Los secuestros repuntan en Colombia ante las luchas territoriales entre los grupos armados

El secuestro de un niño de 11 años estremeció a Colombia durante el mes pasado. El menor fue raptado en Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, por cinco hombres armados que entraron a su casa para llevárselo de rehén. El crimen quedó grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda y las imágenes causaron una amplia indignación. El niño fue liberado 18 días después tras pagar la familia casi un millón de dólares. El caso reavivó el temor de muchos en un país en el que el secuestro fue uno de los mayores flagelos sociales hace 30 años y que, aunque a menor escala, ha repuntado como un gran problema de seguridad.

Las cifras muestran que los casos han crecido durante el último lustro. La tendencia en declive, que comenzó en 2016 con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y llegó al punto más bajo en 2019, cuando se registraron 92 secuestros, se ha esfumado. Desde ese año, los incidentes se han triplicado hasta los 338 de 2023 y los 279 de 2024, según los datos de la Policía Nacional recopilados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Entre enero y abril de 2025, más de 131 casos de secuestro han sido denunciados, la cifra cuatrimestral más alta en casi 15 años, solo superada por la del segundo cuatrimestre de 2011. Si se mantiene este ritmo, 2025 finalizaría con casi 400 raptos. Con 62 incidentes, marzo es el mes de mayor casos de secuestro desde 2010.

¿Cómo se explica el aumento? Andrés Preciado, director del área de conflicto y seguridad de la FIP, apunta a un motivo principal: el auge de grupos armados y sus lógicas militares, muy distintas a las que acudían las guerrillas de hace 50 años. “Hay dinámicas distintas, como por ejemplo el control territorial: ahora la pelea por el poder local es mucho más discreta, pero los grupos han hallado en el secuestro un recurso muy valioso”, señala.

La batalla entre los armados quedó patente el pasado enero cuando el ELN, la guerrilla más antigua del continente, lanzó una ofensiva contra una de las disidencias de las FARC para tomar el control del Catatumbo, una región clave para la siembra de la hoja de coca y por su vecindad con Venezuela, que facilita el tránsito de la droga. “No es una coincidencia que el secuestro sea elevado en los departamentos que tienen disputas entre grupos armados”, afirma Preciado. Según las cifras de la Policía, Norte de Santander, en donde está incrustado el Catatumbo, tiene una de las tasas de rapto más altas de todo el país, a pesar de que solo tiene 1,6 millones de habitantes.

En lo que va del año, el departamento más azotado por los secuestros ha sido Cauca, en el sureste del país. El motivo: la ofensiva que inició el Ejército a finales de 2024 contra las disidencias que lidera Iván Mordisco para recuperar el territorio de El Plateado, un paso estratégico para el tráfico de drogas por su salida al océano Pacífico. En marzo, 28 policías y un militar fueron tomados como rehenes durante dos días por los guerrilleros.

Una actividad exprés

Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y catedrático en la Universidad del Rosario, asegura que las fallas en la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, que busca negociar con todos los grupos en simultáneo, han lastrado el margen de acción de la fuerza pública. “Ni el Ejército ni la Policía sabe cómo actuar: hay ceses al fuego en unas zonas, en otras no; con ciertos grupos sí, con otros no. Eso lanza un mensaje muy confuso que no les permite actuar con contundencia”, asevera. Ejemplos como el anuncio del ELN en mayo de 2024 de reanudar los secuestros con fines económicos —tras solo cinco meses de suspenderlos— muestran la “fragilidad” de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.

Para Preciado, el Gobierno no ha sabido seguirle el ritmo a las bandas delincuenciales, que ha cambiado en los últimos años sus dinámicas de secuestro. “Se ha convertido en un delito exprés. Esta nueva modalidad está retando la institucionalidad que sirvió durante mucho tiempo, cuando los secuestros se extendían durante años”, explica. Los grupos, continúa, entienden ahora que los raptos largos conllevan una gran logística. “Además, en una época con redes sociales, el rechazo social tiene más eco”.

Es por eso que la modalidad “exprés” se ha convertido en la norma, sobre todo en el sureste del país. En Jamundí, en el Valle del Cauca, bandas criminales raptan a sus víctimas a la salida de condominios residenciales o plazas comerciales con el fin de sonsacar pagos millonarios a las familias, según informó Semana. Los responsables, afirma la revista, son células urbanas de las disidencias que se han instalado en Cali y sus alrededores. Esta modalidad se ha presentado en casos de otras zonas del país como en Bogotá, Cauca o Atlántico.

Aún muy lejos de las cifras de años como el 2000, cuando diez personas eran secuestradas cada día, los expertos advierten de que los casos pueden mantener una curva ascendente si las autoridades no toman medidas urgentes. Para Ruiz, el Gobierno debe fortalecer el Gaula —la unidad especializada para combatir el secuestro y la extorsión— y dar directrices claras a la fuerza pública sobre cómo combatir a los grupos. “No hay una política de seguridad. En los cuarteles debe haber una gran incertidumbre: los policías son asesinados y parece que los demás se quedan paralizados porque no saben cómo actuar”, apunta el catedrático.

El caso del niño de 11 años, recuerda Preciado, es una señal de que la institucionalidad no está funcionando. “Su liberación fue completamente autogestionada”, indica. Tras la liberación del menor, se reveló que el pago no correspondió a una extorsión, sino a una deuda entre narcotraficantes. Las instituciones, aunque se ocuparon de la entrega del menor, estuvieron al margen de la negociación. “Hoy tenemos que entender el secuestro como un arma de disputa entre las organizaciones criminales”, resume.