La Fiscalía denuncia a Dina Boluarte y a seis exministros peruanos por lesiones graves de 75 manifestantes

Ni la juramentación de un nuevo Gabinete ni la autorización del Congreso para viajar al Vaticano y asistir al inicio del pontificado del papa León XIV han podido oxigenar al Gobierno. Este jueves la Fiscalía de la Nación presentó una tercera denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y seis exministros de su primer Ejecutivo por ser presuntos responsables de los delitos de lesiones leves y graves en perjuicio de 75 víctimas durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Como se recuerda, la abogada asumió la presidencia a raíz del autogolpe fallido de Pedro Castillo. En un inicio sostuvo que su Gobierno sería de transición y aseguró que convocaría a elecciones en el plazo más inmediato, pero a medida que transcurrieron las semanas cambió su discurso y se atornilló al poder. Ello provocó un estallido social que escaló desde las regiones de la sierra sur hasta Lima y la costa norte. Mientras un sector de la población reclamaba la liberación de Castillo, tildando a Boluarte de “traidora”, otros grupos exigían elecciones generales.

La respuesta del Gobierno estuvo lejos de ser conciliadora. Distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron episodios de represión e incluso ejecuciones extrajudiciales. Esta imputación de la Fiscalía, exactamente del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, sostiene que hubo un “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimientos de los investigados”.

Los involucrados en esta acusación son la presidenta Dina Boluarte; Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola Peñaranda, sus dos expresidentes del Consejo de Ministros; César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera, Vicente Romero Fernández, exministros del Interior; y Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa. “Lo que está haciendo la Fiscalía, lamentablemente, es politizar el derecho. Y eso lo lamentamos todos, porque todos estamos de acuerdo con que se investigue y se persiga el delito. Lo que no puede hacer es utilizar personajes, que además los selecciona. Porque con algunos sí es severo, y con otros no lo es tanto”, ha salido al frente Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado.

Se trata de la tercera denuncia constitucional en contra de la presidenta por los mismos hechos. La primera fue formulada a fines del 2023 por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y se le imputó el delito de genocidio por seis de las 49 víctimas mortales de las movilizaciones. La segunda fue presentada durante el periodo de Juan Carlos Villena. Y ahora esta ha sido planteada por la actual cabeza de la Fiscalía, Delia Espinoza.

El exprimer ministro Otárola ha expresado su disconformidad en sus redes sociales, calificando el accionar del Ministerio Público de abusivo. “A manera de ruleta procesal construye otro caso, cuando ya hay uno archivado en el Congreso. ¿Salieron a pescar?”, criticó. Este domingo, Boluarte estará presente en la misa de entronización de su Santidad. Eduardo Salhuana, el titular del Congreso, le ha hecho un pedido público: “esperemos que invite a León XIV a nuestro país”.