El juicio es histórico, pero no erradica la radicalización en Brasil

Jair Bolsonaro es uno de los líderes de derecha más extremistas del mundo. Durante la votación del impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, en 2016, cuando aún era diputado, quiso exaltar al hombre que la torturó durante la dictadura militar: “En memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff, mi voto es sí”. Meses antes ya había afirmado que “el error de la dictadura fue torturar y no matar”.

En 1999, en un programa de televisión, Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, afirmó que en Brasil el cambio solo sería posible con una guerra civil y el asesinato del entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso.

El juicio a Jair Bolsonaro y sus aliados deja claro que tales declaraciones nunca fueron meras bravuconadas.

Desde 2021, el entonces presidente y sus aliados realizaron innumerables ataques públicos contra el sistema electoral brasileño. El objetivo era invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, este intento fue bloqueado en el Congreso. Dos semanas después, Bolsonaro declaró que solo tenía tres opciones para el futuro: la muerte, la cárcel o la victoria.

Durante las elecciones, la campaña golpista continuó. Fuerzas policiales fueron desplegadas para impedir que los votantes de Lula llegaran hasta las urnas. Sin embargo, este intento tampoco salió adelante. Cuando finalmente se anunció la victoria del nuevo presidente, la tensión aumentó.

Con el objetivo de generar caos social y presionar a los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea para que se unieran al golpe, fueron perpetrados varios actos terroristas en todo el país. Destacan entre ellos el intento de explosionar de un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, en diciembre de 2022 y el intento de asesinato de Lula, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Sin éxito, los golpistas realizaron un último intento. El 8 de enero de 2023, con el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas y policiales y financiación empresarial, miles de personas se congregaron en Brasilia para protestar. De manera planificada y con ayuda de personal de élite del Ejército, entrenado para realizar misiones encubiertas, la manifestación culminó con la invasión y actos vandálicos en las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.

Durante toda la campaña golpista, los implicados en ningún momento se preocuparon por ocultar las pruebas. Todo lo contrario.

El propio Jair Bolsonaro fue declarado inelegible para presentarse a las elecciones hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral, precisamente, por atacar públicamente el sistema electoral brasileño durante una reunión pública con embajadores extranjeros. Además, un documento con un plan de acción destinado a restringir el funcionamiento de las instituciones democráticas fue encontrado en una carpeta titulada Recuerdos Importantes en el escritorio ocupado por un asesor del general Walter Braga Netto, candidato a vicepresidente en 2022 y acusado junto a Bolsonaro.

La sensación de impunidad entre los militares brasileños es histórica. Hasta ahora, ningún militar había sido castigado por civiles por los innumerables golpes e intentos de golpe ocurridos durante los 135 años de gobiernos republicanos. Esta será la primera vez.

Sin embargo, a pesar de la importancia histórica del juicio, la radicalización persiste en Brasil.

Actualmente, el 36% de los brasileños sostiene que Jair Bolsonaro no participó en el intento de golpe, y el 39% considera injusto su arresto domiciliario, cifra que se eleva al 87% entre sus partidarios.

Para el 42% de los brasileños, Bolsonaro es víctima de una persecución. Para una parte significativa de sus seguidores, él sería el verdadero defensor de la democracia contra una institucionalidad corrupta y fallida. Por ese motivo, sus enemigos intentarían censurarlo y arrestarlo.

Ese es el contexto en el que, semanas antes del juicio, la idea de que Brasil está sometida a una “dictadura judicial” es compartida por el 45% de los brasileños. La democracia todavía tiene un largo camino por recorrer.

Camila Rocha es politóloga e investigadora del Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento)