La desigualdad y el clima extremo de São Paulo desafían la aplicación de la agenda climática global

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Lizandra Mascarenha cambia su ruta cuando el tiempo se cierra sobre São Paulo, Brasil. Tiene que prepararse para lo peor. En Chácara Tês Meninas, una comunidad de la Zona Este donde vive con su hija, la lluvia lo interrumpe todo. Muchas familias se aferran con prisa a un gesto aprendido a la fuerza: asegurar lo imprescindible antes de que empiecen las inundaciones, que ya no son una excepción, sino parte cada vez más frecuente de su cotidiano. “Esta es una comunidad donde la gente sale a las tres o a las cuatro de la mañana a trabajar. Pero si hay inundación, todo para. Es desesperante”, dice Mascarenha. “Nuestra comunidad sufre muy frecuentemente con las lluvias. Si llueve, ya sabemos que habrá inundación”.

En la urbe brasileña, los eventos climáticos extremos se han convertido en una dura estadística cada vez más común. Durante este verano, por ejemplo, desde inicios de diciembre hasta febrero, la Defensa Civil del Estado ha registrado 19 muertes relacionadas con las lluvias; muchas encadenadas a deslizamientos de tierra, muros que ceden y vehículos arrastrados, con episodios tanto en la capital como en la región metropolitana y litoránea.

En la Zona Norte, por ejemplo, un vecino de 75 años fue arrastrado por la corriente al intentar salvar su carro de la inundación en enero, mientras que, días antes, un matrimonio murió tras ser llevado por un arroyo del otro lado de la ciudad, en la Zona Sur.

Esta tendencia es confirmada por el balance estatal, que mantiene alerta máxima por nuevos temporales. Los hechos ocurren en un territorio mayoritariamente urbano, con suelos sellados y barrios sobre antiguos valles de inundación.

A finales de 2025, la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas (COP30), en Belém, elevó las expectativas de resiliencia ante el clima cambiante: se aprobó el Paquete de Belém, una serie de 59 indicadores globales, voluntarios y no prescriptivos de adaptación hasta 2035, además del impulso político que se le dio a Meta Global de Adaptación (GGA). El texto final se organizó alrededor del Mutirão Global, una movilización internacional coordinada para acelerar la implementación de las metas que, sin embargo, dejó lagunas sobre quién paga y cómo aterrizan estos recursos en los determinados territorios.

Pero en grandes centros urbanos, como São Paulo, la pregunta no es más si existe un plan, sino si es posible ejecutarlo con capacidad medible. “La ciudad ya tiene instrumentos, incluidos el Plan de Acción Climática 2020-2050 y reportes sectoriales”, señala el sociólogo Victor Marchezin, del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (CEMADEN). “Lo que falta es cerrar el triángulo de la capacidad institucional con indicadores duros, como presupuesto, articulación, personal, equipamiento y coordinación con otros poderes. Sin eso, hay metas, pero no hay termómetro”, argumenta.

La ciudad de São Paulo viene actualizando su PlanClima SP y publica informes anuales de seguimiento desde el 2022, con una revisión en 2026 que amplía metas e integra secretarías. Sin embargo, los especialistas entrevistados por El PAÍS afirman que la dificultad está en la realización de obras y en el cumplimiento de normas en los barrios más periféricos.

El Índice de Adaptación Urbana (UAI), desarrollado por universidades brasileñas y aplicado a capitales, ofrece una pista sobre lo que está sucediendo. En este ejercicio, São Paulo tiene una puntuación de 0,89, con buen andamiaje de instrumentos; no obstante, el propio estudio advierte que la existencia no equivale a la eficacia y que las desigualdades territoriales dejan bolsillos de vulnerabilidad sin cobertura.

