Las víctimas de pederastia exigen a la Iglesia católica colombiana que desclasifique sus archivos: “Debe haber una sanción social”

Fidel Mauricio Ramírez estuvo desde muy niño ligado a la Iglesia católica: de adolescente iba a grupos de oración, participaba en misiones y acudía a retiros espirituales. Para sus padres, unos campesinos caldenses, no era extraño, pues, que un sacerdote invitara a su hijo a una casa parroquial durante sus vacaciones. Una noche, según denuncia, este cura lo embriagó y abuso de él. La sangre producto del desgarro que sufrió fue prueba de lo que había ocurrido: su primer encuentro sexual no fue consensuado. Tenía 14 años. “A mí me falló la Iglesia, me falló mi familia, me falló la justicia”, afirma ahora Ramírez, un académico de 43 años conocido en el mundo de la teología y la filosofía en el país.

Han pasado casi tres décadas desde que fue agredido y durante este tiempo los avances para que su caso y muchos más salgan a la luz han sido deficientes. La esperanza se apagaba, hasta hace poco. La Corte Constitucional ordenó a finales de mayo a la Iglesia católica colombiana desclasificar los archivos relativos a los clérigos que han ejercido labores pastorales con el fin de que los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán llevaran a cabo libremente su investigación sobre los casos de pederastia en esta institución. Con la información que han conseguido hasta el momento, los comunicadores han revelado los nombres de más de 600 sacerdotes acusados de abuso sexual infantil. La cifra puede ascender hasta los 5.000.

“La única manera de sanar algo de ese dolor es que se sepa la verdad. Con la desclasificación queremos que se consiga saber la dimensión de lo que implica que haya depredadores al interior de la Iglesia. Si no hay justicia ordinaria debe haber al menos una sanción social. Solo cuando se entienda que es un problema estructural, se tomarán medidas”, manifiesta Fidel Ramírez en su casa en el norte de Bogotá.

Pese a lo que le ocurrió, el académico nunca se alejó de la Iglesia. Al contrario: se reconoce como católico. Por eso desecha la idea que han apelado algunos sacerdotes de que el fallo judicial busca “consolidar un estereotipo”, como alegó el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), el arzobispo Gabriel Ángel Villa, tras conocerse la sentencia. “Retirarme de la religiosidad es dejar en manos de ellos [la jerarquía] el poder moral que siempre se han arrogado. Yo no estoy en contra de la Iglesia, estoy en contra de los intereses de unos pocos”, señala Ramírez.

Las víctimas de pederastia entrevistadas son conscientes de que, a pesar de que cuentan con el apoyo del alto tribunal de Colombia para que se destape la verdad, la lucha que sigue es inmensa. Natalia Restrepo, una farmacéutica de 34 años, denuncia que fue abusada por un sacerdote cuando ella tenía 14. El cura, al que reportó años después ante la curia y la Fiscalía, daba misa en una parroquia de su municipio, Envigado (Antioquia). Ella, monaguilla, lo acompañó un día a realizar un servicio en un pueblo cercano. Al terminar, el sacerdote la llevó a un motel con la excusa de poder tomar un trago sin ser vigilado. En la habitación, sostiene, le sacó la ropa, la besó aunque ella se negara y, finalmente, la violó.

“Se supone que la justicia está por encima de la Iglesia y que ellos deben acatar lo que dicen los jueces, pero no sé qué va a pasar. Creemos que va a comenzar una pelea muy grande”, sugiere Restrepo por videollamada desde Chile, país en el que vive desde hace una década. “El episcopado argumenta que hay sacerdotes fallecidos en los archivos, y no los pueden entregar por respeto. Pero, ¿respeto a quién?, a ellos no se les debe respeto”.

