¿Es el alza del salario mínimo la manzana de la discordia en variables económicas?

Este año, sin lugar a dudas, nos despertamos con una noticia que abrió el debate público: el alza del salario mínimo decretada por el Gobierno del presidente Petro. Las redes sociales parecían una estampida en la que no se permitía escuchar con claridad los argumentos de parte y parte. Esto, una vez más, evidencia la necesidad de oír distintas posturas en una democracia convulsionada por la polarización extrema y el ataque personal a quien piensa diferente. En todo caso, la controversia se dio tras la decisión del Gobierno Nacional de decretar un incremento del salario mínimo del 23%, luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa de concertación tripartita.

Mediante el Decreto 1469 de 2025, hoy objeto de múltiples demandas de nulidad y acciones de tutela, el Gobierno estableció dicho aumento. El principal argumento del decreto se concentró en la necesidad de garantizar de manera real un salario mínimo vital y móvil, que permita a los trabajadores subordinados costear no solo sus propios gastos, sino también los de su núcleo familiar. El acto administrativo se apoya en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, que reconocen el trabajo como un derecho fundamental y consagran el mandato de asegurar una remuneración mínima, vital y móvil. Para el Gobierno, en línea con la jurisprudencia constitucional y algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo debe ser suficiente para garantizar condiciones de vida dignas al trabajador y a su familia, de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo realizado, y en armonía con los fines del Estado Social de Derecho.

Asimismo, en la parte motiva del decreto se evaluaron los criterios técnicos y legales para la fijación del salario mínimo: inflación observada y esperada, productividad, participación de los salarios en el ingreso nacional, crecimiento del PIB e índice de precios al consumidor. En este marco, el Gobierno otorgó un peso significativo a los estudios y lineamientos de la OIT sobre el concepto de “salario vital”, entendido como aquel ingreso que permite cubrir efectivamente las necesidades básicas del hogar y asegurar un nivel de vida digno.

Adicionalmente, la decisión se respaldó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que exige que el aumento del salario mínimo refleje de manera prevalente la especial protección constitucional del trabajo, la preservación de una remuneración mínima, vital y móvil, y los objetivos de la dirección general de la economía a cargo del Estado. Siguiendo el deber de motivación, en donde las variables económicas parecen ser protagonistas, el Gobierno consideró que el incremento era viable a la luz de un contexto económico y social favorable, sustentado en indicadores del DANE como la reducción sostenida del desempleo, la disminución significativa de la inflación frente a años anteriores y un crecimiento económico superior al promedio regional.

Sin embargo, apenas se publicó el decreto, se abrió la manzana de la discordia entre destacados economistas colombianos. Varios exintegrantes del Gobierno Nacional expresaron públicamente su desacuerdo. Para Jorge Iván González, el incremento fue un “error monumental” que la economía no podrá resistir, advirtiendo que, lejos de beneficiar a los más vulnerables, terminará por asfixiarlos, dado que “las expectativas de inflación ya cambiaron” con la expedición del decreto y los precios subirán de inmediato.

En una línea similar, el exministro Luis Carlos Reyes cuestionó la coherencia del Gobierno, sugiriendo que se ignoraron otras vías para mejorar de manera estructural los ingresos de los colombianos, como una política industrial robusta o una verdadera banca pública. Por su parte, el exministro José Antonio Ocampo sostuvo que los efectos negativos del incremento serán complejos de manejar. Señaló que el aumento se suma a mayores costos laborales derivados de la reforma laboral, lo que podría afectar el empleo formal en un país con altos niveles de informalidad, especialmente en zonas rurales. Además, advirtió que las empresas, en particular las micro y pequeñas, enfrentarán mayores costos, presionando la inflación tanto por la indexación de bienes y servicios al salario mínimo como por el aumento de los costos de producción.

En paralelo, varias voces trajeron al debate el libro Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, de David Card y Alan Krueger, destacando que algunos argumentos tradicionales de la economía conservadora carecen de sustento empírico en relación con los efectos reales del salario mínimo sobre el empleo. No obstante, también es cierto que buena parte de esos estudios se basan en economías muy distintas a la colombiana, como la estadounidense o la alemana. A ello se sumaron comparaciones con experiencias recientes en México y otros países de la región.

Ahora bien, toda esta discusión pone de presente la importancia de los datos en el marco jurídico para evaluar la legalidad del incremento salarial. Tras una lectura de las normas legales y de los principios constitucionales, no encuentro cómo podría sostenerse que el decreto es contrario a la ley o a la Constitución.

Es más, en su parte motiva es claro que la decisión surge de un análisis de múltiples variables económicas y sociales, con un énfasis especial en el mandato constitucional de garantizar un salario mínimo realmente vital y móvil. Desde este punto de vista, el decreto cuenta con suficiencia argumentativa y, aunque puede ser discutible desde la conveniencia económica, no presenta reproches jurídicos relevantes. El Gobierno actuó dentro de sus facultades legales y reglamentarias. Quizás, los únicos argumentos de peso puedan centrarse en principios constitucionales, como lo son el principio de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social por las repercusiones del alza en el sistema pensional o la afectación a la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, estos argumentos tendrían que tener apoyo del mismo gobierno nacional.

Por último, el debate abre una pregunta de fondo: ¿qué tan mínimo es realmente el salario mínimo? En este sentido, quizás volver a la crónica de Andrés Felipe Solano, “Salario mínimo, vivir con nada”, pueda darnos luces para comprender cómo se sobrevive con un salario mínimo en un contexto profundamente desigual como el colombiano.