Unidas para resistir y resonar

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¿Qué pasa cuando un tuit racista se replica cientos de veces, tus redes sociales se inundan de insultos, y la jefatura de tu medio o tu entorno cercano te pide ‘calma’? Para muchas periodistas, comunicadoras y generadoras de contenido afrodescendientes en América Latina, el acoso digital no es un hecho aislado: responde a lógicas sistémicas que castigan nuestras voces. Y, sin embargo, esta violencia sigue sin ser nombrada ni abordada por medios, plataformas ni políticas públicas.

El hostigamiento en espacios laborales y digitales opera como un régimen de violencia interseccional—racismo, sexismo y clasismo— que empieza incluso antes de ejercer el periodismo, condicionando acceso a formación, oportunidades y redes. No se queda fuera del horario: quiebra tiempos de descanso, interfiere en el derecho al cuidado y a la salud integral, desordena proyectos de vida, debilita la seguridad individual y colectiva, y limita la participación política.

Todo ocurre sobre un piso de desigualdad estructural: según indicadores de género de la CEPAL-ONU Mujeres en 2023, hay 118 mujeres en pobreza y 120 en pobreza extrema por cada 100 hombres, con impactos especialmente marcados entre mujeres afrodescendientes e indígenas, una realidad que exige respuestas integrales, más allá del punitivismo y el presupuesto para cuidados. Es en este contexto que Repcone –Red de Protección Digital para Comunicadoras Negras, impulsada por la Rede de Jornalistas Pretos (Red de Periodistas Negros)– se consolida como un espacio imprescindible. No basta con afirmar que ya existen redes de periodistas; hace falta construir una que garantice condiciones seguras y dignas para comunicadoras afrodescendientes, con protocolos que nombren el racismo y su cruce con el acoso sexual y digital.

Lo que no podemos ignorar

La posibilidad de desagregar el acoso digital a mujeres afrodescendientes en nuestros países sigue siendo reducida, pero tenemos evidencia de la violencia digital contra periodistas mujeres en general, cuando se hace el cruce trabajo-plataformas.

Un estudio de la UNESCO en conjunto con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) documenta que el 73% de las periodistas encuestadas ha sufrido violencia en línea vinculada a su trabajo (incluidas amenazas sexuales y campañas coordinadas). Y, en términos de desproporción racial, el proyecto Troll Patrol (Amnistía Internacional/Element AI) mostró que las mujeres afrodescendientes fueron 84% más propensas que las mujeres blancas a ser mencionadas en tuits abusivos o problemáticos.

En el plano global, la primera encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en conjunto con Gallup confirma que más de una de cada cinco personas ocupadas ha vivido violencia o acoso en el trabajo a lo largo de su vida, con tasas más altas entre mujeres jóvenes, personas migrantes y grupos afectados por discriminación por género y raza/color de piel. En otras palabras: la interseccionalidad importa.

¿Y qué significa esto en un país como Perú?

A pesar de que el Estado peruano cuenta con un marco normativo relevante —como el Reglamento de la Ley 27942, que reconoce el hostigamiento sexual también en entornos digitales, y la ratificación del Convenio 190 de la OIT—, la ruta para prevenir, sancionar y reparar la violencia digital sigue siendo difusa. La impunidad persiste.

La Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030 reconoce que el racismo estructural limita la autonomía de las personas afrodescendientes, especialmente de las mujeres. En ese marco, los medios de comunicación no son neutrales: pueden reproducir estereotipos o marginar voces, pero también pueden transformarse en espacios de representación digna y defensa de derechos.

Sin condiciones laborales seguras, sin acceso a cuidados ni protección frente al acoso digital, la participación de las mujeres afrodescendientes en el ecosistema comunicativo se ve restringida, sobre todo cuando la propuesta es ser una voz crítica en una sociedad profundamente desigual y discriminadora. El Estado debe garantizar entornos libres de violencia racial y sexista, institucionalidad con enfoque de género, étnico racial, interseccional; donde se garantice presupuesto público específico para asegurar nuestras autonomías —también en lo simbólico y mediático.