La farmacéutica confía en que, gracias a la denuncia que presentó hace un par de años, sea destituido este sacerdote, que sigue activo y da misas. El calvario de Restrepo no acabó el día del abuso. Semanas después, descubrió que estaba embarazada. “Él estaba molesto y preocupado. Me llevó a la casa de una señora que, ahora de adulta entiendo, me iba a hacer abortar. Tenía pocas semanas, entonces no pudo hacerlo. Él me llevó a una farmacia y me compró unas pastillas de misoprostol [un medicamento para producir un aborto espontáneo]”, cuenta. Ella tenía miedo de tomarlas, pero tras varios días de presión por parte del cura, hizo lo que este le exigía.

Los casos de Ramírez y Restrepo son conocidos por la curia. Ambos denunciaron años después lo que les ocurrió y recibieron una respuesta similar. Restrepo acudió a la Arquidiócesis de Medellín. El sacerdote que la atendió, escribió la acusación en una libreta y, al terminar, le dijo: “Mijita, nosotros somos humanos y también hay que perdonar”. Esa primera queja no tuvo respuesta. Luego, Restrepo presentó el caso ante el obispo auxiliar de Medellín, monseñor José Mauricio Vélez. En esa cita, en agosto de 2022, el sacerdote reconoció que lo que le sucedió es “demasiado grave”. Restrepo asegura que luego él la bloqueó en WhatsApp y que ahora recibe las actualizaciones del proceso eclesiástico a través de una arquidiócesis chilena.

Ramírez también se topó con un muro de silencio, en su caso de la Diócesis de Líbano-Honda (en el departamento de Tolima), de la que dependía el sacerdote acusado. “Envié un correo años después y no me respondieron nada. Así que escalé el caso a la Conferencia Episcopal, con la advertencia de que también iba a proceder por el ámbito penal. Ahí sí me prestaron atención”, señala. Este año, el cura en cuestión renunció a todos sus cargos. “Fue una pequeña victoria y se dio en el marco de este proceso. Al menos tuvo que incomodarse, que es lo que tenemos que hacer con los victimarios”, agrega el académico.

Los procesos penales que han adelantado tuvieron la misma conclusión: los casos precluyeron y, por ende, la Fiscalía no puede investigar. Aunque una ley colombiana expedida en 2021 determina que los delitos sexuales contra los menores de edad ya no caducan, la norma no es retroactiva y estos incidentes ocurrieron hace más de 20 años.

Las secuelas

Revivir lo ocurrido no es una tarea sencilla, señalan ambos. Y las secuelas persisten a su manera. Restrepo, ya muy asentada en Chile y con una hija que nació en el país austral, asegura que revivir los hechos la “agota mentalmente”, que en ocasiones se da sus “lloraditas” en la ducha y suele tener pesadillas. Pero estos paréntesis de tristeza no la doblegan, concluye: “Voy a estar firme y no me voy a dejar derrumbar. Ahora tengo un trabajo estable y soy mamá. Estoy muy feliz”.

Para Ramírez, por su lado, sanar ha sido un proceso arduo y aún por completar. Su salud mental se vio tan afectada que en varios momentos quiso no estar vivo. “Recuerdo muchas veces estar acostado, llorando y pedirle a Dios que me llevara. Estuve muchas veces a punto de, pero siempre me contuve”. Con terapia, y en algunos años con ayuda de antidepresivos, ha conseguido salir de las consecuentes crisis. Hoy es miembro de la Red Global de Católicos Arcoíris, una asociación de personas de la comunidad LGBTI+ que se reconocen dentro del catolicismo y buscan su espacio en la Iglesia.

Pocos días después de conocerse la decisión de la Corte Constitucional, Ramírez envió una carta abierta, dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Francisco Javier Múnera, en la que le exige que separe a “los agresores de sus cargos y prevenga la repetición”. “Le pido que usted no le falle a las víctimas ni al evangelio. Que no encubra. Que no calle”, concluye la misiva. Su reclamo es el mismo que reivindican cientos.

Si conoce algún caso de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusosamerica@elpais.es. Si es un caso en España, escríbanos a abusos@elpais.es.