La paradoja de la representación de mujeres en el Congreso 2026–2030

Por estos días comienzan a conocerse los datos oficiales de las candidaturas y elecciones al Congreso 2026–2030, que coincidencialmente se realizaron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En materia de representación femenina, hay avances que vale la pena destacar: el 40,9 % de las candidaturas al Congreso corresponde a mujeres, lo que significa un incremento frente a procesos electorales anteriores.

Este dato no es menor, pues refleja, al menos en el plano formal, una mayor presencia de mujeres en la contienda electoral, impulsada en parte por mecanismos como las listas cerradas y de cremallera, a pesar de las críticas que han suscitado.

Se trata, además, del resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Colombia, que han promovido reformas legales, acciones afirmativas y transformaciones culturales para abrir espacios en la política. La ley de cuotas, la incidencia en los partidos y la presión constante por la paridad han sido claves para que hoy más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular. En ese sentido, el aumento en las candidaturas es una conquista colectiva sostenida en el tiempo.

Sin embargo, al contrastar este avance con los resultados en términos de representación efectiva, es decir las curules obtenidas, la narrativa se complejiza. En medio del proceso de escrutinio y a la espera de la entrega de credenciales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte un estancamiento en la participación de mujeres en el Congreso para el periodo 2026–2030: la representación femenina alcanza el 29,98 %, lo que incluso supone una leve caída frente a las elecciones de 2022. Esto indica que, aunque formalmente se cumple la cuota del 30%, el dato evidencia un problema estructural y es que persisten barreras en el acceso real de las mujeres a cargos electivos.

La distancia entre candidaturas y resultados pone en evidencia una tensión persistente en la democracia colombiana: no basta con que las mujeres estén en las listas, es necesario que estén en posiciones competitivas y de toma de decisión. La cuota, sin mecanismos efectivos de ubicación y alternancia, puede convertirse en un cumplimiento formal sin impacto sustantivo. En otras palabras, más mujeres compiten, pero no necesariamente más mujeres llegan a los cargos.

A esta tensión se suma una paradoja aún más compleja. Algunas de las mujeres que sí logran acceder al poder lo hacen desde agendas políticas abiertamente conservadoras o religiosas que, en muchos casos, se oponen a avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, la lucha contra las múltiples formas de violencias basadas en género e incluso la misma paridad. Incluso, en ocasiones, desconocen o minimizan el papel de los movimientos sociales y feministas en la apertura de estos espacios.

Esto plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿qué significa realmente avanzar en representación política? ¿Es suficiente contar cuántas mujeres hay en el Congreso o debemos preguntarnos también qué agendas impulsan y qué derechos están dispuestas a defender? ¿Existe el riesgo de retroceder en materia de igualdad? La presencia de mujeres no garantiza, por sí sola, una representación sustantiva ni la defensa de los derechos de las mujeres. Además, la política, e incluso la democracia misma, está atravesada por ideologías, proyectos de sociedad y disputas de poder. Que una mujer ocupe una curul no implica automáticamente un compromiso con la igualdad de género o con otro tipo de derechos. Sin embargo, sí resulta problemático que se desconozca que esas mismas curules son, en gran medida, producto de luchas colectivas que buscaron ampliar derechos para las mujeres, no restringirlos.

En este contexto, el 8M adquiere una carga simbólica particular. Una fecha históricamente asociada a la reivindicación de derechos, la memoria feminista y la exigencia de igualdad coincide con un escenario en el que aumenta la participación formal, pero se estanca (e incluso retrocede), la representación efectiva. A ello se suma la posibilidad de que lleguen al Congreso personas con agendas regresivas, lo que evidencia tensiones no resueltas en torno a la igualdad política y el avance de sectores conservadores.

Aun así, es necesario reconocer que el hecho de que el 40,9% de las candidaturas esté compuesto por mujeres es un logro significativo, independientemente de la orilla política de la que haga parte. Pero también es un recordatorio de que la igualdad no se agota en los números y tampoco es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. La democracia paritaria no solo implica abrir las puertas, sino garantizar que las mujeres puedan atravesarlas en condiciones reales de competencia y ejercer el poder en contextos que no reproduzcan las desigualdades que históricamente las han excluido.

El desafío, entonces, es doble. Por un lado, fortalecer los mecanismos que además de asegurar la inclusión, también sostengan la efectividad de la participación política de las mujeres: listas paritarias, alternancia real, garantías dentro de los partidos y eliminación de violencias basadas en género dentro de estos. Por otro lado, promover una representación que avance en la garantía de derechos para mujeres, niñas y otras poblaciones históricamente discriminadas.

Quizás, en medio de estas tensiones, el Congreso 2026–2030, aun con menos mujeres, termine debatiendo de fondo la paridad política y comprometiéndose con la protección de la autonomía reproductiva de las mujeres, como condición para el ejercicio de la ciudadanía plena en una sociedad democrática. Y eso, en sí mismo, no dejaría de ser una nueva paradoja.