Del escrache al ‘Me Too’: las periodistas colombianas refuerzan su voz contra el acoso sexual

El acoso sexual se ha tomado la atención de los noticieros colombianos. Pero esta vez los señalados no han sido políticos, productores de cine, o empresarios, sino los que dan las noticias: dos presentadores célebres en el canal de televisión más visto en el país, Noticias Caracol. El canal contó que los investigaba, y tras algunos días reveló sus nombres: Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas salieron de la empresa mientras defienden su inocencia. Pero la noticia no son ellos, sino las decenas de mujeres que denunciaron en redes sociales que vivieron acosos en ese y otros medios como el diario El Espectador o el noticiero Noticias RCN. Las denuncias de acoso sexual en los medios no son nuevas, pero se amplificaron y no solo solo señalan a un hombre acosador, sino a un sistema de justicia que ha amenazado el derecho de las mujeres a hablar.

“Esto que está pasando me emociona mucho, porque desde 2020 vimos que el acoso judicial a quienes denuncian había tenido una especie de chilling effect; ahora veo una luz", dice Catalina Ruiz-Navarro, directora del medio feminista Volcánicas. Se refiere a las denuncias penales y civiles en Colombia ―como las del director de cine Ciro Guerra contra Volcánicas― o internacionales ―como las del actor Johnny Depp contra su expareja, Amber Heard―. “Intimidaron a muchas mujeres porque esos procesos costosos, largos, y muchas vieron que no iban a ninguna parte. Pero en Noticias Caracol alguien abrió un boquete, y salió toda el agua de nuevo″.

Los testimonios hablan de algo sistemático. “Había un camarógrafo que me hacía tomas iniciando en mi busto“; “Se me tiró encima, y me empezó a meter la mano entre las piernas”; ” Me cogió detrás de la puerta a darme besos en la boca, lo quité y él siguió hasta que lo paré“; “Me dio una nalgada”; “Ir a la oficina e interactuar con mi acosador se volvió insostenible. Me quería morir”. Son por ahora denuncias públicas, no acciones jurídicas, que se conocen como ‘escrache’.

Juanita Gómez, quien trabajó en Noticias Caracol, narró que allí vivió un acoso en 2015: tuvo que empujar a un presentador que quería forzarle un beso. Guardó 10 años ese secreto, y ahora está recopilando, con un grupo pequeño de reporteras, cientos de denuncias más: han llegado 200 correos al email de apoyo que abrieron. “No sé quiénes fueron las mujeres valientes que denunciaron recientemente, pero tienen nuestro agradecimiento eterno, abrieron una grieta que nos permite salir de nuevo”, dice. “Si ellas son jóvenes, son una generación que es una revolución”.

Un estudio del Observatorio de la Democracia en la Universidad de los Andes, que encuestó en 2020 a 158 reporteras, encontró que 6 de cada 10 dijo haber sido víctima de violencia de género en su trabajo. Entre las agredidas, el 79,3% señaló que el agresor tenía un cargo superior. “Los datos sugieren que son las mujeres jóvenes las que sufren más esa situación, y quizás las que menos toleran que eso pase”, dice Miguel García, profesor de Ciencia Política y líder es esa investigación. “Son las más victimizadas, pero las que tienen mayor conciencia al respecto”.

Las mujeres que están denunciando se encuentran rápido con una dura realidad: la dificultad de conseguir respuestas del sistema de justicia. “Nuestro sistema judicial y probatorio sigue siendo muy patriarcal”, dice la abogada Ana María Bejarano, quien ha representado varios procesos jurídicos de violencia de género y ha lanzado este domingo una alianza mediática y jurídica para visibilizar más casos. “Lo que un juez usualmente considera como prueba no razona con las formas que toma el acoso sexual: para poder probarlo, casi toca grabar al tipo cogiéndote la nalga o diciéndote una porquería. El sistema probatorio tiene que cambiar. Por ejemplo, considerar como prueba las voces de distintas mujeres que han vivido lo mismo, o que la víctima le haya contado el caso a sus amigas, a su psicóloga. Los jueces constitucionales lo reconocen, pero en los casos civiles y penales estas pruebas aún no convencen”.

