La esclavización: el crimen de lesa humanidad más grave

El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como el crimen de lesa humanidad más grave. De esta manera logra zanjar una de las mayores disputas narrativas por el significado de la historia y por las responsabilidades del presente.

Para África, América Latina y el Caribe, esta declaración tiene un peso particular; justo días después de concluir el Foro de Alto Nivel CELAC-África convocado por la vicepresidenta Francia Márquez Mina en nombre del gobierno colombiano. Muchas de las intervenciones de este foro destacaron cómo en estas regiones se consolidaron escenarios de ese sistema de deshumanización masiva, y que hoy siguen siendo territorios donde sus consecuencias persisten con mayor claridad: desigualdad racial, exclusión territorial y racismo estructural. Reconocer la esclavitud como el crimen más grave resignifica el pasado e interpela las narrativas con las que se han construido nuestras sociedades.

La relevancia de esta decisión radica en que legitima, con fuerza jurídica y política, las demandas históricas de los pueblos afrodescendientes. Esta resolución une el reconocimiento con la justicia. El propio marco internacional reconoce que estos crímenes generan obligaciones: verdad, reparación y garantías de no repetición. Esto abre la puerta a agendas concretas de justicia restaurativa que incluyen desde disculpas oficiales hasta inversiones estructurales en pueblos históricamente marginadas.

Sin embargo, el paso de la declaración a la transformación estructural no es automático. Las consecuencias reales dependerán de la voluntad política de los Estados. La experiencia internacional muestra que muchas resoluciones quedan en el plano discursivo si no hay presión social, asignación de recursos y mecanismos de implementación. El riesgo es claro: que esta decisión se convierta en una victoria simbólica sin efectos materiales.

La implementación exige una acción coordinada. Los Estados deben liderar reformas institucionales y políticas públicas; los organismos internacionales deben acompañar y monitorear; la academia debe producir conocimiento con evidencia rigurosa y sistemática; y, sobre todo, los movimientos afrodescendientes deben ocupar un lugar central en el diseño y seguimiento de estas medidas. Esta debe ser una agenda construida, de manera concertada, con quienes han vivido históricamente sus consecuencias.

En países como Colombia, esta declaración adquiere matices específicos. En Colombia, representa una oportunidad para profundizar la conversación con los pueblos afrodescendientes, especialmente en territorios como el Pacífico y el Caribe, donde la exclusión es estructural y de larga duración. Para todo el sistema judicial, es una oportunidad para identificar las manifestaciones del racismo hacia personas afrodescendientes en sus decisiones.

En última instancia, esta resolución nos recuerda que el pasado no está cerrado. Las estructuras que produjo la esclavitud siguen moldeando nuestras sociedades. La pregunta que surge ahora es qué hacemos con este reconocimiento y con este renombramiento del pasado. Si lo convertimos en una herramienta de transformación o si lo dejamos como una conmemoración más.

Martin Luther King solía decir: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”. La historia ha sido renombrada. La gravedad de la esclavización de las personas africanas ha sido reconocida. Ahora falta que la justicia le alcance.

PD: Celebro que Brasil haya cambiado su voto de abstenerse de votar esta resolución a hacerlo de manera positiva luego del discurso histórico del presidente Lula en el Foro Alto Nivel CELAC-África en Bogotá. De no haber ocurrido este cambio. La conversación de toda la región sobre esta resolución hubiera sido otra.