Amnistía Internacional alerta sobre “el escalamiento de las desapariciones forzadas” en Venezuela

Amnistía Internacional denuncia que en Venezuela las desapariciones forzadas han escalado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y se han convertido en parte de un patrón de persecución sistemática contra los disidentes del Gobierno. Su secretaria general, Agnès Callamard, ha pedido este martes que la Corte Penal Internacional avance en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano, documentados desde 2014 y que la comunidad internacional acompañe la búsqueda de justicia con el uso de la jurisdicción universal en derechos humanos, como ya lo ha hecho Argentina.

“La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela”, dijo Callamard. “La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional”, agregó la activista durante la presentación de un informe titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de la desaparición forzada en Venezuela”, que recoge la documentación de 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas el último año, 11 de los cuales continúan en paradero desconocido, entre ellos los de seis extranjeros. Para Callamard “se ha llegado al umbral de prueba para establecer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

La investigadora Pilar Sanmartín detalló que las desapariciones han ocurrido en el contexto de detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales y contra personas críticas al Gobierno. “Esta práctica no solo existe sino que ha escalado tras las elecciones del 28 de julio e implica la privación ilegítima de la libertad, la negativa de la información de su ubicación y de la suerte de la persona. Hay que aclarar que no dependen de la duración, puede ser por horas, días o meses o mantenerse en el tiempo”.

El periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla, es uno de estos. Fue detenido por funcionarios del Sebin el pasado 20 de febrero y sus familiares no saben dónde está. Lo mismo ha ocurrido con el abogado Eduardo Torres, activista de Provea y defensor de presos políticos, detenido en el mes de mayo y que estuvo varios días sin saber en dónde había sido recluido.

En el caso de los extranjeros, Amnistía Internacional señaló que los móviles son distintos. “Las detenciones de ciudadanos extranjeros tiene un aparente doble fin para reforzar la narrativa oficial sobre conspiraciones internacionales y a usarlos como moneda de cambio para negociar con otros países”, afirmó Sanmartín. “Aunque en muchos casos las autoridades al cabo de cierto tiempo aceptan la detención, en todos ocultan su paradero. La única certeza que tenían sus familias era que la víctima estaba bajo la custodia del Estado pero sin saber su ubicación y su estado o si saber si estaba viva”. Denunció también que el aparato de justicia “encubre o facilita”, estas violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales con acciones como la negación sistemática de los recursos de habeas corpus introducidos por los familiares. Por ejemplo, expone la investigadora, el 2 de septiembre de 2024 los familiares de los turistas españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme perdieron contacto ellos. Doce días después el ministro Diosdado Cabello confirmó su detención y los señaló de ser agentes de inteligencia de España, aunque no presentó pruebas. Aún continúan desaparecidos. También refirió el caso del uruguayo residenciado en Estados Unidos Fabián Buglione que viajó a Venezuela para visitar a su pareja en octubre pasado, fue detenido por el servicio de inteligencia militar y nueve meses después todavía se desconoce su paradero.

Durante la presentación del informe, Sophie Hunter, hermana de Lucas Hunter, un franco-estadounidense detenido en Venezuela en enero contó su historia, de la que casi nada se había conocido hasta ahora. De 37 años, analista financiero residenciado en Londres, viajó por vacaciones a finales de 2024 a Colombia, específicamente a la zona de La Guajira, para practicar kitesurf. “Él no habla español, pero logró contarme que se había acercado en moto cerca de la frontera con Venezuela y lo había arrestado unos militares venezolanos”, contó la hermana, que señaló que tuvo que dejar de trabajar para dedicarse a hacer cabildeo internacional por la liberación de su hermano con las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y con menos éxito con la Unión Europea.

El activista venezolano Luis Carlos Díaz intervino durante la presentación para pedir mayor respaldo de los Estados parte del Estatuto Roma a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y las víctimas y familiares. “Pedimos que no haya más diplomacia de rehenes”, dijo Díaz. “Las personas que están en desaparición deben saber que no hemos tirado la toalla y los seguimos buscando”.