La justicia de Guatemala exige capturar al exministro colombiano Iván Velásquez y a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo

La noticia la dio en redes sociales Rafael Curruchiche, un cuestionado fiscal en Guatemala, y quien actualmente trabaja como jefe en la delegación Especial Contra la Impunidad. Curruchiche anunció este lunes que la Sala Tercera de Apelaciones pidió la “captura del excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo, Fiscal General de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”. Los dos nombres son muy conocidos en el país sudamericano. Velásquez, reconocido jurista contra la parapolítica y la corrupción, fue hasta hace poco ministro de Defensa del presidente Gustavo Petro. Y Camargo, otra jurista reconocida, es actualmente la Fiscal General de la Nación.

Curruchinche anunció que, para la detención de los dos, ya “se solicitó una alerta a Interpol”. Según el fiscal, Velasquez encabezó una “estructura criminal” que “favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht, y provocó que el estado de Guatemala perdiera más de tres mil millones de quetzales”.

La decisión del tribunal pasa por encima de hecho que Velásquez, jefe de la CICIG, un organismo que era apoyado por la ONU, permitía que él tuviera inmunidad para trabajar con libertad en Guatemala en sus investigaciones, al igual que los que investigaban con él, como la ahora fiscal Camargo. Juan Francisco Sandoval, exfiscal en Guatemala, criticó la decisión por quien la toma: “ahora las salas de apelaciones emiten órdenes de captura. ¿La legalidad? Un detalle menor. La orden contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo es un monumento a la arbitrariedad judicial", dijo en redes sociales.

La canciller colombiana, Laura Sarabia, compartió un comunicado expresando un “enérgico rechazo” ante la emisión de la orden de captura. “Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, dice el mensaje. Denuncia que en este caso judicial no hubo “una base probatoria sólida”, ni tampoco “procedimientos transparentes”.

El caso contra los dos colombianos arrancó en 2023 y desde su anuncio fue claro para analistas, dentro y fuera de Guatemala, que detrás de este había una retaliación por el trabajo que los investigadores de la CICIG hicieron durante años para desmantelar a varios líderes políticos en casos de corrupción, sobre todo aquellos que recibieron sobornos de la constructora brasilera.

A Velásquez, en 2023, se le acusaba de tener “pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”. Las pruebas en realidad demostraban que Velásquez estaba siendo informado, y dando su visto bueno, para que se llevaran a cabo acuerdos de cooperación de la justicia con exdirectivos de la constructora, a cambio de que estos dieran más información sobre los líderes políticos que han pagado sobornos en el país. Esos acuerdos de cooperación fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia, pero en 2022 el Ministerio Público de Guatemala decidió cancelarlos. (El expresidente Jimmy Morales de Guatemala ya había expulsado a Velásquez del su país, en 2018, después de que las investigaciones judiciales tocaran a su círculo más cercano. Luego exigió el cese de funciones de la CICIG en 2019).

“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez”, dijo entonces el presidente Gustavo Petro, cuando supo del caso legal, hace dos años y medio. “Que lo acusen de obstruir la justicia es un caso que no tiene pies ni cabeza”, dijo entonces a EL PAÍS Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch. Brian Nichols, entonces subsecretario de Estado de EE UU para el Hemisferio Occidental, también expresó entonces su preocupación por ir “contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”.

El fiscal Curruchiche ha estado desde hace años una lista del Gobierno norteamericano que señala a las personas que han “amenazado las instituciones o procesos democráticos, han estado comprometidos con actos significativos de corrupción o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”. Fue muy cuestionado inicialmente cuando encabezó el proceso penal contra el reconocido periodista José Rubén Zamora.

El exministro Iván Velásquez, en un corto mensaje en redes sociales, denunció la corrupción de Curruchiche y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras: “la fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la UniónEuropea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”. Velásquez es actualmente embajador de Colombia ante el Vaticano.

Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, también expresó en redes que las ordenes de captura “hacen parte del patrón del Ministerio Público de usar la acción penal de forma arbitraria contra decenas de operadores judiciales, líderes sociales y periodistas que han denunciado corrupción”.