Demoler edificios a martillazos: la última lucha de Río de Janeiro contra el crimen organizado

Las operaciones se realizan por sorpresa. Al amanecer, decenas de funcionarios del ayuntamiento de Río de Janeiro escoltados por la policía se preparan para echar abajo construcciones ilegales. A veces son sencillas casas, otras, verdaderas mansiones, refugio de los capos del narcotráfico. Es un trabajo que se ha intensificado en los últimos años y que se ha convertido en una de las maneras más efectivas de golpear a las finanzas al crimen organizado. Desde 2021, la Secretaría de Orden Público de Río ha realizado 5.568 demoliciones de construcciones irregulares, de las que el 70% estaban en zonas dominadas por el narcotráfico o las milicias paramilitares. Las acciones supusieron 1.800 millones de reales (333 millones de dólares) en pérdidas para los delincuentes.

En una fría mañana de invierno, una decena de operarios se reúne en un punto de encuentro a pocas cuadras de donde se realizará una demolición, en la entrada de una favela en la Ilha do Governador, no muy lejos del aeropuerto internacional de Río. Los funcionarios esperan a que llegue la Policía Militar para dirigirse todos juntos a la zona sensible. El protocolo se sigue a rajatabla porque nunca se sabe qué pueden encontrarse al llegar. No sería la primera vez que les reciben con fusiles.

En esta ocasión se trata de echar abajo las paredes de lo que iban a ser unos establecimientos comerciales, construidos de forma ilegal en la acera de una calle, invadiendo cientos de metros cuadrados de espacio público.

Un carro blindado de la Policía Militar al inicio de la calle ya indica que algo va a pasar. Sin previo aviso, los operarios levantan robustos mazos y empiezan a abrir boquetes en las paredes de ladrillo. Entre los madrugadores vecinos predominan las caras de sorpresa, aunque nadie aparece para impedir la demolición. Todos saben que aquello era ilegal. “Lo ves creciendo, lo ves aumentando, pero no sabes quién es el dueño ni nada”, decía en la acera de frente la responsable de una iglesia evangélica. Muy cerca, otro corrillo murmuraba: “Qué lástima, con lo caro que está el material estos días...”. En cuestión de unas tres horas no quedará ni rastro. Una excavadora terminará de derribarlo todo y recogerá los escombros.

Es la entrada de las favelas Praia da Rosa y Sapucaia, dominadas por el Terceiro Comando Puro (TCP), una de las facciones del narcotráfico que reinan en buena parte de las barriadas de Río. Ellos son quienes administran la vida vecinal. Uno de los primeros trabajos de los operarios fue arrancar dos bidones anclados en medio de la calle a modo de barricada para evitar la entrada de policías y extraños.

Un residente explica, temeroso, que antes de que se apropiaran de parte de la calle, los vecinos habían creado una especie de placita. Plantaron palmeras y hasta colocaron una mesa de ping pong para los chavales. Los narcotraficantes mandaron deshacerlo todo porque tenían una idea mejor.

Las autoridades explican que en los últimos años la construcción se convirtió en uno de los principales métodos para lavar y hacer dinero. Las futuras tiendas, que seguro darían empleo a unos vecinos muy necesitados, engrosarían las arcas del narcotráfico a través de los alquileres. Derribar este incipiente centro comercial de la favela fue relativamente fácil, pero en ocasiones hay que hacer virguerías con la ingeniería. Muchas de estas construcciones ilegales están en lo alto de favelas de difícil acceso, donde no llegan coches, mucho menos camiones o excavadoras. Ahí hay que demoler a mano, piso a piso. A veces se tarda semanas.

El secretario de Orden Público de Río, Brenno Carnevale, explica por teléfono que las demoliciones golpean donde más duele: “Muchas veces tienen más poder de inhibición que las propias detenciones, porque las personas siempre son sustituibles. Con la demolición conseguimos aniquilar de forma muy contundente la inversión que estos grupos hicieron, interrumpimos el blanqueo de dinero y hacemos menos atractivo este mercado inmobiliario ilegal”, dice.

La asfixia financiera del crimen organizado es uno de los objetivos de estos derribos, que también buscan preservar cierto orden en la ciudad y proteger la integridad física de las personas. Normalmente, estos edificios crecen sin proyecto de ingeniería y en áreas de riesgo, como laderas de colinas donde frecuentemente hay desprendimientos de tierra.

No obstante, a veces las operaciones no están exentas de polémica, sobre todo cuando se trata de edificios prácticamente finalizados en los que ya hay personas viviendo. Desde el Ayuntamiento afirman que en la mayoría de casos se trata de personas colocadas por el crimen organizado para dificultar los derribos, y aseguran que siempre que eso ocurre los equipos de asistencia social ofrecen alternativas.

Pero eso no evita que haya personas que hayan perdido sus ahorros comprando una casa que acaba en ruinas porque resulta que la había impulsado un narcotraficante o un miliciano. “La mayoría son personas inocentes, pero tienen que entender que deben verificar la procedencia de ese inmueble”, defiende el secretario. A veces no es tarea fácil descubrir quién hay detrás, porque suelen usar testaferros. No obstante, los jugosos precios, muy por debajo del valor de mercado, suelen indicar que hay algo turbio.

En otros casos, la irregularidad salta a la vista. En lo alto de la favela de Rocinha, la más poblada de Río, un enjambre de decenas de miles de personas, en junio se descubrió un auténtico complejo de lujo: 2.000 metros cuadrados entre varios edificios interconectados con terrazas cubiertas de mármol, piscinas, jacuzzi… La investigación policial concluyó que era el refugio de narcotraficantes del Comando Vermelho (CV) del estado de Ceará, que llevaban meses escondidos en Río. Días antes de la operación, unos 400 huyeron campo a través por la selva. Con el resort del narco” ya vacío, empezó la lenta operación de demolición manual. Todo a base de martillazos.