La caída

Los últimos años la figura política del expresidente Álvaro Uribe Vélez se había venido deteriorando. De sus grandes, elocuentes y frenteras alocuciones presidenciales, ruedas de prensa y entrevistas televisadas, lo pasamos a ver discutiendo enfurecido con transeúntes, encarado con estudiantes, abandonando debates en el Congreso, reducido en un Tribunal a negar los delitos condenados y a pedirle a la jueza Sandra Heredia que lo absolviera luego de manifestar, en una intervención lastimera, que nunca ordenó pagar honorarios a testigos. Eso sí, en redes sociales nunca bajó su faceta temeraria.

Al igual que otros mandatarios latinoamericanos y centroamericanos, Uribe terminó condenado por delitos menores a los que la justicia lo ha investigado y de lo que las víctimas y movimientos de defensores de derechos humanos lo acusaban. Algunos ejemplos ilustran que dictadores, presidentes poderosos y otros, utilizando la democracia representativa, instauraron regímenes autoritarios en los cuales, a cuerpo de rey, hicieron lo que dispusieron con las tres ramas del poder. Corrió el tiempo y la justicia les cayó a todos. Tardó, pero llegó.

El dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt, condenado por cometer un genocidio y delitos de lesa humanidad, evadió el juicio durante varios años, endilgó la responsabilidad del asesinato de 1.771 indígenas a sus subordinados y negó en diversas oportunidades haber dado la orden. “No soy un asesino”, sentenció el expresidente peruano Alberto Fujimori durante el juicio adelantado en su contra por crímenes de lesa humanidad. Pese a sus constantes evasivas con la justicia, fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

El dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido y arrestado en Londres (1998) por más de 500 días, en virtud de una orden emitida por el juez Baltasar Garzón. Tras usar decenas de artimañas logró una liberación por causas humanitarias. Aunque murió sin purgar condena en Chile, varios de sus funcionarios han sido procesados y el Estado encontrado responsable por crímenes de lesa humanidad.

La influencia política de Álvaro Uribe Vélez en la historia política de Colombia se cimentó en sus dos periodos presidenciales, el padrinazgo de los expresidentes Juan Manuel Santos –primer gobierno (2010-2014)- el de Iván Duque (2018-2022) y el haber generado un fenómeno que se tradujo en las dos principales corrientes políticas de las últimas elecciones presidenciales: el uribismo y el antiuribismo. En 2013 fue elegido como “El Gran Colombiano”, en un programa del canal norteamericano History Channel, luego de que más de un millón de personas votaran por su figura por encima de nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez o el prócer Antonio Nariño.

La imagen mediática y política que consolidó durante sus dos periodos presidenciales se fue diluyendo a medida que la justicia, la oposición política y las organizaciones de víctimas desenmascararon los hilos de corrupción, narcotráfico, homicidio y concierto para delinquir de algunos funcionarios de su gobierno. Los procesos penales, las condenas contra sus funcionarios -11 por el momento-, el peso de la justicia contra congresistas y terceros civiles durante sus dos periodos presidenciales, y los 28 procesos abiertos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fueron diezmando su figura y movimiento político.

El exmandatario ya no encarna la figura política que logró una aplastante victoria en 2002, en segunda vuelta, con el 54,5% de aprobación – cerca de 5.9 millones de votos- frente al liberal Horacio Serpa, quien apenas logró 3,5 millones de votos. Uribe ganó en 20 de los 33 departamentos del país y obtuvo una votación sustancial de los colombianos en el exterior. Tampoco es el político que unificó a una gran parte del país en un discurso contrainsurgente, ni el que devolvió -a sangre y fuego- una supuesta tranquilidad a las carreteras para que los colombianos pudieran viajar por el país.

De la figura del político que se reeligió en primera vuelta con el 62% del país a su favor y bajo un manto de dudas y cuestionamientos que logró sortear, poco queda. Hoy ya sabemos, por el fenómeno de la yidispolítica, que se compraron congresistas para votar a favor del cambio constitucional que permitió su reelección, y que detrás de su segundo mandato se movió dinero en el legislativo para orientar cambios constitucionales. Tal parece entonces que la práctica de honorarios a terceros para favorecer al exmandatario no es de ahora.

Con la verdad brotando como flores en primavera, pronto el país empezó a conocer lo que se coció detrás de cada gran logro de la Seguridad Democrática: hacer pasar 6.402 civiles por guerrilleros para ser dados de baja, la financiación de su campaña por parte de grupos paramilitares, la expansión paramilitar de las AUC y ordenar interceptaciones ilegales para perseguir a la oposición, jueces y magistrados. Esto solo por mencionar parte del repertorio criminal del cual, por ahora, los perpetradores lo han mencionado como el determinador y que la justicia investiga la vinculación directa del expresidente.

No se trata entonces, como han planteado algunos analistas y medios, que la decisión polarice o no el país. Por el contrario, se trata de la lucha de la memoria y verdad contra el olvido, de la dignidad de las víctimas en Colombia. Por más poderoso e influyente que haya sido el exmandatario, la justicia no se iba a amilanar. Por ahora, retoma el contexto en el que se ha señalado al expresidente Álvaro Uribe Vélez de haber conformado y auspiciado estructuras paramilitares y de haber sido determinador en delitos de lesa humanidad.

Un día le escuché a mi amigo Carlos Beristain, médico psicólogo y ex comisionado de la verdad, decir que “la justicia es buena para el Alzheimer”. Y, en efecto, para este caso, lejos de que el exmandatario vaya a reconocer la verdad, por ahora la justicia le dijo “no cabe duda que el procesado conocía el ilícito de su proceder”; es decir, la juez le dijo: “usted dio la orden. Usted es culpable”.