Chile y Costa Rica se preparan para postular las primeras áreas protegidas en alta mar de América Latina

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Desde hace una semana los mares y océanos tienen nuevas reglas. El 17 de enero de 2026 entró en vigor el conocido como Tratado de Alta Mar, uno que busca cooperar para proteger las aguas internacionales que no están bajo el dominio de ningún país y que, por eso mismo, no parecían ser responsabilidad de nadie. No es un tema menor: representan casi la mitad del planeta, tienen recursos científicos y económicos valiosos, pero, como todos los mares en medio de la crisis climática, están bajo algún grado de amenaza. En entrevista con América Futura, la costarricense Mariamalia Rodríguez (44 años, San José), abogada del Programa de Océano de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), explica cómo Latinoamérica y el Caribe pueden beneficiarse con el nuevo mecanismo.

Rodríguez lleva siendo observadora de las negociaciones que llevaron a la firma del tratado desde 2014 y AIDA hace parte de High Seas Alliance, una coalición de más de 70 ONG que han trabajado para proteger la alta mar: ese lugar que no es de nadie, pero es de todos.

Pregunta. ¿Desde el 17 de enero qué pueden hacer los países frente a las aguas internacionales que no podían hacer antes?

Respuesta. Tienen herramientas para crear áreas marinas protegidas en las aguas internacionales, pero también instrumentos para hacer evaluaciones de impacto ambiental de varias actividades, incluso de nuevas, como la tecnología de geoingeniería y de cómo hacer captura de carbono; antes no había marco jurídico para regularlo bien. También se tiene un mecanismo para distribuir beneficios del acceso a recursos genéticos marinos y hay una mejora en las regulaciones sobre creación de capacidades y transferencia de tecnología. En la práctica, por ejemplo, los estados pueden empezar a preparar sus propuestas para la creación de áreas marinas protegidas. De hecho, en la región latinoamericana ya hay dos procesos.

P. ¿Cuáles?

R. La Dorsal de Salas y Gómez, liderada por Chile, y el Domo Térmico, liderado por Costa Rica.

P. ¿Cómo se han ido originando estas dos propuestas? ¿Por qué son importantes?

R. El Domo Térmico es un fenómeno oceanográfico que pasa en el Pacífico de las costas centroamericanas y ahí se ha ido construyendo un caso científico para demostrar que es un lugar que tiene que ser protegido por su alta productividad de especies emblemáticas como la ballena azul (Balaenoptera musculus) y la tortuga baula (Dermochelys coriácea), que se benefician de este espacio en agua fuera de las jurisdicciones nacionales. Se ha impulsado por organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, pero es un área que siempre ha estado en el radar de Costa Rica porque en la literatura científica se llama Domo Térmico de Costa Rica. Igual ahora ya no se le va a seguir llamando así porque estamos hablando de aguas internacionales y la idea es que varios países sean los que hagan, en conjunto, la propuesta.

P. ¿Y la Dorsal de Salas y Gómez?

R. Chile tiene una tradición de ser un país oceánico y esta propuesta se dio con el involucramiento del pueblo Rapa Nui [de la Isla de Pascua], lo que muestra que también se está teniendo en cuenta esa otra perspectiva de los conocimientos tradicionales. Es algo muy pertinente para las especies que se van a beneficiar de las áreas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales.

P. ¿Cuál fue el liderazgo de América Latina y el Caribe en las negociaciones del tratado?

R. La región no negoció como Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), que es el bloque en el que lo suele hacer en los procesos de Naciones Unidas. En cambio, se creó un grupo “ad hoc”, el Latin American Core Group (Claim) con países afines. Como son delegaciones muy pequeñas y es un tratado altamente técnico, así podían repartirse y liderar distintos temas. El Caribe negoció como la Comunidad del Caribe (Caricom), con una posición muy fuerte sobre las evaluaciones de impacto ambiental. Los latinos estaban priorizando más las áreas protegidas.

P. El Caribe y sus aguas han vivido un año difícil. En algunos países se ha despertado el deseo de explorar hidrocarburos en el mar, a lo que se le suman los ataques de Donald Trump. ¿El tratado tendría alguna herramienta para blindar esas ambiciones?

R. El Caribe es complejo. El alcance geográfico del tratado es de 200 millas náuticas [370.4 kilometros] después de las zonas económicas exclusivas de los países, pero en el Caribe, como los países están tan juntos, han tenido que ir acomodándose. Sin embargo, algo que sí podría funcionar es que, en el capítulo de impactos ambientales, dice que, si hay un proyecto en las aguas jurisdiccionales de un país que pueda afectar de manera grave las aguas internacionales, este debe pasar por un mecanismo de valoración por parte de la institucionalidad del tratado. El acuerdo busca tener una visión integral: que donde antes la gobernanza de esos espacios marinos era muy sectorial, ahora sea coordinada y consultada.

P. Además de las posibles áreas mencionadas, ¿hay otras que se podrían pensar en la región?

R. Potencialmente son varias. Por ejemplo, se está esperando a valorar el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que es una iniciativa entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica para unir las áreas protegidas de cada país. Allí, sin embargo, hay como pequeñas franjas de aguas internacionales que no están incluidas y que podrían beneficiarse con alguna figura bajo el tratado. Algunas flotillas, por ejemplo, empiezan a pescar justo en el límite de Galápagos, así que se podrían blindar con estos esfuerzos de conservación.

P. ¿Algún otro tema puntual que beneficie a América Latina y el Caribe?

R. Son muchos a nivel económico y social. Voy a mencionar uno: la mayoría de nuestros países no tienen la tecnología y los recursos para poder explorar las aguas internacionales y profundas. Pero, como se establece un mecanismo de compartir información, como la de los recursos genéticos, hay un enorme beneficio.