Las denuncias de precariedad laboral ensombrecen el buen momento de la caficultura colombiana: informalidad, hacinamiento y explotación

Detrás de una taza de café colombiano, el mejor del mundo para muchos expertos, hay miles de historias de informalidad y explotación laboral, según lo revela una exhaustiva investigación internacional publicada en la madrugada de este viernes. El documento, dirigido por la ONG especializada en derechos laborales Repórter Brasil, se construyó en alianza con la organización colombiana Voces por El Trabajo, y es el resultado de varios meses de análisis, entrevistas y visitas a cultivos en los departamentos de Antioquia y Huila, dos de los mayores productores del país. “La informalidad, las jornadas extenuantes y las malas condiciones de alojamiento aún predominan en las fincas cafeteras de Colombia, incluso en aquellas que ostentan sellos internacionales de certificación socioambiental”, se lee en el informe.

Colombia tuvo en 2024 la mayor producción de café de las últimas tres décadas. Cosechó 14,7 millones de sacos, según la Federación Nacional de Cafeteros, y se posicionó como el tercer productor del mundo, después de Brasil y Vietnam. A diferencia de muchos países que usan máquinas para la cosecha, en Colombia hay cerca de 330.000 personas recolectoras que seleccionan los frutos a mano y uno por uno, un trabajo fundamental para lograr la reconocida alta calidad. Muchos recolectores se pintan las uñas de color rojo rubí, casi púrpura, para distinguir fácilmente los granos que deben coger. Más del 80% de ellos está en la informalidad, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un estudio previo de la Federación de Cafeteros con 7.578 recolectores encontró que solo el 1,5 % tenía contratos laborales formales. Esta condición hace “invisibles y vulnerables” a los trabajadores, que hoy no tienen derecho a las prestaciones de ley ni a la seguridad social, como recuerda el estudio de la ONG.

En la práctica, muchos de los hombres y mujeres que recolectan el café en las empinadas montañas del país no tienen acceso a servicios de salud ni cotizan para una pensión en la vejez. Tampoco gozan de vacaciones, pago de cesantías y muchas veces su empleador ni siquiera asume los riesgos laborales. “El terreno colombiano, marcado por la cordillera de los Andes, hace que la cosecha sea especialmente riesgosa. En casos de accidentes laborales, como caídas en pendientes donde crecen los cafetales o heridas causadas por machetes, los propios trabajadores deben buscar atención médica”, denuncia el informe. Hermes Martínez, un recolector de 24 años entrevistado por Repórter, confiesa que no cotiza al sistema de seguridad social y está desprotegido en caso de accidentes. “Al patrón solo le importa que yo recoja el café”.

Paola Campuzano Jaramillo, coordinadora de proyectos de la OIT en Colombia, ha estudiado por años el problema. “Nuestro sector cafetero tiene casi 300 años de historia, y aún no hemos logrado condiciones laborales justas para los productores y recolectores de café”, dice en una entrevista reseñada por la investigación. Campuzano denuncia que muchas de las fincas en las que los recolectores están en la informalidad tienen certificaciones internacionales que indican, supuestamente, que sus prácticas sociales y ambientales cumplen con los estándares requeridos. “¿Cómo certifican fincas que ni siquiera garantizan la seguridad social? ¿Cómo me puedes decir que cumplen con la ley?, ¿Qué documentos respaldan esas certificaciones? ¿Una finca que ni siquiera lleva un registro de sus recolectores?”, se pregunta.

Robinson Piñeros Lizarazo, profesor de ciencias sociales en la Universidad Surcolombiana, en el Huila, e investigador de las relaciones laborales rurales, coincide en señalar las malas condiciones de trabajo de los recolectores: “Es una informalidad absoluta”. Entrevistado durante la investigación, señala que la informalidad está determinada por la naturaleza de la relación laboral. “Es un contrato verbal. Si preguntamos cuántos contratos formales hay, encontraríamos muy pocos”. Ricardo Solano Carillo, otro recolector entrevistado para la investigación, cuenta que salió de su casa a los 12 años para trabajar en la cosecha, y hoy, a sus 40, nunca ha tenido un contrato laboral formal ni ha contribuido al sistema de seguridad social.

Consciente de este problema, el Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso varios artículos en la reforma laboral que se acaba de aprobar para formalizar a los trabajadores del campo. Sin embargo, el Congreso eliminó los que buscaban crear el jornal agropecuario, garantizar la seguridad social para millones de trabajadores y obligar a que percibieran al menos un salario mínimo. Ante el hundimiento de esta parte de la reforma, Petro cuestionó a los congresistas opositores: “No entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos mensuales, no quiere que un jornalero gane un salario mínimo. Es por esto que somos uno de los países más desiguales y violentos del mundo”.

En una de las fincas visitadas por los investigadores en Salgar, Antioquia, quedaron en evidencia las malas condiciones en las que viven los recolectores durante los meses de cosecha. “En la Finca Los Naranjos hay dos alojamientos donde duermen entre 35 y 40 personas en cada uno. Las camas estaban dispuestas en habitaciones oscuras y mal ventiladas. Para obtener un poco más de privacidad, algunos trabajadores improvisaban cortinas con costales”, se lee en el documento.

Los recolectores, además, con frecuencia deben trabajar jornadas mucho más largas que las establecidas en la ley y pueden recibir sueldos inferiores al mínimo. “Las jornadas de trabajo pueden superar las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, el límite máximo permitido en Colombia”, establece el informe. Y añade: “Los trabajadores comienzan a recolectar café a las 6:30 a. m. y se detienen alrededor de las 4:00 p. m., cuando el sol empieza a ocultarse. Sin embargo, permanecen en el campo hasta que sus costales son pesados y se calcula su pago”. Fabio González, director del Ministerio de Trabajo en el departamento de Antioquia, entrevistado por los investigadores, denuncia que no se aplican los límites máximos. En la Finca San Fernando, en el Huila, donde había 60 recolectores en la última cosecha, se paga por día de trabajo y no por kilo recogido como en la mayor parte de los lugares. “Los trabajadores ganan 32.000 pesos al día, equivalentes a 7,7 dólares”, mucho menos de un salario mínimo.