o que, como consecuencia de esa enfermedad, “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” y atraviese un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

El paciente que lo decida deberá solicitar la eutanasia personalmente y por escrito, siempre que sea ciudadano uruguayo o extranjero residente. La eutanasia se practicará para que su muerte se produzca de manera “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, indica la norma.

La ley de Muerte digna estuvo precedida por un debate social, académico, político, tan nutrido como los que derivaron en la legalización del aborto, el matrimonio igualitario o la regulación del mercado de cannabis, que hace más de una década —con José Pepe Mujica al frente del Gobierno— colocaron a Uruguay entre los países más sobresalientes en la agenda progresista de derechos.

En este caso, el puntapié inicial lo dio una conocida figura de la asociación del fútbol uruguayo, Fernando Sureda, que en 2019 pidió la legalización de la eutanasia para terminar con el sufrimiento generado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía y le provocó la muerte en 2020.

Ese año, el entonces diputado del Partido Colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de despenalización de la eutanasia que sumó contribuciones de los legisladores del Frente Amplio y tuvo media sanción en la Cámara baja en octubre de 2022. Sin embargo, el proyecto no consiguió pasar el trámite en el Senado, dominado en ese entonces por sectores conservadores, sobre todo del Partido Nacional. Nunca salió de la Comisión de Salud. El nuevo proyecto del Frente Amplio, inspirado en aquel texto, se aprobó en Diputados en agosto pasado y, tras una larga jornada de exposiciones, logró este miércoles el visto bueno de la bancada oficialista y tres integrantes de la oposición.

Sus promotores han resaltado la precisión de las definiciones y del sistema de garantías que resguardará su aplicación, inspirado en legislaciones que tienen más de 20 años, como la de Países Bajos. Además, la ley dispone la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos anuales de eutanasia y enviará informes al Ministerio de Salud y al Parlamento. Todos los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán poner a disposición “los servicios necesarios” para el ejercicio de este derecho regulado, señala el texto.

De acuerdo con esta ley, el paciente que solicite la eutanasia deberá hacerlo en persona ante el médico, quien tendrá que informar sobre los cuidados paliativos y evaluará si se cumplen las condiciones en un máximo de tres días. Se requerirá la opinión coincidente de un segundo médico independiente —en un plazo de cinco días— o de una Junta Médica si hubiera desacuerdo, también en cinco días. En una segunda entrevista, la persona podrá expresar su última voluntad —“siempre revocable”— por escrito ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”.

“El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace”, expuso Ope Pasquet, autor en soledad del primer proyecto de 2020 y que este miércoles sorprendió con su presencia en el debate, al ocupar una banca por ser suplente del senador colorado Robert Silva. “No va a venir ninguna autoridad a dictar pacientes eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es privativa de la persona", expresó.

Entre quienes se opusieron al proyecto estuvo el senador del Partido Nacional Javier García, que cuestionó los conceptos de “muerte digna” y de “libertad” empleados y consideró que el proyecto “no ofrece garantías”. “El Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida. La ley tendría que tener la misma potestad para ofrecer la capacidad de vivir que la que ofrece el proyecto de ley actual”, señaló.

El oficialista de izquierda Daniel Borbonet afirmó que esta ley “no obliga a nadie, sino que ofrece una alternativa que hoy no hay”. “Es un derecho a decidir, no sustituye lo ya existente y no impone conductas”, advirtió. Tras la votación, la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira celebró en su cuenta de X: “Hoy Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos. Aprobamos la ley de eutanasia: una norma que reconoce la libertad de decidir hasta el final, con dignidad y libertad”.

A partir de su promulgación, el Poder Ejecutivo tiene seis meses para reglamentar la norma.