“Etnocidio y exterminio simbólico”: la prisión política se ensaña con los indígenas en Nicaragua

Leonarda llegó a la prisión La Modelo con un manojo de hierbas para calmar las dolencias que su hijo, un indígena mayangna preso por razones políticas en Nicaragua, sufre en la celda: flores de San Diego para la inflamación y hojas de culantro para los problemas digestivos. También llevaba albahaca para atenuar el estrés, los dolores de cabeza y la ansiedad que el guardabosques padece desde que oficiales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se lo llevaron, con mucha violencia, de Musawas, su comunidad, ubicada en el epicentro de la Reserva de Biósfera Bosawás, a más de 420 kilómetros de la prisión en la que está recluido en Managua.

Lo más traumático para el hijo de Leonarda no fue que los policías lo ataran a un árbol y lo golpearan con la culata de un fusil AK-47 el día de su detención. Tampoco que le aplastaran la cabeza contra el suelo. No. Lo más aterrador de aquella madrugada de agosto de 2023 ocurrió a orillas del río Pis Pis, en la zona núcleo de la reserva, la mayor de Centroamérica y uno de los pulmones verdes más importantes del continente. Los oficiales lo obligaron a arrodillarse, le sujetaron el cuello y lo sumergieron en el agua helada. Lo mantenían bajo la superficie durante prolongados segundos, hasta que, al borde del ahogamiento, pataleaba desesperad. El guardabosques —cuyo nombre se omite por su seguridad— pensó que lo iban a matar ahí mismo, irónicamente en las aguas de ese río que los mayangnas consideran una fuente de vida sagrada.

El ahogamiento simulado, es decir, una práctica de tortura, se repitió hasta que los botes llegaron a la orilla y el guardaboques mayagna supo entonces que no lo matarían, pero también entendió por qué la policía sandinista lo había arrestado: “Eso pasa por defender la tierra”, les dijo, en mayangna, un oficial mayangna que participó en el operativo de captura. El hijo de Leonarda es uno de los 12 presos políticos indígenas que el régimen Ortega-Murillo mantiene en sus prisiones. Las condiciones en que están detenidos son consideradas “parte de un etnocidio y exterminio simbólico” por un informe presentado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).

En Nicaragua hay 54 personas encarceladas por motivos políticos en la actualidad. Los indígenas detenidos pertenecen a pueblos originarios mayangna y miskito. Entre ellos hay guardabosques, dirigentes comunitarios y una mujer. El hijo de Leonarda dedicó gran parte de su vida a resguardar Bosawás frente a los “colonos”, como llaman los comunitarios a los invasores de tierras que, desde hace más de quince años, han intensificado el saqueo de este territorio protegido. Bajo la tolerancia y complicidad del régimen Ortega-Murillo, la colonización ha abierto paso a la ganadería extensiva, la tala indiscriminada y la minería, reduciendo sin freno el bosque. La resistencia de los mayangnas y miskitos a este avance ha tenido un alto costo: en la última década, más de 75 de sus miembros han sido asesinados a manos de colonos armados.

La violencia de los colonos ha desplazado a más de 3.000 indígenas, según las estimaciones más recientes de organismos que defienden a las comunidades originarias. Los líderes indígenas llevan años denunciando un “etnocidio” contra sus pueblos y su cultura. Ahora, por primera vez, un informe de la UDJ y CALPI señala el uso de la prisión política en contra de indígenas como una extensión de ese exterminio. A este panorama se suma la reciente aprobación de una ley que autoriza la explotación minera y forestal en zonas protegidas, legalizando el saqueo de territorios que deberían estar resguardados y abriendo aún más la puerta a la depredación de áreas como Bosawás y la Reserva Indio Maíz.

“Se documentan operativos de captura excesivamente violentos realizados por elites policiales, desapariciones forzadas, torturas de carácter racista, juicios sin garantías y traslados a cárceles lejos a cientos de kilómetros de sus territorios, todo lo cual ha tenido impactos psicosociales, económicos y culturales graves tanto en las víctimas como en sus familias y comunidades”, resume el documento titulado Del bosque a la celda: criminalización de defensores indígenas por el régimen Ortega-Murillo.

Desapariciones forzadas y abusos

El informe subraya que la prisión política en Nicaragua golpea de forma diferenciada a los indígenas. Desde los ahogamientos simulados en ríos sagrados que sufrieron otros indígenas, hasta casos de electrocución, golpizas, aislamiento y esposamiento prolongado de manos y pies. Las organizaciones denuncian, además, la falta de alimentos, agua y atención médica adecuada.

La mayoría de estos presos ha sido víctima de desapariciones forzadas de corta duración —o incluso indefinidas—, periodo en el que se han perpetrado varias de estas torturas, incluidas violaciones sexuales. Entre los casos más notorios figuran el del líder del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera, antiguo aliado del sandinismo, y el de Steadman Fagoth, operador político de la pareja presidencial en el Caribe “caído en desgracia”.

“Se identificó que las autoridades nicaragüenses han cometido actos racistas como denominar ‘brujos’ a mayangnas por considerar que sus comidas y medicinas tradicionales son ‘hechizos’ utilizados para buscar su liberación”, narra el extenso informe de las organizaciones que operan en el exilio. “Se ha observado, de forma generalizada, que las autoridades penitenciarias no brindan ni permiten el acceso a medicina y alimentación tradicional, así como tampoco facilitan actividades recreativas o religiosas orientadas a preservar su cultura en prisión”.

El informe incluye el caso del joven mayangna que pidió a su madre, Leonarda, que le llevara flores de san diego, albahaca y hojas de culantro a la cárcel. “La madre indicó que todos esos productos tienen un significado cultural, porque son las hierbas que se consumen en la comunidad”, pero los carceleros le impidieron entregarlos.

El informe alerta sobre la prohibición impuesta por los custodios a los presos mayangnas y miskitos de hablar en sus lenguas originarias. Una medida drástica, considerando que muchos de estos indígenas no hablan, o apenas dominan, el español. El impacto más grave, resalta el informe, es que “el Estado no ha garantizado defensa adecuada sin discriminación alguna”, ya que durante los juicios no se les ha provisto de intérpretes, violando así su derecho a una defensa justa.

Como con los otros presos políticos, “la reclusión tiene impacto en los familiares. El informe habla de un impacto psicológico, cultural y económico en familias que, por circunstancias históricas, son demasiado pobres”. “La reclusión a cientos de kilómetros ha conllevado a que los familiares deben hacer viajes de hasta 50 horas para visitarlos una vez al mes, por menos de una hora en la prisión, lo cual también profundiza la vulnerabilidad económica de los hogares, ya que gastan –como mínimo– $170 dólares americanos entre el viaje y la paquetería que le llevan mensualmente”, enfatizan las dos organizaciones.

El impacto diferenciado de la prisión política en los indígenas es considerado por la UDJ y Calpi como una “humillación cultural y racismo estructural, que reactualiza formas coloniales de represión” de comunidades marginadas a lo largo del tiempo.