De las declaraciones a las acciones

Reconocer que el racismo y el sexismo son estructurales no exime al Estado ni a las instituciones de actuar ya. Como señalamos desde distintas voces afrodescendientes —incluidas autoras como bell hooks y Sueli Carneiro—, nombrar lo que nos violenta es solo el primer paso.

Desde mi experiencia como comunicadora y periodista afroperuana, he vivido en carne propia las múltiples formas de acoso que se cruzan entre lo racial y lo sexual. No solo es violencia simbólica, es una vulneración concreta a nuestros cuerpos, a nuestra salud mental y a nuestra posibilidad de habitar el espacio público.

Para prevenir, proteger y transformar, planteamos algunas rutas concretas:

1. Protocolos que nombren el racismo y su cruce con el acoso sexual. Las políticas institucionales deben dejar atrás enfoques de género abstractos. El Convenio 190 de la OIT ofrece un marco claro, pero se requiere operativizarlo con enfoque interseccional y presupuesto específico.
2. Reconocer el entorno digital como espacio laboral y de riesgo. La violencia en redes sociales no es “ajena” al trabajo de comunicadoras racializadas. Se necesitan mecanismos internos para denunciar ataques digitales con motivación racial o de género, así como acciones de moderación, registro de pruebas, contención emocional y protección legal.
3. Acompañamiento psicológico y legal con enfoque antirracista. La atención a víctimas de acoso debe reconocer el impacto estructural del racismo en la salud mental. Esto implica profesionales formados, recursos legales, ajustes razonables y sistemas de datos desagregados.
4. Liderazgos institucionales diversos y activos frente a la violencia. No basta con pronunciarse ante la crisis: se requieren liderazgos que actúen, sancionen, prevengan y —sobre todo— reflejen la diversidad de quienes comunican. La ausencia de personas afrodescendientes, indígenas, trans, con discapacidad, entre otras, en espacios de decisión perpetúa la impunidad y reproduce una cultura de silencios cómplices.

El derecho a comunicar sin ser violentadas también es nuestro

El camino de las mujeres afrodescendientes y negras en las comunicaciones suele comenzar con una decisión íntima: estudiar, ejercer el periodismo o crear contenido —en medios tradicionales o alternativos—, aun sin referentes donde mirarnos. Sigue cuando tocamos puertas que se cierran una y otra vez en una sociedad que nos racializa y deshumaniza. Y persiste cuando, ya adentro, debemos demostrar constantemente nuestra capacidad profesional… y también nuestra humanidad. Todo eso, mientras enfrentamos violencias digitales, racistas y sexistas que buscan silenciarnos.

Nombrar ese recorrido importa. No para romantizarlo, sino para reconocer sus costos y reivindicar aquello que tejemos juntas: redes de cuidado, protección y sostenimiento que nos permiten seguir habitando el espacio público con dignidad.

Una Red de Protección Digital para Comunicadoras Negras no es solo una estructura profesional: es una respuesta política. Un espacio que valida la experiencia vivida, prioriza el autocuidado colectivo y articula estrategias frente al racismo estructural que atraviesa nuestras trayectorias —en redacciones, redes sociales y en cada plataforma donde ejercemos el derecho a comunicar.

Audre Lorde lo dijo con claridad en A Burst of Light: “Cuidarme a mí misma no es autoindulgencia. Es autopreservación. Y eso es un acto de guerra política”.

Hoy podemos decir que somos más y estamos traspasando fronteras —geográficas y simbólicas—, que nos estamos encontrando, nombrando, protegiendo. Y que ya no aceptamos ni likes vacíos ni silencios institucionales. Exigimos redes antirracistas, políticas públicas que reconozcan y sancionen el acoso digital con enfoque interseccional, y condiciones dignas para ejercer el periodismo sin tener que sacrificar el descanso, la salud mental o la integridad física.

Seguimos resistiendo. Estamos escribiendo nuestra historia en presente.

Con voz propia. En colectivo.