Hay dos ejemplos claros en esa disyuntiva. Los magistrados de la Corte Constitucional reconocieron en 2021 que el diario El Colombiano no atendió de forma apropiada la denuncia de su periodista Vanesa Restrepo, quien en 2019 denunció el abuso sexual que sufrió por parte de un compañero de trabajo. Restrepo obtuvo esa respuesta en menos de dos años, mientras el caso tomó cinco años en el sistema penal. “El tipo de mecanismos como el escrache son las herramientas que nos quedan. Las víctimas en su mayoría hablamos porque no queremos que le pase a otras”, dijo Restrepo en 2024 al medio digital Mutante, sobre la justicia que sí funciona cuando la penal falla. “La justicia no puede recaer en organizaciones feministas. No nos pueden dejar a nosotras la carga cuando ellos hacen parte del sistema que nos genera esto”, dice.

Como reacción a la presión, la fiscal general del país, Luz Adriana Camargo, hizo dos anuncios. Primero, movió un caso penal emblemático a una fiscal del más alto rango para que esta lo estudie con enfoque de género. Se trata de la denuncia por injuria y calumnia que hizo Hollman Morris, gerente de la empresa de medios públicos, a la joven militante de la izquierda Lina Castillo, quien lo había señalado ante los medios de comunicación de acosarla sexualmente cuando ambos trabajaban en el Concejo de Bogotá. La Fiscalía lo ha acusado a la joven ante un juez y las feministas han denunciado que lo hizo por carecer totalmente de un enfoque de género.

“Antes de lo de Noticias Caracol, Lina iba a perder su derecho al escrache” cuenta Ruiz-Navarro, quien publicó en Volcánicas el testimonio del acoso. “La fiscal se movió esta semana porque las mujeres nos organizamos, hicimos ruido con una audiencia de Hollman contra Lina que ocurrió en estos días. Si ella llega a perder ese caso, nos puede joder a todas”.

Por otro lado, este viernes Camargo firmó una directiva en la que explica a sus funcionarios la importancia del escrache como legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Dos activistas feministas consultadas por esta historia le agradecen que se esté moviendo en esa dirección, pero cuestionan que lo haga cuando estalla un escándalo, y no cuando ellas se acercaron para advertirle que la Fiscalía ponía en riesgo el derecho al escrache.

“El escrache es más viejo que el Me Too. Es un mecanismo que nació en las dictaduras del cono sur: cuando la justicia no respondía por los desaparecidos, la gente salía a pintar un grafiti en la casa del agresor”, cuenta Ruiz-Navarro. Para ella, las manifestaciones feministas contra el acoso sexual tardaron en llegar a Colombia por el conflicto armado, pues la violencia de género se veía como algo menor frente a la violencia de la guerra.

El proceso de paz del 2016 cambió eso. Desde entonces ha habido emblemáticos contra el cinestara Ciro Guerra, el escritor Alfredo Salcedo Ramos, contra el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, un presentador de radio de la emisora Radiónica. Pero, con las demandas penales y civiles, volvió el silencio.

“Sabemos lo que viene, sabemos que en unos meses vamos a ver una tonelada de demandas, porque es la forma que tienen los hombres para intimidarnos”, dice Ruiz-Navarro, quien teme que una demanda de Guerra lleve a una orden judicial que le ordene revelar sus fuentes anónimas, otra amenaza al escrache. “Necesitamos urgente una ley que proteja las denuncias de interés público, que nos proteja del acoso judicial, que proteja el derecho a hacer periodismo”.

Cuando las periodistas son acosadas sexualmente, no solo se afecta su derecho a trabajar en espacios seguros, sino también su libertad de expresión. De acuerdo al estudio de Los Andes, más de un tercio de las mujeres acosadas sexualmente prefirió renunciar a sus trabajos, o al menos a las secciones en las que reportaban. Fueron micrófonos que el machismo logró silenciar, pero que vuelven a prenderse para contar lo que pasaba detrás de cámaras.