“São Paulo tiene plena capacidad técnica e institucional para hacer esta transición [a una mayor adaptabilidad climática]. El problema no es la falta de personal calificado, sino las trayectorias de decisiones políticas que se acumularon en el tiempo”, afirma Luciana Travassos, profesora de planificación territorial de la Universidade Federal do ABC. “La ciudad reinvirtió históricamente en el centro expandido y sus alrededores. Cuando el dinero público se concentra donde ya hay, la consecuencia es más segregación y más desigualdad”.

Para Travassos, hablar de adaptación climática es poner todo el enfoque en los mapas de las grandes ciudades. “Debemos decir: ‘Aquí ya invertimos demasiado, ahora toca invertir donde nunca se invirtió o se hizo muy poco´”.

Natália Resende, la secretaria de Medio Ambiente, Infraestructura y Logística (SEMIL) del Estado de São Paulo, explica que, desde 2023, se ha puesto en marcha una estrategia climática con el Plan de Adaptación que contiene 46 acciones y 101 subacciones en su primer ciclo de tres años. Su fin es apoyar a los municipios para que elaboren sus propios planes de acuerdo con las realidades locales. “Llevamos a la COP30 una carta de compromisos para mostrar que la sostenibilidad aquí no es un discurso, sino que se integra obra por obra, con soluciones basadas en la naturaleza, mejor drenaje y coordinación”, dice.

Los gobiernos del Estado y del municipio de São Paulo han sido criticados en los últimos años por su dificultad en prevenir y actuar con mayor rapidez ante eventos extremos, como lluvias torrenciales seguidas por inundaciones. Resende admite que hay dificultades principalmente en el drenaje de barrios más cercanos a áreas fluviales, pero insiste en que el Gobierno estatal está poniendo esfuerzos en mejorar la situación. “El drenaje dejó de ser invisible. Solo en Pinheiros y Alto Tietê [ambos importantes ríos de la ciudad] acumulamos desde 2023 más de 5 millones de metros cúbicos retirados. No resuelve todo, pero reduce el umbral de daño cuando llevan las lluvias intensas”, argumenta.

Por otro lado, la infraestructura de edificaciones de ciudades como São Paulo impone otro desafío. “Entramos en una era de eventos extremos y muchas construcciones fueron diseñadas para un clima estable”, apunta Felipe Faria, director del Green Building Council Brasil, una iniciativa privada que incentiva la construcción sostenible. Faria argumenta que la receta a corto plazo envuelve el retrofit (o la modernización de los edificios para su mayor eficiencia), con énfasis en eficiencia térmica e hídrica, digitalización de operaciones para detectar fallas en tiempo real y reúso de agua por parte de grandes consumidores.

Para él, los edificios verdes son palancas de adaptación urbana, en los que el confort térmico para amortiguar olas de calor y el drenaje sostenible tienen la capacidad de mejorar la resiliencia de comunidades enteras. El desafío, admite, es hacer de la excepción una regla a través de incentivos y cooperación con los Gobiernos.

Travassos, sin embargo, cree que el enfoque del poder público debe ser la adaptación climática con una mirada comunitaria y racial que equilibre la gran desigualdad territorial que existe en las grandes urbes brasileñas. “No basta con destinar recursos: hay que territorializarlos. La adaptación justa exige priorización territorial explícita para que los barrios periféricos sean los primeros en recibir inversión pública”, afirma.

Carla Tames Alvarez, consejera federal y coordinadora de la Comisión de Política Urbana del Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Brasil, argumenta que, para asumir los compromisos de la COP30, São Paulo necesita revisar sus códigos de obras y el plan director. En estos documentos debe incluir, “de forma obligatoria”, la infraestructura verde y azul metropolitana, el drenaje urbano sostenible como estándar, índices mínimos de permeabilidad, arborización medible y corredores de ventilación que reduzcan la exposición al clima extremo.

“La COP30 no puede quedarse en el discurso. São Paulo debe traducirse en cambios normativos tangibles”, argumenta Alvarez. “Las ciudades no colapsan por falta de conocimiento técnico, colapsan cuando falta la decisión de aplicarlo”.